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¿Impartir justicia con encuestas?
¿Para qué mantener un sistema caro de impartición de justicia penal como lo es el nuestro?.
Más fácil es hacer de lado al “estado de derecho” y someter a votación pública los juicios penales. Más práctico es hacer una encuesta con el “respetable público” y pedirle que defina si alguien es inocente o culpable y cómo debe ser castigado.
Imaginemos tener la oportunidad de olvidarnos de los juicios donde intervienen abogados y jueces y sustituir todo un sistema jurídico compuesto por leyes e instrumentos legales, por un portal donde la gente opine, juzgue y al final por consensos se definan las sentencias.
Ésto sería un gran sistema de impartición de justicia, muy democrático e innovador.
Las redes sociales actuarían como jurado ciudadano.
De este modo podríamos cerrar los juzgados y así nos ahorraríamos todo un sistema muy, pero muy caro de impartición de justicia penal. No olvidemos que hay magistrados que tienen un salario mayor que el presidente de la república. Cerraríamos las escuelas de derecho de todas las universidades pues sería innecesario estudiar la Constitución Mexicana y aprender a interpretar las leyes, pues en contraste con tanto conocimiento jurídico, el sentido común de los ciudadanos sería suficiente para juzgar y emitir una sentencia.
Además, eliminaríamos de tajo un sistema corrupto, con jueces que se venden al mejor postor.
Impartir justicia con encuestas y opiniones ciudadanas parece fantasioso y producto de ficción, pero está sucediendo hoy en la realidad con casos jurídicos de alto impacto, dominados por las redes sociales, que como derivación logran impactar a los medios masivos de comunicación y generar fenómenos de opinión pública que presionan a las autoridades gubernamentales y a los jueces que deben resolver este tipo de casos.
Ésto ha sucedido en casos como el de Diego Cruz, juzgado por las redes sociales como Porky y sentenciado públicamente por la ciudadanía por violación.
Originalmente él era una de los cuatro que fueron demandados. Inicialmente fue acusado en el expediente judicial, de tocamiento y nunca de violación.
¿Justicia para quién?
Sin embargo, hoy con toda ligereza ya ha sido juzgado en las redes sociales como violador, no obstante que también está preso en un penal quien sí ha sido acusado como el violador: Enrique Capitaine.
No obstante haber sido señalado Enrique en el expediente como quien consumó la violación, éste ha sido exhibido públicamente con menos agresividad que Diego Cruz, sobre quien sí se ha ejercido violencia exagerada.
Es evidente que desde algún lugar oculto se han manipulado los sentimientos de una sociedad agraviada por el abuso de delincuentes y por la violencia de género, que sin duda existe y es más grave que lo que las autoridades están dispuestas a reconocer.
Todos sabemos que la impunidad que rodea a la violencia de género crece porque es tolerada y solapada por la indiferencia de los ministerios públicos y eso ha generado un fenómeno de opinión pública que es un clamor general.
Sin embargo, lo que no se entiende es que desde algún lugar, ya sea oficina o empresa pudiese haber expertos en redes sociales y viralización, quienes podrían estar capitalizando este resentimiento público, reorientándolo hacia casos específicos. Así vemos que ha sucedido en contra de Diego Cruz.
Como ejemplo tomemos estas aseveraciones de un importante y prestigiado columnista y conductor de un noticiero de TV, quien inicia su columna del 30 de marzo pasado explicando que la tía de Diego Cruz, uno de los jóvenes veracruzanos identificados como Los Porkys de Costa de Oro, al parecer es también amiga, al menos en Facebook, de quien pudiera ser hermana del juez Anuar González Hemadi, quien falló así en un amparo a favor de Diego.
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Con puras suposiciones, pues no logra asegurar que ambas sean amigas mas que en Facebook, lleva a sus lectores a suponer que la tia de Diego fue capaz de influir en la hermana del juez para que éste emitiese el amparo.
Es importante considerar si en el mundo de hoy es posible que un juez pudiese dejarse influir por su hermana y además, que ésto suceda en un caso tan polémico, donde el señalado está “en el ojo del huracán” y el amparo significa para el juez ponerse en contra de la opinión pública.
Por tanto, es de asombrar los milagros que puede producir Facebook.
Es grave que con tanta ligereza se pueda involucrar a los familiares de personas que enfrentan un problema judicial y a los de los funcionarios que intervienen en este tipo de casos.
De esta forma, sin estar conscientes de ello, muchísima gente de buena fe está facilitando que se violen los derechos a un juicio justo, evitando que la sentencia sea realmente equivalente a la gravedad del acto cometido y no que Diego sea juzgado primero por la sociedad con base a suposiciones de lo que sucedió y después las autoridades bajo presión emitan una sentencia injusta.
Un derecho básico de todo inculpado, es el relativo a un juicio justo.
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Tan malo es permitir la corrupción en el sistema de impartición de justicia, como lo es linchar mediáticamente en redes sociales a algunos inculpados, para que de este modo se capitalice el enojo que se manifiesta en el clamor popular en contra de la violencia de género.
¿Usted cómo lo ve?
*Ricardo Homs
experto en liderazgo social y marketing político
@homsricardo
*Las ideas expresadas por el autor no reflejan necesariamente las opiniones de Siete24.mx
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Reino Unido.— Resultados de un estudio liderado por el consultor de salud independiente Kevin Duffy arrojaron una tendencia preocupante en el sistema de salud del Reino Unido.
El estudio revela que en los últimos cinco años, al menos 39 mil mujeres en Inglaterra y Gales han sido tratadas en hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) debido a complicaciones derivadas de abortos caseros con medicamentos fallidos o incompletos.
En diciembre de 2018, el Secretario de Estado de Salud y Asistencia Social permitió a las mujeres autoadministrarse la segunda parte de un aborto con medicamentos en casa, y esta medida se amplió a ambas partes del proceso en marzo de 2020 como respuesta a los confinamientos por la pandemia de Covid-19.
El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) advierte que 1% de todos los casos de aborto con medicamentos fracasan, mientras que hasta el 6% pueden ser incompletos, lo que requiere atención médica adicional. Sin embargo, los proveedores de servicios de aborto y el Departamento de Salud y Asistencia Social han subestimado estas complicaciones, según el informe reciente.
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El análisis de datos revela que el 2.8% de las mujeres que autogestionaron sus abortos con medicamentos en casa fueron admitidas posteriormente en hospitales para recibir tratamiento quirúrgico, lo que sugiere una tasa total de complicaciones del 6%. Estas cifras, consistentes con investigaciones independientes, plantean serias preocupaciones sobre la seguridad y el apoyo a las mujeres que optan por el aborto con medicamentos en el hogar.
El aumento de abortos registrados en el primer semestre de 2022, con un incremento del 17% en comparación con el mismo período de 2021, es un indicador adicional de la magnitud del problema. Organizaciones independientes han expresado su preocupación por el impacto emocional y físico en las mujeres, así como por la falta de apoyo adecuado en este proceso.
Este debate arroja luz sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de salud relacionadas con el aborto, con un enfoque en la seguridad, el apoyo integral a las mujeres y la transparencia en la presentación de informes sobre complicaciones.
La protección del bienestar de las mujeres debe ser una prioridad en cualquier enfoque de atención médica relacionado con el aborto.
Reporte completo aquí
ebv
Madrid.— En un gesto de acercamiento y diálogo institucional, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, y el secretario general, Mons. Francisco César García Magán, se reunieron con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.
El encuentro adquiere un significado especial al tratarse del primer acercamiento oficial tras la elección de Mons. Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal el pasado 5 de marzo. Félix Bolaños, responsable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, lideró la reunión en la que se abordaron diversos aspectos relacionados con esta dinámica.
La reunión estuvo marcada por la cordialidad y el respeto mutuo, evidenciando la disposición de ambas partes a fortalecer los lazos entre la Iglesia católica y las instituciones públicas.
Además de los obispos católicos, también estuvieron presentes Alberto Herrera, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa.
El encuentro en la Moncloa representa un paso importante en la consolidación del diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Gobierno español, reafirmando el compromiso de ambas partes con el entendimiento mutuo y el bien común.
ebv
Madrid.— La Fundación Española de Abogados Cristianos solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria evitar la inauguración de la exposición “Poéticas del deseo”, la cual consideran que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.
La petición de medidas cautelares se enmarca en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización. La exposición del artista José Luis Luzardo comenzó este jueves en el Centro de Artes Plásticas de la ciudad española, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno Canario.
En las obras expuestas se representan Vírgenes, Santos e incluso al Papa dentro de preservativos realizados en cristal, una temática que la Fundación de Abogados Cristianos considera una afrenta a los sentimientos religiosos de los cristianos.
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La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó su preocupación al respecto, calificando de “intolerable” que se financie con dinero público una actividad que ataca los sentimientos de una gran parte de la sociedad.
Además, señaló que estas acciones parecen ser permitidas únicamente cuando afectan a los cristianos; por lo que criticó la falta de neutralidad por parte de las instituciones públicas, especialmente aquellas dirigidas por gobiernos de izquierda.
“VIRGENCITA”
Por otro lado, el propio José Luis Luzardo, artista responsable de la exposición, justificó que la representación de la virgen no es un elemento aislado, sino que forma parte de una obra más amplia que incluye una caja con más de 60 dildos.
“Una de las piezas en la sala de exposición incluye a esa virgencita”, dijo.
ebv
Ciudad de México.— La Corte Internacional de Justicia (CIJ) programó las audiencias públicas para el caso de la incursión de la embajada de México en Quito por parte de Ecuador.
Según lo establecido, las audiencias tendrán lugar en La Haya, Países Bajos, para el próximo 30 de abril y 1 de mayo.
Ahí, se discutirá la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por México.
Primero se escucharán los alegatos de México y en el segundo día de actividades será turno de Ecuador.
Aunque la CIJ podría tardar años en tratar el fondo de la cuestión, el organismo dijo que el caso sería tratado a la brevedad.
El pasado 11 de abril, México pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que suspenda a Ecuador de la ONU.
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La sanción debería entrar en vigor “en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.
La cancillería mexicana acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena, que defiende la soberanía de las cancillerías, embajadas y consulados.
Por este motivo, el gobierno mexicano exige una disculpa de su contraparte y la garantía de que un agravio de esta naturaleza no volverá a repetirse.
JAHA
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