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Inmigrantes no serán una carga pública para Trump
Washington.- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.
“En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses”, detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
“Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una ‘green card’ (permiso de residencia permanente”), subrayó Cuccinelli.
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Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las “green card” (permiso de residencia permanente) o de algunos visados.
Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
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“A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos”, dijo Cuccinelli.
De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La nueva medida, no obstante, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
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Pero también puede determinar la concesión de un visado legal al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la hora de interpretar si un extranjero “es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública”.
De acuerdo al Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre.
Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.
De hecho, grupos defensores de los inmigrantes han defendido que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir.
Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.
En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi.
Algunos analistas políticos han considerado que estos últimos movimientos de Trump en materia migratoria tienen como objetivo agitar a su base de votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en noviembre de 2020.
EFE
ebv
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Reino Unido.— Resultados de un estudio liderado por el consultor de salud independiente Kevin Duffy arrojaron una tendencia preocupante en el sistema de salud del Reino Unido.
El estudio revela que en los últimos cinco años, al menos 39 mil mujeres en Inglaterra y Gales han sido tratadas en hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) debido a complicaciones derivadas de abortos caseros con medicamentos fallidos o incompletos.
En diciembre de 2018, el Secretario de Estado de Salud y Asistencia Social permitió a las mujeres autoadministrarse la segunda parte de un aborto con medicamentos en casa, y esta medida se amplió a ambas partes del proceso en marzo de 2020 como respuesta a los confinamientos por la pandemia de Covid-19.
El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) advierte que 1% de todos los casos de aborto con medicamentos fracasan, mientras que hasta el 6% pueden ser incompletos, lo que requiere atención médica adicional. Sin embargo, los proveedores de servicios de aborto y el Departamento de Salud y Asistencia Social han subestimado estas complicaciones, según el informe reciente.
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El análisis de datos revela que el 2.8% de las mujeres que autogestionaron sus abortos con medicamentos en casa fueron admitidas posteriormente en hospitales para recibir tratamiento quirúrgico, lo que sugiere una tasa total de complicaciones del 6%. Estas cifras, consistentes con investigaciones independientes, plantean serias preocupaciones sobre la seguridad y el apoyo a las mujeres que optan por el aborto con medicamentos en el hogar.
El aumento de abortos registrados en el primer semestre de 2022, con un incremento del 17% en comparación con el mismo período de 2021, es un indicador adicional de la magnitud del problema. Organizaciones independientes han expresado su preocupación por el impacto emocional y físico en las mujeres, así como por la falta de apoyo adecuado en este proceso.
Este debate arroja luz sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de salud relacionadas con el aborto, con un enfoque en la seguridad, el apoyo integral a las mujeres y la transparencia en la presentación de informes sobre complicaciones.
La protección del bienestar de las mujeres debe ser una prioridad en cualquier enfoque de atención médica relacionado con el aborto.
Reporte completo aquí
ebv
Madrid.— En un gesto de acercamiento y diálogo institucional, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, y el secretario general, Mons. Francisco César García Magán, se reunieron con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.
El encuentro adquiere un significado especial al tratarse del primer acercamiento oficial tras la elección de Mons. Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal el pasado 5 de marzo. Félix Bolaños, responsable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, lideró la reunión en la que se abordaron diversos aspectos relacionados con esta dinámica.
La reunión estuvo marcada por la cordialidad y el respeto mutuo, evidenciando la disposición de ambas partes a fortalecer los lazos entre la Iglesia católica y las instituciones públicas.
Además de los obispos católicos, también estuvieron presentes Alberto Herrera, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa.
El encuentro en la Moncloa representa un paso importante en la consolidación del diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Gobierno español, reafirmando el compromiso de ambas partes con el entendimiento mutuo y el bien común.
ebv
Madrid.— La Fundación Española de Abogados Cristianos solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria evitar la inauguración de la exposición “Poéticas del deseo”, la cual consideran que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.
La petición de medidas cautelares se enmarca en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización. La exposición del artista José Luis Luzardo comenzó este jueves en el Centro de Artes Plásticas de la ciudad española, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno Canario.
En las obras expuestas se representan Vírgenes, Santos e incluso al Papa dentro de preservativos realizados en cristal, una temática que la Fundación de Abogados Cristianos considera una afrenta a los sentimientos religiosos de los cristianos.
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La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó su preocupación al respecto, calificando de “intolerable” que se financie con dinero público una actividad que ataca los sentimientos de una gran parte de la sociedad.
Además, señaló que estas acciones parecen ser permitidas únicamente cuando afectan a los cristianos; por lo que criticó la falta de neutralidad por parte de las instituciones públicas, especialmente aquellas dirigidas por gobiernos de izquierda.
“VIRGENCITA”
Por otro lado, el propio José Luis Luzardo, artista responsable de la exposición, justificó que la representación de la virgen no es un elemento aislado, sino que forma parte de una obra más amplia que incluye una caja con más de 60 dildos.
“Una de las piezas en la sala de exposición incluye a esa virgencita”, dijo.
ebv
Ciudad de México.— La Corte Internacional de Justicia (CIJ) programó las audiencias públicas para el caso de la incursión de la embajada de México en Quito por parte de Ecuador.
Según lo establecido, las audiencias tendrán lugar en La Haya, Países Bajos, para el próximo 30 de abril y 1 de mayo.
Ahí, se discutirá la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por México.
Primero se escucharán los alegatos de México y en el segundo día de actividades será turno de Ecuador.
Aunque la CIJ podría tardar años en tratar el fondo de la cuestión, el organismo dijo que el caso sería tratado a la brevedad.
El pasado 11 de abril, México pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que suspenda a Ecuador de la ONU.
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La sanción debería entrar en vigor “en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.
La cancillería mexicana acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena, que defiende la soberanía de las cancillerías, embajadas y consulados.
Por este motivo, el gobierno mexicano exige una disculpa de su contraparte y la garantía de que un agravio de esta naturaleza no volverá a repetirse.
JAHA
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