Intereses extranjeros buscan someter soberanía en Guatemala

Guatemala.— Organizaciones privadas internacionales, como Open Society del multimillonario húngaro George Soros, operan desde las Naciones Unidas para presionar al gobierno democrático de Guatemala presidido por Jimmy Morales y someter la soberanía del pueblo centroamericano al control de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Dichas organizaciones, que también presionan a otras naciones como México para ceder ante la agenda impositiva de sus políticas de control social, sugirieron al secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que reconviniera al presidente constitucional de Guatemala en su decisión de prescindir de la CICIG y pidiera al jefe de la Comisión que continúe con sus labores de investigación desde el exterior luego de que el presidente Jimmy Morales prohibiera su entrada al país. Recomendación que Guterres asumió y transmitió de inmediato el pasado 5 de septiembre.

En un comunicado, Guterres expresó que había pedido al comisionado Iván Velásquez a que “continúe al frente de la CICIG desde el exterior de Guatemala hasta que haya más claridad sobre su situación”.

Sin embargo, el pueblo guatemalteco mantiene una postura dividida. Tras el anuncio de Morales de cesar la labor de la CICIG, grupos a favor y en contra se dieron cita ante la sede de la Comision para manifestarse, mientras que otros grupos acudieron a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, ex sede del gobierno, para rechazar la decisión del presidente Morales.

El Estado de Guatemala y la Naciones Unidas (ONU) acordaron el 12 de diciembre de 2006 la creación de la CICIG, que tras la aprobación del Congreso se instaló en el país centroamericano en septiembre de 2007, con un presupuesto financiado por la cooperación internacional, la cual aprovecha esa posición para implementar políticas ideológicas contrarias a la voluntad del pueblo guatemalteco.

La CICIG, cuya misión original fue colaborar con el Ministerio Público (MP) en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, ha impulsado agendas judiciales y de políticas públicas favorables a entes de interés extranjero desde la dirección en septiembre de 2013 del ex magistrado colombiano Iván Velásquez.

Tras el consejo de Open Society, el secretario Guterres manifestó “serias dudas sobre la decisión” del presidente Morales y añadió que su oficina revisa esta determinación, que “parece ser incompatible con el acuerdo sobre el establecimiento de la CICIG”.

La comisión ha enjuiciado y enviado a prision a más de un centenar de políticos guatemaltecos y actualmente investiga supuestas evidencias de sobornos y corrupción en el gobierno del presidente Morales, luego de que sus labores desembocaran en una sentencia de prisión para el mandatario anterior, Otto Pérez Molina.

Apenas el mes pasado, Velásquez y la procuradora general de Guatemala, María Consuelo Porras, pidieron al Congreso que retirará la inmunidad a Morales para que el mandatario pudiera ser enjuiciado. Pero, para Morales, legalmente constituido como presidente, se trata del control que buscan imponer intereses ideológicos y económicos extranjeros en el país centroamericano.

ebv