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Jaime Rochín, un comisionado ‘patito’
Ciudad de México.— Senadores del PAN, PRD y PT cuestionaron el nombramiento de Sergio Jaime Rochín del Rincón, como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por considerar que su proceso de selección estuvo amañando con el fin de poner una persona ‘a modo’, aunado a los malos resultados que tuvo en el pasado cuando estuvo al frente de este organismo.
En la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, la senadora del partido del Trabajo (PT), Layda Sansores San Román, se manifestó en contra del nombramiento de Jaime Rochín, calificándolo como un comisionado “patito”, dado el carácter de las organizaciones que lo respaldaron para impulsar su candidatura al frente de la CEAV.
Destacó que el proceso a través del cual fue seleccionado estuvo lleno de simulación y carente de transparencia, siendo su nombramiento una acción a favor del Gobierno federal y no de las verdaderas víctimas, con lo que el Senado quedó en entredicho.
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Por su parte, el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, señaló que para que la CEAV pueda funcionar se requiere a alguien ajeno a los poderes fácticos y que no esté bajo la influencia del Ejecutivo federal.
“El presidencialismo, cuando toca algo, los subordina, lo subyuga y lo hace también su víctima” dijo el perredista.
Demédicis subrayó que Rochín fue candidato del PAN a la delegación Cuauhtémoc en 2012 y que su pasado nombramiento en la CEAV, en su momento, fue una cuota de poder, una concesión al PAN, por lo que hoy con este nuevo nombramiento se crea una ley expresa para un individuo expreso, que hoy tiene sin resolver temas que son fundamentales.
“Yo sí quisiera antes de que tomara protesta nos explicara cuál es el estatus que tiene el caso de Nochixtlán, (…) que a la hora de buscar cómo se resarcía el daño, encontrarnos una ley totalmente inaplicable para lo que se creó (…) me gustaría que explicara cuál es el estatus que guarda el expediente de Ayotzinapa (…) que nos explicara el estatus de lo que pasó en Tanhuato, en Michoacán, lo mismo, no se han deslindado responsabilidades, no se ha sancionado a nadie, y en consecuencia no se ha resarcido el daño absolutamente de nadie (…) lo que pasó en Apatzingán, y lo que pasó en Tlatlaya y todos los casos de tortura que han sucedido en este país donde agentes del ministerio público de manera alevosa también, aceptan confesiones que vienen de personas torturadas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta el día de hoy no ha dado ningún resultado”, apuntó.
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Por su parte, la senadora del PAN, Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, votó en contra del nombramiento de Jaime Rochín, por “las enormes fallas de los Poderes de Unión: del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la falta de acceso a la justicia, al permitir la impunidad, al generar complicidades entre poderes y perdonar errores, como lo estamos haciendo hoy; errores graves en el funcionamiento de las instituciones”.
Consideró que más que aprobar o desaprobar a la persona, que por cierto dejó mucho que desear en el caso Nochixtlán, el proceso para ratificar su nombramiento fue “poco transparente” y se ha dejado de dar nombre a las víctimas para convertirlas en cifras.
ebv