Ley de independencia Cataluña nunca entrará en vigor

Madrid.— El gobierno español advirtió que la ley para poner en marcha la independencia de Cataluña que impulsan los separatistas de esa región “nunca entrará en vigor”.

“Esa norma puede ser anunciada tantas veces como quieran, pero nunca entrará en vigor”, subrayaron fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy tras conocerse que los partidos separatistas de Parlamento catalán aprobarán esta ley antes del eventual referéndum del 1 de octubre, rechazado por el Ejecutivo español y el Tribunal Constitucional.

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Las mismas fuentes acusan asimismo al gobierno catalán, dirigido por la coalición Junts pel Sí (JxS), de “rendirse” ante los planteamientos de un partido “minoritario, radical y antisistema” como la CUP (independentistas radicales) y lamentan que “los más radicales llevan las riendas de la política catalana”.

JxS, que no tiene mayoría suficiente en el Parlamento catalán, se apoya en los diputados de la CUP para aprobar sus proyectos.

El Ejecutivo español seguirá respondiendo a todos los “intentos” de los independentistas de “vulnerar” la Constitución, incluida la presentación de esta norma, recalcan las fuentes.

En tanto, los partidos separatistas de Cataluña, mayoritarios en el Parlamento regional, aprobarán la principal ley para poner en marcha la secesión de España antes del referéndum sobre la independencia que han anunciado para el próximo 1 de octubre.

La colación JxS, y los independentistas radicales de la CUP, que apoyan en el Parlamento al Ejecutivo catalán, han acordado aprobar en breve la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, anunciaron este lunes en rueda de prensa en el Parlamento catalán.

Esta norma es la principal de las llamadas “leyes de desconexión”, prevista para el caso de que ganara el “sí” a la independencia en la consulta del 1 de octubre, a la que se opone el gobierno español y el Tribunal Constitucional.

Según explicaron ambas formaciones, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del “sí” y entraría en vigor entre el 2 de octubre y la celebración de unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una “constitución catalana”.

JxSí y la CUP buscan dar con esta ley “la seguridad jurídica que queremos que haya en todo momento en este proceso y la transparencia, pues faltan 35 días para votar y con un periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea ‘sí’ o ‘no'”, afirmó el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Lluís Corominas.

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Según la redacción del proyecto, la ley dispone su propia suspensión, de manera que no entraría en vigor a no ser que gane el “sí” a la independencia en el referéndum previsto para el 1 de octubre.

Corominas recalcó que esta ley de “ruptura” otorga un carácter “vinculante” al eventual referéndum soberanista, al tiempo que proporciona un “marco jurídico claro” y establece los pasos a seguir en el supuesto de una victoria de la independencia.

Desde el gobierno de Madrid consideran una “paradoja” que mientras en París se celebra la reunión de los jefes de Gobierno de cuatro de las principales democracias de Europa (Alemania, Francia, Italia y España) para “trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad” los independentistas aprovechen para presentar “una iniciativa ilegal” con la que “tratan de desconectar a los catalanes de España y de Europa”.

“La Generalitat (gobierno catalán) se ha rendido ante los planteamientos de un partido minoritario, radical y antisistema. La CUP está marcando todos los posicionamientos políticos de las instituciones catalanas”, subrayan desde Moncloa (sede del gobierno español).

Añaden las mismas fuentes que no queda en el gobierno catalán “ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional” y lo acusan de tener como única estrategia el “generar un estado constante de crispación y provocación”.

El gobierno español recuerda que tiene “la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes” y la convicción de que entre sus responsabilidades está la de “defender a los ciudadanos de Cataluña -piensen como piensen y sientan lo que sientan- de un grupo de radicales que están intentando someter y silenciar a la mayoría de catalanes”.

Además, ante la presentación de esta iniciativa, el Ejecutivo de Madrid advierte de que seguirá dando respuesta a todos los “intentos” de los independentistas de “vulnerar” el orden constitucional, incluido éste.

AGP