Nula efectividad en combate a violencia contra periodistas

Ciudad de México.— Funcionarios del gobierno federal encargados de las instancias de protección a periodistas reconocieron las fallas del sistema que representan, para evitar la ola de Violencia que azota a comunicadores y defensores de derechos humanos desde hace ya varios años.

Durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión Permanente, el fiscal Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, la subprocuradora de Derechos Humanos de PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, y el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, reconocieron que se han registrado deficiencias en el protocolo, como la falta de oportunidad en la detección de riesgos lo cual impide salvar más vidas de periodistas, así como la carencia de Ministerios Públicos, policías especializados y agentes, que permitan agilizar las investigaciones y combatir la impunidad en la comisión homicidios de reporteros.

Por su parte los legisladores recriminaron la prácticamente nula efectividad en el combate a este fenómeno.

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El senador David Monreal Ávila, del PT, apuntó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha revelado que la Fiscalía Especial (Feadle) “tiene un grado del 97 por ciento de ineficiencia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los periodistas”.

La senadora por el PRD, Dolores Padierna Luna, señaló que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, refiere que de 2010 a la fecha, se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robos, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad, 48 por daño a propiedad ajena, y se ejerció facultad de atracción en 48 casos.

“De este universo, se han logrado sentencias condenatorias en tan sólo tres casos; es decir, el 99.7 por ciento de los casos permanecen en la impunidad. Tal vez esa sea la razón por la que los periodistas no quieran inscribirse en ese mecanismo”.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano (MC), puso en duda verdaderos avances, al señalar que no se tienen cifras de consignaciones ni sentencias de responsables de agresores a periodistas y defensores de derechos humanos; además, de que tampoco hay registro de la diferencia entre los casos de competencia federal y aquellos estatales, lo cual es de suma importancia para lograr superar obstáculos que se interponen por parte de algunos gobiernos locales que se hicieron cómplices del crimen organizado y lo protegieron.

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Por su parte el subprocurador Roberto Campa Cifrián dijo que México tiene el desafío de garantizar la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país.

Dijo que en ningún otro lugar del mundo, el crimen organizado tiene las ventajas y las oportunidades que tiene en México, con una puerta de 3 mil kilómetros con el gran mercado de consumidores, mayor que el del resto de los consumidores del mundo sumados, además de la disposición absoluta de armas de fuego de cualquier calibre.

“Sólo en la frontera de México, funcionan más de 8 mil 700 tiendas que venden armas”, destacó.

Sostuvo que el Estado debe mirar por todos, pero en un estado democrático de derecho, la protección de periodistas y defensores debe ser una política prioritaria, motivo por el que se decidió la creación y fortalecimiento de un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a partir de 2012.

El fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo advirtió que “mientras exista impunidad, las demás medidas de prevención y protección para periodistas no serán suficientes para evitar que nuevos actos de esta naturaleza sucedan en nuestro país”.

Uno de los objetivos a alanzar, apuntó, es que la Agencia de Investigación Criminal, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal y las secretarías de seguridad pública procuradurías y fiscalías, trabajen bajo el mando del Ministerio Público de manera coordinada, para lo cual se han fortalecido los lazos de coordinación interinstitucional, bajo esquemas de investigación que permitan dar resultados.

La subprocuradora Sara Herrerías Guerra explicó que en la elaboración del protocolo se ha contado con una activa participación de la sociedad civil, como Espacio OSC y Artículo 19, las cuales coadyuvarán respecto al acompañamiento que hacen a las personas que acuden a la Fiscalía.

De igual forma, dijo, se han sostenido reuniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el representante del Alto Comisionado, con quienes se trabaja de forma coordinada en un protocolo de defensores de derechos humanos, en específico.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del PES, reconoció la labor que realizan actualmente las autoridades para la protección de 556 periodistas en riesgo, así como que haya un diagnóstico de la gravedad en que se encuentra la libertad de expresión; “pero, el gran tema es que no traemos una solución a este problema”, acotó.

El senador Héctor Larios Córdova, del PAN, subrayó lo referente a las fallas detectadas en el monitoreo realizado en redes sociales y otros instrumentos, para la detección de riesgos que se realiza actualmente a 556 personas, de las cuales 40 por ciento son periodistas y el 60 por ciento defensores de derechos humanos.

“Pregunto si dos de los casos emblemáticos, de Chihuahua con Miroslava Breach; y  el de Sinaloa, de Javier Valdez, en los que había razones para suponer que podían ser sujetos a alguna agresión, no fueron detectados en el monitoreo. Yo supondría que el sistema de monitoreo no detectó ninguno de esos dos casos”.

El diputado Vidal Llerenas, de Morena, dijo en que la impunidad que priva en el asesinato de reporteros es similar a la de otros crímenes, es decir de alrededor de 90 por ciento, “es decir, aquí a lo que nos enfrentamos son con ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas, jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera”.

Ante ello, cuestionó a los funcionarios si existe un análisis del por qué hay un incremento de los homicidios y delitos contra periodistas en el último año, cuál el diagnóstico que tienen al respecto. “Y el tercero, ¿por qué nunca se detiene a nadie? ¿Por qué no hay jamás ejecutores?”.

ebv