PAN rechaza desaparición del fuero

Ciudad de México.— El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México avaló en la madrugada de este sábado el dictamen de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos que propone la creación de un órgano que fiscalizará al Gobierno local, a las alcaldías, al Congreso, al Poder Judicial y a todos los órganos públicos y establece una nueva relación con los medios de comunicación para evitar su cooptación a través de la compra de espacios de publicidad, entre otros avances.

Contra la desaparición del fuero, el PAN propuso en su lugar que los servidores públicos sean responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo.

“Las leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente”.

La propuesta del GPPAN precisa que sería una Fiscalía Autónoma la que se encargue de investigar casos concretos y no por presiones políticas. Sus declaraciones y resolución serían inatacables.

La Declaración de Procedencia tendrá que ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso Local, que decidirá en un plazo no mayor de 30 días, para proceder por delitos del orden común en contra del Jefe de Gobierno, diputados, Consejeros Electorales, magistrados del Tribunal Superior, Jueces, el Fiscal General, Alcaldes, Consejales y titulares de organismos autónomos”.

En un largo debate, que inició por la mañana del pasado viernes y concluyó la madrugada del sábado, con dos horas de receso, los diputados constituyentes del Cecilia Romero, María Teresa Gómez Mont y Juan Carlos Romero Hicks fijaron la postura del GPPAN en la discusión de los Artículos 66 al 73 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

El PAN insistió que, en torno al debate de la desaparición del fuero, se confunde inmunidad con impunidad y deja expuestos a los futuros alcaldes y regidores a la presión política.

Romero Hicks explicó que las conductas ilícitas y la corrupción de funcionarios son un escándalo actualmente, que han llevado a la idea de plantear su desaparición. Sin embargo, dijo, “la inmunidad procesal no es un privilegio, es un mecanismo para salvaguardar la función de los órganos del poder público. No es un privilegio ni una puerta para la impunidad.  Todo servidor público será responsable por sus actos y omisiones en que incurra en el desempeño de sus funciones. Empero, se debe proteger también el ejercicio de las mismas”.

“El fuero no es para propiciar impunidad, sino para proteger a los funcionarios de los embates de los que pueden ser objeto. Hay que pensar en los Alcaldes, Consejales y en el propio Jefe de Gobierno ante los intereses de grupos que se contraponen a los asuntos del Estado. En materia judicial el fuero se estableció para protegerlos de acciones jurídicas para perjudicarlos por tomar ciertas decisiones. El artículo 111 de la Constitución señala que tipo de funcionarios son sujetos a determinados tipos de responsabilidades: puede ser política o penal”, puntualizó, Romero Hicks.

Nos guste o no, actualmente el Jefe de Gobierno y los diputados están protegidos por el Fuero Federal. No entremos, por populismos, en contradicciones, pidió Romero Hicks. Podemos ser muy populares pero muy ineficaces.

Cecilia Romero satisfecha del debate indicó que el fuero es un escudo para que se pueda llevar a cabo con eficiencia y eficacia las labores de los funcionarios sin temor a un tipo de represalias de otras instancias de gobierno. Sirve para defenderse de acusaciones infundadas, es un recurso de protección.

Por otra parte, de ser aprobado por el pleno de la Asamblea Constituyente, la ciudad de México contará con una Auditoría Superior que se encargará de fiscalizar no sólo las acciones del gobierno y   alcaldías en materia de fondos, recursos patrimoniales, así como contratación, uso y destino de la deuda pública. También podrá fiscalizar y auditar el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que se le asignen al Poder Judicial, a la Legislatura local, así como a cualquier órgano público de esta capital.

Los informes de esta auditoria tendrán un carácter público y deberán cumplir con estándares de datos abiertos, señala el dictamen al artículo 68 numeral 3, aprobado esta noche, por unanimidad. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) que coordina el diputado constituyente Santiago Creel Miranda, apoyó la propuesta a través de sus diputados Cecilia Romero, Teresa Gómez Mont y Carlos Romero Hicks.

Cecilia Romero Castillo retiró las reservas que había presentado sobre dicho numeral del artículo 68 al tiempo que Romero Hicks reconoció la propuesta como un avance para la ciudad.

“Una enorme cantidad de entes de fiscalización de Congresos en el país no tienen los dientes para hacerlo” y con este acuerdo se logra uno de los objetivos que todos buscaban, dijo Romero Hicks. La Comisión aprobó también por unanimidad que el titular de la entidad de fiscalización de la ciudad de México sea nombrado por la legislatura con el voto de las dos terceras partes de los presentes, a partir de una convocatoria pública abierta.

El ente fiscalizador atenderá de manera obligatoria las áreas de desempeño financiera, forense, jurídica, de gestión y cualquier otra que considere necesaria, señala el dictamen aprobado esta noche.

AGP