Piden frenar impunidad y corrupción

Ciudad de México.- En un reclamo a la clase política por mantener a México secuestrado en un ambiente de impunidad y corrupción pública y privada, organizaciones, asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil y decenas de personas a título persona, entre académicos, investigadores y líderes de opinión urgieron al gobierno federal implementar una serie de acciones para que el descontento social derivado del aumento a la gasolina, entre otras causas, no llegue a un punto insostenible.

En un desplegado de una plana en el diario El Universal, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y a los secretarios de Hacienda, Economía, Función Pública, así como al Procurador General de la República, los firmantes reclamaron que mientras se pide a la población en general asumir las consecuencias de la alza en combustibles haya servidores públicos que lucran con sus cargos a través de sobornos o bien mantienen privilegios sin que la burocracia se someta a un programa de austeridad.

Cuestionaron que mientras se asignan mayores recursos públicos a los partidos políticos y gobernadores son acusados de enriquecimiento ilícito sin ser castigados, se apliquen políticas económicas que sólo provocan incertidumbre y un creciente descontento social.

“A estas situaciones se suma que los abusos y la corrupción  que aquejan al país y se gestan en altas esferas del poder no son castigadas. Por el contrario, las autoridades encargadas de impartir justicia se convierten en cómplices al no darle seguimiento oportuno y olvidar o alargar convenientemente los casos de los exgobernadores en cuestión”, citaron en el desplegado.

Recriminaron que hasta la fecha tampoco hay un programa de contención ante las acciones anunciadas por Donald Trump previo a su llegada a la presidencia de Estados Unidos y cuyos efectos ya se resienten en la cancelación de inversiones en nuestro país, por lo que piden al gobierno federal a través de sus dependencias se comprometa a las siguientes acciones:

A la secretaría de Hacienda implementar una política severa de contención a los privilegios económicos de la administración pública federal, así como ampliar el acceso a la información respecto al ejercicio del gasto público y reasignar prestaciones de gasolina de altos funcionarios, entre otras acciones.

A la secretaría de Economía proponer un plan de contención ante la posibilida de que se vayan más inversiones del país o se deje de invertir en México y a la secretaría de la Función Pública asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango y revisar políticas públicas para evitar todo tipo de conflicto de intereses.

En tanto, a la Procuraduría General de la República le piden solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses información puntual que permita sancionar a los servidores públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en las operaciones en las que Odebrecht y sus subsidiarias reconocen haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública relacionados con Petróleos Mexicanos, entre otras acciones.

La responsable de la publicación es María Elena Morera, presidenta Causa en Común y entre los firmantes del pronunciamiento está Carlos Elizondo Mayer Sierra, Denise Dresser Guerra, Fernando Gómez Mont, Javier Sicilia Zerdain,  Juan Pablo Espinosa de los Monteros y  Juan Pardinas Carpizo, entre otros, además de diversas agrupaciones políticas y sociales.

DESPLEGADO