Piden que PGR investigue a familia de Borge

Ciudad de México.— Senadores del PAN solicitaron que la Procuraduría General de la República (PGR) amplíe las investigaciones a los familiares y excolaboradores del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que podrían estar implicados en los diversos delitos que le son imputados, e imponer medidas cautelares para que no evadan la acción de la justicia.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, solicitaron también a la PGR tomar las medidas cautelares necesarias con la finalidad de asegurar los bienes y las cuentas bancarias del exgobernador de Quintana Roo, con el propósito de que los recursos públicos presuntamente desviados sean devueltos al erario de la entidad.

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Los panistas hicieron un llamado a la PGR para que, en el marco del proceso de extradición de Borge Angulo, se incluyan en el expediente todas las carpetas de investigación que se tienen en su contra, con la finalidad de que responda a cada una de las imputaciones hechas por diversos delitos.

Los legisladores recordaron que Borge fue gobernador de Quintana Roo de abril del año 2011 a septiembre del 2016 y, al concluir su mandato, el coordinador general del equipo de transición señaló que se dejó a la entidad en situación de quiebra financiera, con un déficit aproximado de 2 mil 700 millones de pesos, y una deuda pública que creció cerca del 500 por ciento.

El Servicio de Administración Tributaria, puntualizaron, inició investigaciones por operaciones realizadas por ex funcionarios del Gobierno de Quintana Roo que, hasta el año pasado, habían identificado 78 implicados, entre ellos 21 servidores públicos.

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Al tomar protesta como gobernador Carlos Joaquín González, se interpusieron dos denuncias penales: una ante la PGR y otra ante la Fiscalía Local, en contra del ex gobernador priísta y de su ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, Claudia Romanillo Villanueva, refirieron.

Las denuncias presentadas fueron por la venta de gran parte de las playas del Estado que, dijeron, es un acto ilegal a favor de familiares y amigos en precios que muchas veces no alcanzaron ni el uno por ciento del valor real de esos terrenos.

Esas ventas suman aproximadamente 9 mil 500 hectáreas, lo que equivale a seis veces la superficie de la zona hotelera de dicha entidad.

ebv