La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, giró instrucciones para inhabilitar a dos altos mandos de Pemex en el gobierno de Peña Nieto

Jorge Francomárquez

Jorge Francomárquez

México.— La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, giró instrucciones para notificar a dos altos mandos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de resoluciones que los inhabilitan como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública también impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos. 

Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial.

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En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

La otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

Después del desarrollo de la investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

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A través de un comunicado la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que desde el primer día de la nueva administración, del 1° de diciembre, a la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.

Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

En este marco, la Secretaría de la Función Pública manifestó su compromiso de acabar con la corrupción y la impunidad, y subrayó que estas sanciones son el inicio de un conjunto de investigaciones en curso para dar cumplimiento a la exigencia social de erradicar el abuso de los recursos públicos.