Actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses

Jorge Francomárquez

Jorge Francomárquez

México.— Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó  el plan de implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. 

El mandatario dijo que a pesar de la estrategia que se está aplicando para ayudar en la búsqueda de desaparecidos, la realidad de este asunto es lamentable.

Se comprometió a nunca más utilizar la fuerza y declarar la guerra para enfrentar los problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, “por el modelo económico llamado neoliberal o neoporfirismo, que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz”.

Ese es el problema de fondo, eso fue lo que desató la inseguridad y la violencia, y nunca más usar la fuerza para resolver problemas sociales. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”

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Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que lo presentado este día, es el resultado de una muy larga serie de consultas, que desde el periodo de transición han venido realizando con colectivos que atienden a las víctimas, con familiares de las víctimas y atendiendo también las recomendaciones de las agencias internacionales, en particular la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, lo que da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país, indicó Encinas.

El objetivo fundamental de este plan de implementación de la ley es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

El subsecretario estableció once acciones principales para esta causa:

  1. 1. Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB)

2. Nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)

3. Comisiones Locales de Búsqueda

4. Presupuesto 2019

5. Protocolo de Investigación y de Búsqueda

6. Coordinación y Células de Búsqueda en Vida

7. Atención a Víctimas

8. Instituto Nacional de Identificación Forense

9. Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI)

10. Asistencia Técnica Internacional

11. Justicia y Tipificación del Delito

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El Sistema Nacional de Búsqueda está integrado por 42 personas, representantes de distintas instituciones. Y ahí es, aseguró Alejandro Encinas, donde empieza la simulación que se hizo en el gobierno anterior donde, a dos semanas de terminar su gestión, se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda y se presentó un Plan Nacional de Búsqueda que no fue consultado con nadie, pero de los 42 integrantes, 24 no están constituidos, pues son las comisiones estatales de búsqueda que en esta fecha no se habían integrado.

Nosotros esperamos que quede plenamente instalado el sistema en el mes de marzo y daremos los pasos subsecuentes para que esto suceda”

En primer lugar se procederá al nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ya se emitió la convocatoria en días pasados y los días de hoy, mañana y el miércoles se llevarán en audiencias públicas las entrevistas a los 11 aspirantes, las 11 hombres y mujeres que han decidido participar en este proceso.

El viernes de esta semana se tendrá ya definida a la persona que encabezará esta Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá como responsabilidad fundamental el establecimiento de un programa nacional consensuado con las víctimas, la participación, el diseño del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y las acciones de búsqueda, verdad y justicia para las víctimas.

Otra de más acciones a realizar es la conformación de las comisiones locales pues a la fecha hay solamente ocho comisiones integradas; una de estas ya en esta administración.

Hay otras cuatro donde ya existe el decreto de legislación que permite su conformación, pero no se ha nombrado al responsable; está el compromiso del gobierno del estado de Veracruz para que los próximos días esto suceda y aumentar a nueve las entidades donde se ha conformado.

Pero en 20 entidades, a más de un año de haberse publicado la ley general, no han tomado ni medidas legislativas ni la integración correspondiente de las comisiones estatales, detalló Encinas.

Dentro de las novedades, destacó el subsecretario, lo que se impulsará para favorecer las tareas de carácter preventivo y no dedicarnos solamente a la búsqueda de personas desaparecidas, que ya tiene muchos años, será dar prioridad a la búsqueda en vida.

Esto va a permitir, subrayó, no sólo recuperar a personas que todavía pudieran estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada, sino también enfrentar problemas vinculados con la trata de personas.

Un tema adicional es el tratamiento a las personas migrantes, particularmente con las rutas que están plenamente identificadas donde están las situaciones de riesgo de la población migrante de nuestro país.

Esto, aseveró, forma parte de la nueva política migratoria en México, en donde se estima que entre el ocho y el 10 por ciento de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.

Adicionalmente se reformularán los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer efectiva la capacidad de respuesta de esta comisión en la atención de las víctimas, no solamente revisando el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, sino también las tareas de acompañamiento permanente en las búsquedas de campo.

Se consideró parte nodal de esta estrategia es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema nacional de coordinación con todos los servicios forenses en el país.

Y, finalmente, establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz o los mecanismos de protección a testigos de toda la población, a las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos.

JFM