Argentina niega libertad a activista

Buenos Aires.- El jefe de Gabinete de Argentina, Marcos Peña, reiteró este miércoles la negativa gubernamental a liberar a la activista Milagro Sala, pese a múltiples pedidos de organismos internacionales y de derechos humanos.

El funcionario aseguró en un encuentro con corresponsales extranjeros que la liberación de Sala no corresponde al gobierno de Mauricio Macri, sino a la justicia de la norteña provincia de Jujuy, en donde la dirigente permanece detenida desde enero pasado.

“No depende de nosotros, somos un gobierno respetuoso del poder judicial, para nosotros lo importante es que se entienda cómo funciona nuestro poder judicial, son pasos concretos para poder avanzar”, afirmó.

Pese a que Peña insistió en que el caso de Sala es responsabilidad de la justicia provincial, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas dirigió un pedido formal al gobierno nacional, al que considera responsable del caso en última instancia.

En declaraciones a la prensa, el titular del Grupo de Trabajo, Roland Adjovi, dijo que “la naturaleza federal de la Argentina no puede ser una excusa a sus obligaciones”, y que “la única respuesta satisfactoria es la liberación” de Sala.

A favor de la dirigente social se han manifestado la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Parlamento Europeo y el Parlamento Suramericano (Parlasur), del que Sala es diputada, entre otros organismos.

El jefe de Gabinete consideró que el único requerimiento formal ha sido el de la ONU, y que el resto de las organizaciones sólo ha emitido “opiniones”.

“Hemos dicho lo mismo siempre: creemos en la transparencia del proceso, por eso hemos invitado a la CIDH, a expertos de la ONU, a todos los organismos internacionales a que vengan y puedan sacar todas las conclusiones”, señaló.

Al confirmar que el gobierno nacional no intervendrá para liberar a Sala, Peña garantizó que mantendrán su decisión de actuar con “apertura, diálogo y transparencia” para monitorear el sistema de derechos y que se garantice el debido proceso.

Por otra parte, rechazó que Argentina fuera durante muchos años un ejemplo en políticas de derechos humanos a escala internacional, y ahora, bajo el gobierno de Macri sea un país cuestionado en la materia.

Aseguró que el hecho de que el pasado gobierno de Cristina Fernández “no se haya expresado sobre los presos políticos en Venezuela manchó de vergüenza a Argentina, así con muchos temas: situación de violencia de género, trata, cárceles, en materia de libertad de expresión”.

Sala, de 51 años, es fundadora y dirigente de la agrupación “Tupac Amaru”, que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida.

Sus opositores la acusan de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados, pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra.

La dirigente fue detenida el pasado 16 de enero en Jujuy, acusada de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, por protestar frente a la casa de Gobierno contra el recorte de subsidios para la construcción de viviendas y el trabajo de cooperativas.

Macri intentó deslindarse del caso en un principio al advertir que le correspondía resolver a la justicia de Jujuy, pero con el paso de los meses se sumó al gobernador Gerardo Morales, quien ha mostrado animadversión personal en contra de Sala.

Aunque el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades, Macri evadió el tema hasta que tuvo que responder a los reclamos internacionales, incluido el hecho por el primer ministro canadiense Justin Trudeau en su reciente visita a Buenos Aires.  (Notimex)

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