Cristina Fernández enfrentará juicio oral

Buenos Aires.- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) deberá hacer frente a su primer juicio oral como imputada en el marco de una investigación sobre el supuesto perjuicio económico del Estado por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su mandato.

El juez Claudio Bonadio investiga si mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central pactó vender dicha moneda a 10,65 pesos por unidad, un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que por aquel momento se encontraban en torno a los 14 pesos por unidad.

Según el magistrado, la exmandataria habría ocasionado unas pérdidas a la entidad bancaria entre septiembre de 2015 y junio de 2016 de unos 54,900 millones de pesos (3,400 millones de dólares al cambio actual).

Por ese motivo, la exmandataria está acusada de un delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” junto al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, el exministro de Economía Axel Kicillof y otros doce exaltos cargos de su Gobierno.

Todos ellos están procesados por Bonadio desde mayo de 2016, cuando el juez solicitó además un embargo por valor de 15 millones de pesos a cada uno (949 mil dólares).

Tras conocerse la elevación a juicio, la expresidenta evitó reaccionar con un extenso documento en las redes sociales, como acostumbra a hacer en este tipo de casos, y se limitó a publicar un irónico emoticon en su cuenta en Twitter junto a una captura de pantalla de un titular de un medio que no identificó y que reza “La Auditoría aprobó las cuentas de la gestión de Cristina”.

Ella misma había manifestado hace unos meses su deseo de ir pronto a juicio para “dejar a la justicia en una posición ridícula y demostrar que es una persecución y que es inocente”, según dijo a Efe Gregorio Dalbón, a cargo de las causas civiles de Fernández.

En esa línea, el pasado febrero el fiscal federal Eduardo Taiano pidió a Bonadio que acelerara el cierre de la instrucción.

La causa se inició en octubre de 2015 por la denuncia formulada por los entonces legisladores opositores Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, que integra el hoy oficialista bloque Cambiemos, y Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado.

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