Gobierno ha olvidado caso Iguala: CIDH

México.- En la segunda visita oficial a México del mecanismo de seguimiento al caso Iguala, la CIDH dibujó un panorama no muy alentador para el esclarecimiento de la desaparición de 43 jóvenes, preocupada ante voces oficiales que defienden la controvertida versión oficial y acusando de lentitud a la Procuraduría General de la República.

“La emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan las hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula es de preocupación para la Comisión”, indicó en una rueda de prensa el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.

El pasado 17 de marzo, en un audiencia pública sobre el caso celebrado en Washington, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, explicó que “no se ha consolidado otra hipótesis, otra línea de investigación”, más que la del vertedero de Cocula, si bien dijo que hay “plena disposición” para ahondar en otras indagatorias.

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De acuerdo con la versión oficial, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a manos de policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.

No obstante, varios peritajes independientes han concluido que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos como reiteró este viernes Abrão, lo que desmontaría la versión oficial cuestionada por expertos de la CIDH que asistieron el caso durante un año.

“El mecanismo reitera que la difusión de esta hipótesis (…) provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares, y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia”, indicó el secretario ejecutivo.

Otro punto que preocupa al mecanismo es la “falta de celeridad en alcanzar conclusiones” tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación.

Casi 31 meses después de la tragedia, y en el ecuador de este mecanismo que dura un año, la CIDH lamentó que no haya habido consignaciones nuevas desde finales del 2015 ni una acusación formal contra la Policía municipal de Huitzuco, posiblemente implicada en la desaparición de un grupo de los 43 jóvenes.

“Todavía no tenemos conocimiento de investigaciones abiertas respecto de eventuales irregularidades perpetradas por funcionarios” de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo, y reiteró la necesidad de investigar el Ejército y la hipótesis de que el trasiego de drogas ocasionó la tragedia.

En esta nueva etapa, la CIDH valoró positivamente las gestiones para contar con tecnología LIDAR para la búsqueda y los avances en el rastreo de la telefonía.

La institución también saludó la atención médica que reciben dos alumnos heridos esa noche, Édgar Vargas y Aldo Gutiérrez, y reconoció los avances en la aprobación de la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, aprobada por los diputados y pendiente de la ratificación del Senado.

La mayor satisfacción que exhibieron Abrão y la coordinadora del mecanismo y relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, es el cronograma que la PGR les presentó, con una serie de fechas y diligencias para resolver temas prioritarios.

“No es un simple anunciado por puntos”, aseguró Arosemena, y la CIDH ya se encuentra analizando esta ruta de trabajo.

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Durante esta segunda visita oficial, el mecanismo se ha reunido con familiares de los jóvenes, con el procurador general, Raúl Cervantes, y el ombudsman nacional, Luis Raúl González.

Además, este viernes cerrará la visita de tres días con un encuentro con el canciller, Luis Videgaray.

Pese al tono crítico pero conciliador de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa mostraron el jueves su indignación frente a la lentitud de las autoridades y la falta de una investigación exhaustiva, e instalaron un plantón indefinido frente a la fiscalía.

Además, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) denunció este viernes a través de un comunicado que no se haya castigado la “obstrucción de justicia” ni las “irregularidades en la investigación”.

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