Ciudad de México.— Alertan que hasta 18 mil escuelas particulares de todo el país podrían cerrar si se implementa la NOM 237 por parte de la Secretaría de Economía a través de la PROFECO.

Dirigentes de instituciones particulares de educación señalaron que son más de 53 normas oficiales o leyes generales las aplicadas a los colegios particulares en México, “por lo que sería un exceso poner esta nueva disposición”.

Imponer la NOM 237 sería asestarle un gran golpe a la existencia de las instituciones particulares de educación porque, además de los daños que ese sector ya tiene por la pandemia y los ajustes tecnológicos provocados por el confinamiento, sumados al gran número de obligaciones generales.

La Norma Oficial Mexicana 237 de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, pretende establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos.

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Sin embargo, para las escuelas particulares, la NOM 237 establece una sobrerregulación hacia las escuelas privadas y refieren que es arbitraria, ilegal e inconstitucional.

“Se nos estaría obligando a trabajar sin costo y esto desencadenaría la quiebra de una escuela y se proyecta que se deje de ser un servicio público y quieren poder regularlo como una actividad comercial”, refirieron

Los dirigentes de las Instituciones Particulares de Educación expresaron que esta nueva norma incrementaría los costos de las colegiaturas en alrededor de 15%, lo cual provocaría el cierre casi inmediato de más de 18 mil colegios que, por sus características y las de la población que atienden, no podrían absorber los nuevos costos.

Jesús Nájera Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México, señaló que las escuelas van a tener que pagar los costos que generará la norma con nuevas inspecciones y verificaciones que necesariamente serán dirigidos a los padres de familia, lo que provocará mayor abandono escolar y limitará la libertad de elección de los mexicanos.

En ese sentido, señaló que a nivel nacional son más de 53 normas oficiales o leyes generales las aplicadas a los colegios particulares en México, por lo que sería un exceso poner esta nueva disposición, que de ser aprobada los afectados combatirían a través del juicio de amparo por ser inconstitucional.

Por su parte, Itzel Carmona, miembro del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) dijo que intentar mezclar peras con manzanas, es decir, la educación que es un servicio social, con un producto mercantil, es un despropósito.

Además de los gastos y obligaciones normales que toda institución debe cumplir para poder realizar sus labores como licencia de uso de suelo, predial, renta, luz, agua potable y otros, las escuelas particulares necesitan cubrir más costos

Itzel Carmona aclaró que, contrario a lo que las autoridades piensan, las instituciones particulares de educación no son negocios, su objeto social no es el lucro, por el contrario, son asociaciones o sociedades civiles que buscan coadyuvar con una mejor educación para los niños y jóvenes y son una alternativa considerablemente capaz y calificada por la gran mayoría de los padres de familia que acuden a esta modalidad de la educación pública en México.

Los efectos por los costos de la educación particular ya se dejaron sentir durante los dos ciclos anteriores donde hubo un abandono escolar de casi 400 mil alumnos de las escuelas particulares, cuyos padres ya se vieron impedidos de poder costear la educación de sus hijos o los insumos para lograrlo.

ebv