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Precio de gas se dispara

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México.— La liberalización del gas en México en enero de 2017 ha causado una marcada subida de hasta 50% en los precios, una realidad que desde el sector atribuyen al costo internacional y a fallas logísticas, aunque expertos alertan de una posible ampliación en el margen de beneficio de los distribuidores.

“La liberalización de precios en el sector no se empató con un nuevo análisis de las condiciones monopólicas, y en el momento en que se libera el precio, los monopolios, como en toda parte del mundo, ejercen el poder de mercado y aumentan precios”, dijo Mariano Ruiz-Funes, socio de la consultora Energea.

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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde la segunda quincena de diciembre de 2016 a la primera de 2018 los precios en gas LP -que se consume en 75% de los hogares mexicanos- aumentó 49.5 %.

Si se comparan enero y diciembre de 2017, meses para los que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) da cifras más detalladas, el precio por litro en auto tanque (cisterna) pasó de 8.10 a 10.12 o 24.9% más.

El precio del gas en el caso del cilindro (bombona), pasó de 15.02 a 18.82 pesos, 25.3 % más. Esto en el promedio regional, pues en algunas regiones el alza ha sido más severa.

“El aumento de precio de referencia internacional subió y se devaluó el peso. Pero no sabemos si oculto (en el nuevo precio) está un margen mayor para el intermediario”, advirtió la consultora en energía Araceli Espinosa.

Para Ruiz-Funes, el problema radica en que en muchas regiones hay pocos jugadores que se reparten el mercado, por lo que controlan los precios.

“Si el precio del gas LP solo dependiera del de referencia internacional y el tipo de cambio, lo veríamos fluctuando, y no en subida permanente”, aseveró el experto.

Espinosa agregó que el aumento lo ha absorbido, en su mayoría, el consumidor mexicano.

Estos especialistas consideran en que el precio internacional, la devaluación del peso y la logística contribuyen al alza, pero chocan frontalmente con las razones que esgrimen -incluso en los datos- de los distribuidores.

El presidente de ADG, Luis Landeros, explicó que, por el contrario, los distribuidores han tenido que “reducir el margen en algunas zonas”, absorbiendo ellos parte del gigante incremento del gas.

De acuerdo con datos de esa asociación, que reúne 250 empresas con el 40% de distribución de gas LP a nivel nacional, desde junio de 2017 a la fecha el precio de referencia para México, el del Mont Belvieu de Texas, creció 56.5 %.

En el país, se calcula que 45% del consumo es importado y 55% es de origen nacional, según Adigas, una asociación que reúne a pequeños distribuidores.

Hoy día, buena parte de la importación pasa todavía por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que tras la caída de producción ofrece al mercado gas LP foráneo y nacional, con un precio que ya no es subsidiado como antaño.

El presidente de Adigas, Víctor Figueroa, apuntó que en ese nuevo contexto de precios de mercado, las empresas distribuidoras en México ocupan el tercer lugar mundial de bajos ingresos, según un estudio de la Agencia Internacional de la Energía.

Antes, cuando Pemex controlaba la importación y venta -hoy domina 70% del mercado- se ofrecía un solo precio de venta nacional, lo que “distorsionaba” el sector y obligaba a vender por debajo del “precio de equilibrio”, apuntó Figueroa.

Ello sin contar con la absurda logística que todavía acontece en algunas partes del país a la hora de importar o distribuir el gas.

Por ejemplo, la inexistencia de un ducto que transporte desde Texas -la mayor zona de producción del continente americano- hacia el noroeste de México lleva a que mucho gas LP se transporte por vía marítima bajando el Golfo de México hasta el Canal de Panamá y suba hasta la costa del estado de Sinaloa, en el Pacífico, añadió el titular de Adigas.

“Es necesario construir una mayor cantidad de ductos que unan los mercados regionales”, agregó, pues es la opción más barata, seguida del buque, el ferrocarril y, finalmente, el camión.

Para Figueroa, una demostración de la falta de rentabilidad en el mercado es la poca presencia internacional tras la apertura del sector, a diferencia de otros negocios como el petrolero.

Expertos y distribuidores coinciden en algo: La liberalización de precios en el sector era necesaria y este 2018 los precios internacionales podrían dar tregua, beneficiando a millones de mexicanos que, con la factura del gas por las nubes, se esfuerzan en reducir su consumo. (Con información de EFE)

AGP



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PIB aumenta 12.1 por ciento en tercer trimestre del año: Inegi

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PIB aumenta 12.1 por ciento en tercer trimestre del año: Inegi

Ciudad de México.— El Producto Interno Bruto (PIB) de México repuntó 12.1 por ciento durante el tercer trimestre de 2020, con respecto al trimestre anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recodó que el trimestre anterior se registró una caída del PIB del 17 por ciento tras el impacto económico que provocaron las medidas para controlar los contagios de Covid-19 en el país.

El PIB repuntó debido a las actividades secundarias como la minería, construcción y manufacturas que avanzaron un 21.7 por ciento.

Las actividades terciarias como el comercio y renta de servicios repuntó un 8.8 por ciento; las primarias como: la pesca, la ganadería, la agricultura y la caza, aumentaron un 8 por ciento entre julio, agosto y septiembre.

En la comparación anual, el PIB tuvo un retroceso real del 8.6% en el tercer trimestre de este 2020 en relación con el mismo trimestre de 2019, lo cual representa el cuatro retroceso anual continuo.

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Sector privado, clave para la recuperación de la red carretera en México

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Sector privado, clave para la recuperación de la red carretera en México

Ciudad de México.- México, igual que todos los gobiernos del mundo, está tomando medidas extraordinarias para afrontar la crisis derivada por el Covid-19 y recuperar a las industrias y sectores que más han sido golpeados por la contingencia sanitaria, para continuar con el desarrollo del país y la sociedad, sin comprometer las finanzas nacionales.

Por ello, empresarios del país, el Gobierno federal y los estatales buscan impulsar obras de comunicaciones y transportes, en especial proyectos carreteros, que consisten en la construcción y la modernización de autopistas, libramientos y puentes del país, como el Paquete Sureste, que incluye trabajos en cinco autopistas y un puente en Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco mediante un esquema de asociación público-privada (APP).

Sin embargo, expertos coinciden que la inversión a la red carretera pasa por un mal momento y el principal desafío en la actual administración federal será dar certeza a la iniciativa privada para que, apegados a un marco normativo sólido, impulsen proyectos para el mejoramiento de infraestructura y la generación de empleos, algo que ni el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) – dependiente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)-, ni Caminos y Puentes Federales (Capufe), operadora de carreteras de cuota no han logrado.

Así lo considera Marco Garza, director general de EyE MÉXICO -una de las principales consultoras en infraestructura carretera en el país-, al enfatizar que, en la actualidad, hay carencia de nuevos proyectos de infraestructura y de diversificación del sistema carretero de forma equilibrada, que brinde bienestar a las comunidades de las zonas donde la infraestructura pudiera llegar.

“Es evidente una reducción en la construcción de grandes proyectos; sin embargo, hay un esfuerzo de trabajos en la pavimentación de caminos rurales”, considera el especialista, quien también sopesa que la red carretera nacional debe convertirse en una auténtica política de estado que trabaje, con Ley de Asociaciones Público-Privadas, en ambiciosas propuestas de infraestructura.

Garza también apuntó que, desde el punto de vista económico, existen malas experiencias de cuando el Gobierno ha dejado de lado al sector privado y se involucra directamente en las adjudicaciones con dinero público, para la modernización y gestión de carreteras, con latentes riesgos de corrupción e incumplimientos por falta de presupuestos. El caso más reciente podría ser el de la licitación para el Paquete Carretero del Sureste, que contempla un contrato millonario cercano a los 14 mil millones de pesos y, con retraso, podría quedar en manos de Capufe.

Según el exsecretario de obras de Morelos, Fidel Giménez, las funciones de dicho organismo público han sido ineficientes, pues su principal objetivo es recaudar fondos para el Gobierno y no atender la infraestructura pendiente; ejemplo de ello, asienta, es que en su estado no se regresa ni el 10 por ciento de lo recaudado anualmente por el concepto de carreteras, equivalente a dos mi millones de pesos.

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Asimismo, el exfuncionario estatal concuerda en que las Asociaciones Público-Privadas son mecanismos de inversión sanos y flexibles, ya que con aportación de capital privado, se pueden cumplir con tareas que le pertenecen al sector público y difícilmente podrían cumplir por sí solos en tiempo y forma.

Por el momento, se espera que en los próximos días, el Gobierno de México anuncie el segundo paquete de inversiones en infraestructura para la reactivación de la economía tras el impacto que dejó el coronavirus.

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