México.- En 2020, la producción nacional de sandía sumó un millón 357 mil toneladas, lo que implicó un aumento de 1.0 por ciento en comparación con el millón 346 mil toneladas registrado en 2019, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Resaltó que, a nivel mundial, México ocupa el décimo primer lugar como productor de este fruto, con una participación global de 1.3 por ciento y una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 7.2 por ciento.

Con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) señaló que en 2020 México vendió al exterior 733 mil toneladas de sandía. Las ventas que efectúa le permiten ubicarse como el segundo país exportador.

La dependencia federal resaltó que la participación de la sandía en la producción nacional de frutos es de 5.7 por ciento, con un consumo per cápita de 4.6 kilogramos.

En 2019, se alcanzó una producción de un millón 346 mil toneladas, dentro de la cual Sonora participó con 38 por ciento y un valor de producción de dos mil 049 millones de pesos, lo que representó 41.6 por ciento del valor total nacional.

En segundo lugar se ubicó Jalisco, con una producción de 9.8 por ciento, seguido de Chihuahua, que registró una participación de 9.5 por ciento, y Veracruz, con 101 mil 645 toneladas, detalló Agricultura.

En el ranking mundial, el principal destino de las exportaciones mundiales de sandía ha sido Estados Unidos, con compras promedio al año de 750 mil toneladas. México se colocó como su principal proveedor, con ventas por más de 149 millones 758 mil dólares.

Los principales compradores de sandía nacional, después de Estados Unidos, son Japón y Canadá, señaló Agricultura.

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emc

Ciudad de México.— La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) interpuso una controversia constitucional contra la reforma a la Ley Eléctrica, al considerar que afecta competencia en el sector.

Este jueves, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

Considera que parte de su contenido es contrario a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.

Lo anterior, en afectación a la esfera competencial de la COFECE al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector.

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Bajo el esquema constitucional vigente es fundamental que existan ciertos requisitos para que los mercados de generación y suministro puedan operar en condiciones de competencia.

Estas son: i) la posibilidad de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de cualquier generador a las redes de distribución y transmisión eléctrica; ii) que el despacho de energía se rija por criterios objetivos y de eficiencia, y iii) que el operador –Centro Nacional de Control de Energía– y el regulador –Comisión Reguladora de Energía– operen de manera independiente e imparcial, sin favorecer ni otorgar ventajas indebidas a ningún participante.

Sin embargo, el Decreto que se impugna, entre otras cosas:

Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y trasmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.

Elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.

Diluye la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existan impedimentos o justificaciones legítimas para ello.

Permite a suministradores del servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado, que originalmente era transitorio.

A juicio de esta autoridad las medidas contenidas en el Decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general.

ebv