Urge rediseñar el Estado y mejorar los controles, dice ex procurador colombiano

Ciudad de México.— El resultado de la corrupción y la sumisión de políticas públicas y administraciones al servicio de intereses particulares sólo están provocando Estados inviables donde la autoridad genera estadios impensados de ingobernabilidad.

La advertencia, lapidaria, es del exprocurador General de la Nación en Colombia, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien habla de la situación de descrédito y vulnerabilidad de las instituciones, un mal que aqueja a México, como a Colombia.

“Mis amigos me dicen que aquí en México ocurre lo mismo”, anota.

En entrevista para Siete24 Noticias, el también exconsejero del Estado describe la fuente de corrupción hoy: los grandes costos de las campañas políticas, la forma como se relacionan los políticos con el gobierno y la injerencia de la partidocracia en la designación de los funcionarios públicos, donde éstos terminan poniéndose al servicio de intereses particulares y no del interés general.

De ahí su advertencia: “si no atacamos la corrupción y la impunidad, cada vez tendremos estados inviables, donde la incredulidad de los particulares ante la autoridad generará estados de ingobernabilidad”.

Para el exfuncionario público colombiano, la corrupción ha mutado. La histórica era que los funcionarios públicos pidieran dádivas para cumplir su función pública, jurídica o administrativa o legislativa; hoy sigue existiendo, pero ha avanzado mucho más, se ha secuestrado, se ha coptado la función pública para poner al servicio de intereses particulares, insiste.

El reto, dice, es gigantesco. Urge entonces a rediseñar el Estado, modernizar y mejorar los controles, sustraer de la injerencia partidocrática la designación de los órganos públicos que controlan y diseñan las políticas públicas.

“Hoy vemos un diseño de políticas públicas al servicio de intereses particulares”, lamenta Ordoñez.
Sostiene que en Colombia, al igual que en México, la credibilidad de las instituciones está amenazada: ha mermado la confianza de los ciudadanos en esta institucionalidad, lo que genera un Estado cada vez más débil y una sociedad cuya frustración va en aumento.

Ordoñez Maldonado describe: “hemos divorciado al gobierno, al estado todo, a la sociedad, al sector público, al sector privado”.

Y advierte: la estrategia es un que compromete no solo al Gobierno, al Estado todo, sino a la sociedad en general, sector público y privado; no basta con tener las mejores leyes, no basta con los controles mecánicos, no es suficiente con instrumentos punitivos y sancionatorios, ello es necesario, pero no es suficiente.

El tema es estructural, sistemático, cultural, que golpea a las sociedades contemporáneas.

Hemos divorciado la ética pública de la moral y ese divorcio disuelve la ética pública y por tanto no serán suficientes todas las leyes y todos los controles, si no logramos erradicar la corrupción. Formar buenos ciudadanos, la sociedad política en ciudadanos formados con valores, con principios, con virtudes.

Riesgo de modificaciones “cosméticas” para imponer el Acuerdo de Paz en Colombia: Ordoñez

A pesar de un rotundo “no” al Acuerdo de Paz en Colombia, uno de los principales promotores de este rechazo, el ex procurador General de la Nación, Alejando Ordoñez Maldonado aseguró que existe el riesgo de que el gobierno pretenda hacer modificaciones cosméticas y que imponga el mismo texto rechazado por la ciudadanía el pasado dos de octubre, y eso sería desconocer los resultados del plebiscito.

En entrevista con Siete24 Noticias, revela que el grupo del “no” ha tenido largas horas de reuniones durante la semana pasada, explicando al gobierno las razones del rechazo y exigiéndole se tome un nuevo acuerdo, porque el pueblo colombiano quiere un pacto político entre los del “sí”, los del “no” y los abstencionistas: toda la sociedad colombiana para que logre blindar el nuevo texto con las nuevas condiciones.

“Lo único que no admitiría el pueblo colombiano, es que el gobierno imponga a la brava los acuerdos rechazados. Eso profundizaría la fractura de los colombianos”, dijo Ordoñez.

“La sociedad civil ya se pronunció en un sentido: ello vincula a las FARC y al gobierno, es un mandato. El “no es no” y no hay alternativa más que aceptarlo para logar un acuerdo nacional y avanzar hasta obtener la concordia. El principio es aceptar los resultados del 2 de octubre”.

El pasado 26 de septiembre, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto armado luego de más de 50 años de conflicto que, sin embargo, fue rechazado en un plebiscito realizado el pasado 2 de octubre por el 50.24 por ciento de los votos registrados. El pacto, por tanto, debe someterse a revisión y replantearlo para que se ponga en marcha.

En los últimos cuatro años Ordoñez había señalado que en los Acuerdos de Paz se estaba sacrificando a las víctimas para privilegiar a los victimarios; se estaba admitiendo el crimen como una forma de hacer política;  protegiendo la fortuna de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y no se les obligaba a entregarla como reparación  de los daños a sus víctimas, se pretendía otorgar la institucionalidad en la zonas donde ellos (las FARC) tenían dominio territorial e institucionalizando el control y el dominio territorial.

Ordoñez, quien ha sido mencionado como aspirante a la candidatura presidencial en Colombia, para el proceso electoral de 2018, plantea que, si bien jurídicamente el acuerdo de Paz hoy no existe, porque el pueblo colombiano lo rechazó, y que se requiere renegociar de acuerdo a nuevas condiciones que son las razones del “no”.

El gobierno nos ha oído y el pueblo colombiano espera que las FARC tenga la sensatez necesaria para aceptar la voluntad popular:

Los responsables de delitos atroces deben pagar penas de reclusión; no debe reconocerse a responsables de esos crímenes el derecho a gobernar el país; no se puede permitir que los Acuerdos de La Habana modifiquen nuestra constitución;  no se debe definir el narcotráfico como delito político… mucho menos otorgar a las FARC el derecho a convertirse en fuerza política, autoridad en las franjas donde han establecido dominio territorial y tampoco crear una jurisdicción al margen del sistema judicial colombiano sin ningún control.

En este mismo sentido, señala que en la renegociación de los Acuerdos de Paz no se puede permitir que se incluyan normas que vayan a afectar la familia y la niñez y el derecho de los padres de familia a escoger la educación moral y religiosa de sus hijos.

Esas son las “líneas rojas”, y el gobierno las conoce, las FARC también. Ahora deben modificar el texto actual y eliminar esos puntos que generaron el rechazo de las mayorías.

En septiembre pasado, el Consejo del Estado anuló la reelección de Ordoñez Maldonado como Procurador, a solo 4 meses de que concluyera el cargo (enero 2016, en su segundo periodo).

Ordoñez atribuye esta decisión a razones políticas: “El gobierno consideraba que las actuaciones y advertencias mías más críticas sobre proceso de paz le generaban inconvenientes y dolores de cabeza, y optó por presionar al consejo del Estado y algunos de sus integrantes prefirieron tomar una decisión política, sacrificando sus precedentes judiciales, su histórica interpretación”.

“Una de las características de este Gobierno es que ha coptado todos los órganos del estado colombiano, tanto judiciales como organismos de control y en mi caso, lo que se realizó fue precisamente la decisión política del Consejo de Estado para remover uno de los mayores obstáculos que tenía el presidente en el diseño de un acuerdo que fue rechazado por el pueblo colombiano”.

ebv