Opinión
Abusos en la Iglesia, el nudo por desatar
Dijo Orson Welles que, si deseamos tener un final feliz, eso dependerá del lugar donde detengamos la historia. Con el caso de los abusos sexuales cometidos por ministros o agentes de la Iglesia católica pasa algo semejante, el final de este terrible escándalo depende del sitio en el que pongamos la mirada.
A una semana de la cumbre mundial convocada por el papa Francisco en el Vaticano que reunirá a los presidentes de conferencias episcopales para abordar el tema de los abusos sexuales de la Iglesia católica; en México, el nudo dramático está aún lejos de haber sido resuelto.
Si bien es cierto que, en lo particular algunas diócesis mexicanas y congregaciones religiosas han realizado esfuerzos para atender, prevenir y resolver los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero; los mayores avances en esta materia se han dado en los últimos tres años y eso es lo que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, lleva en su valija para compartir con sus homólogos en la cumbre.
Ya se cuenta con protocolos muy claros de actuación para obispos o superiores de congregación cuando un caso de estos les hace crisis en las manos; hay un organismo de protección al menor (el Centro de Investigación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME); hay organismos católicos cuyo principal esfuerzo es prevenir este crimen y certificar que colegios e instituciones eclesiales sean “espacios libres de agresión y abuso”; se han logrado diálogos y encuentros con víctimas y defensores de víctimas de abuso sexual y; de lo más radical, se han puesto las condiciones para que la propia Conferencia asuma facultades de acción e intervención en aquellos obispados cuyas autoridades se vean rebasadas para dar sano seguimiento a estos actos criminales.
Es un avance, sin duda alguna, que finalmente el episcopado mexicano tenga una idea del tamaño del problema de abuso sexual en los márgenes de las instituciones católicas del país. Por primera vez, desde los primeros escándalos en México, una autoridad eclesiástica expone un escenario con datos concretos sobre el fenómeno: 152 sacerdotes suspendidos del ministerio desde 2010 por casos de pederastia.
Para las autoridades eclesiásticas, el conocimiento real del problema es una tarea indispensable; incluso el arzobispo Cabrera López deja entrever que en la próxima cumbre el papa Francisco podría solicitar a cada país un centro de información general de lo que sucede en sus diócesis.
En el pasado, sólo las organizaciones de abogados representantes de víctimas de abuso sexual presentaban estimados del número de ministros religiosos culpables de estos delitos; muchas veces mal integradas o con evidentes faltas. En 2005, por ejemplo, la Red de Sobrevivientes de Abusos cometidos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) afirmó que había 40 curas acusados de abuso sexual refugiados en México y en 2010, incrementó su lista a 65 ministros.
Ha sido, no obstante, la cooperación de la Nunciatura apostólica dirigida por el italiano Franco Coppola la que ayudó a la CEM a tener los datos de los 152 sacerdotes suspendidos pues, la sanción canónica exige que cada caso pase por la nunciatura para ser enviado al Vaticano, tanto a la Congregación para el Clero como en la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se definen las sanciones de suspensión definitiva del ministerio a los sacerdotes hallados culpables de los delitos de abuso sexual.
Nos encontramos ante una apertura y transparencia inéditas tanto de la Nunciatura como de la Conferencia de Obispos. El propio arzobispo Cabrera López reafirma que la Iglesia católica tiene un deber con la sociedad para exponer con claridad cómo está el panorama real de abusos cometidos por sacerdotes.
Finalmente se ha desatado un gigantesco nudo de desconocimiento u ominoso silencio en la Iglesia católica mexicana sobre este terrible flagelo y, como apuntó Welles, podría ser un final satisfactorio si nos detenemos en este punto; sin embargo, el hilo narrativo ahora se extiende hacia otros complejos escenarios: ¿Qué sugerencias emitió la Nunciatura desde 2010 -por lo menos- a los obispos que suspendieron a sacerdotes por pederastia? ¿Cómo actuaron cada diócesis o congregación religiosa con los casos de abuso sexual? ¿En qué casos los culpables fueron llevados a la justicia civil, en cuáles no y por qué? ¿En qué casos se llegó a acuerdos económicos y cómo se ha procurado ‘reparar’ el daño a las víctimas? ¿Actuarán las diócesis mexicanas como lo han hecho episcopados en otras partes del mundo abriendo sus archivos al escrutinio público? ¿Cómo evitar el descrédito de aquellas iglesias particulares cuya actuación frente a estos casos fue, cuando menos, inhábil y, cuando más, cómplice?
Si nos detenemos justo detrás de los actos criminales poco podemos hacer para prevenir otras circunstancias futuras. Pero también se cae en el error cuando se detiene el relato en el momento en que la institución concreta protocolos anti-abusos, revela cifras y datos de agresiones, transparenta sus casos, reprende a sus victimarios o satisface las búsquedas de justicia solicitadas por las víctimas. Parece que todo se ha dicho y cumplido, pero corremos el riesgo de dejar todo en una compleja anécdota.
Lo mismo sucede en la sociedad. Quizá este largo y doloroso proceso para la Iglesia católica satisfaga en cierta medida la conciencia de la sociedad respecto a la cultura de abusos sexuales (la gran mayoría cometidos en el seno del hogar); pero si algo puede enseñar esta historia es que estos crímenes pueden decantar en más dolor o pueden construir en iluminación y crecimiento. Lo más importante no es quedarse en la atención de las crisis (que pueden ser más o menos cíclicas) sino en crear fuentes de formación y aprendizaje continuo, el establecimiento de medidas de prevención y de permanente evaluación y supervisión de los espacios de convivencia. Sí, de todos los espacios de convivencia social.
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