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Felipe Monroy

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Entre los mil setecientos cincuenta y dos artículos que constituyen el Código de Derecho Canónico, apenas basta con leer los numerales 383 y 384 para atisbar la pesada carga que cae sobre los hombros de los obispos católicos, especialmente en las crisis.

Los dos cánones contienen un condensado ético y moral de los muchos ‘deberes’ de los pastores: “Debe mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían, cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si habitan en el territorio como si se encuentran en él temporalmente”, dice el 383.

Esta es la primera de las funciones sociales que la Iglesia les exige; las otras funciones son más bien de índole de gobierno, liturgia y diplomacia. Sin embargo, el derecho canónico les pide explícitamente ser ‘solícitos’, es decir: ser atentos, diligentes, afanosos, serviciales y cuidadosos con los católicos en su territorio. La forma en que está escrito este numeral advierte que se trata más de una actitud que de una tarea y, por supuesto, si el obispo no asume esta actitud en su vida cotidiana, se hace evidente.

El numeral 384 es aún más detallado sobre sus responsabilidades, especialmente con los ministros bajo su cuidado: “El obispo diocesano atienda con peculiar solicitud a los presbíteros, a quienes debe oír como a sus cooperadores y consejeros, defienda sus derechos y cuide de que cumplan debidamente las obligaciones propias de su estado, y de que dispongan de aquellos medios e instituciones que necesitan para el incremento de su vida espiritual e intelectual; y procure también que se provea, conforme a la norma del derecho, a su honesta sustentación y asistencia social”.

En una ocasión, dialogando con un obispo mexicano sobre estos ‘deberes’ reflexionó en confianza: “Sólo dormido podría yo dejar de pensar lo pesado que es cumplir con celo apostólico todas mis responsabilidades, estar para el pueblo de Dios y estar para auxiliar a mis sacerdotes. Es la razón por la que antes de dormir pedimos que Dios nos cuide el sueño, pero nada más abrir los ojos pedimos que Dios nos socorra”.

Y si en las aguas quietas ya es una terrible carga, en las crisis quizá el obispo no deba dormir sino permanecer siempre en petición de auxilio divino. El fraile Antonio González de Rosende explica esto en su relato sobre el beato Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), obispo de Puebla y virrey de la Nueva España: “Crecieron con la obligación del Estado las horas de oración mental, que es el tesoro de las virtudes, empezando ordinariamente a las tres de la mañana a entrar en este ejercicio, y otras veces más temprano” (Vida de D. Juan de Palafox. Libro I, capítulo VIII).

En las últimas semanas se ha desatado entre los medios de comunicación y algunos sectores eclesiásticos una polémica sobre la responsabilidad que tiene un obispo diocesano respecto a sus ministros en temporada de crisis, específicamente cuando alguno de ellos cae enfermo de COVID, en un contexto de necesidad económica y de dificultad para conseguir siquiera acceso a servicios médicos y hospitalarios. Los cánones son muy claros, el obispo está compelido a proveer la asistencia social a los ministros incardinados en su diócesis.

Pero ¿de qué tipo de asistencia social estamos hablando? Es claro que un código universal como el derecho canónico no la detalla, pero en el espíritu ético y moral de ambos cánones se puede interpretar la respuesta: Toda la que sea necesaria, tanta cuanto esté en manos del obispo.

Es claro que, tras diez meses sin la actividad regular de la Iglesia católica en el mundo, las instituciones eclesiásticas (principalmente las curias parroquiales y diocesanas) se encuentran en números rojos y vean cada vez más difícil atender aquellas responsabilidades con la generosidad y diligencia que en otras épocas podrían haber manifestado. Con todo, bien dijo el periodista Emilio Abreu Gómez: “Hay hombres de espíritu levantado, impaciente. Para éstos, una mañana es ya el principio de una tarde”.

LEE Censura y sollozos desde la investidura

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Espionaje, entre el servicio y la ignominia

Felipe Monroy

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Aunque el espionaje se ha especializado y tecnificado a niveles infamantes, sus funciones más simples (que nunca honestas) se pueden reducir a las mencionadas por Kautilya hace veintitrés siglos: recolección de noticias, comprobación de lealtades y manejo de propaganda. Desde la perspectiva del gobernante, se entiende su utilidad para lograr lo único que interesa al poder: conservar el que se tiene y aumentarlo en lo posible.

Al contrario de lo que hoy se quiere insistir, el espionaje nunca es aséptico ni impersonal; el espionaje no son sólo datos y programación. Por tanto, ‘Pegasus’ no es sólo un programa, un software o un sistema: son hombres y mujeres que con mayor o menor poder han utilizado recursos técnicos de la forma más innoble. Además, los efectos del espionaje tampoco son inocentes, la historia refleja que aquel va acompañado invariablemente de la mentira política, la persecución de opositores, la desestabilización de pueblos, la inoculación de ideologías de ocasión y, por supuesto, de los crímenes de Estado, las insurrecciones fratricidas y la guerra total.

Lo que se ha ido revelando esta semana sobre la operación del ya famoso software ‘Pegasus’ es alarmante porque no se trata de un ‘sistema de inteligencia para el combate del terrorismo o ciberterrorismo en países democráticos’ sino un verdadero ‘sistema de espionaje israelí vendido por particulares a regímenes autoritarios que desean investigar a periodistas, activistas de derechos humanos y a potenciales opositores políticos’.

Desde hace años se tenía sospecha de que los recursos tecnológicos de estas empresas de ciberseguridad no sólo se adquirían para el combate al crimen, sino para las funciones que los regímenes y los poderes fácticos que buscan controlar a toda costa: tener información de sus adversarios políticos, verificar la lealtad de los ciudadanos y eliminar los potenciales riesgos para la estabilidad de su poder.

Esta es la razón por la cual, cuando se habla de espionaje no puede haber neutralidad. Es una práctica ignominiosa y cruel cuando se está vulnerable a ser espiado; pero es un servicio de seguridad y estabilidad para aquellos que detentan el control. Desde el poder, un mundo sin las intrincadas redes de espionaje básicamente se hundiría en el caos; mientras, desde las estructuras intermedias de la sociedad, el espionaje es una herramienta del autoritarismo.

En el fondo no hay ninguna sorpresa en que las nuevas herramientas digitales hayan hipertecnificado el espionaje al grado en que los clientes de NSO Group puedan ver y escuchar a sus ‘objetivos’ de interés; tampoco es realmente una noticia que diferentes gobiernos o poderes (con diversas problemáticas) hayan echado mano de esta herramienta. Sin embargo, no por ser un mecanismo casi natural de autopreservación del poder no debiera inquietarnos. Especialmente porque, es altamente probable que, derivado del espionaje a ciertos personajes junto a la exposición y vulneración de periodistas, opositores o líderes comunitarios, se haya provocado la muerte de alguno de ellos, la intimidación o el silenciamiento de sus voces. Y todavía peor, al existir la evidente sospecha de que el gobierno israelí de Netanyahu ha espiado a líderes mundiales a través de la herramienta de ciberseguridad, se encienden las alarmas de desastre geopolítico.

Ahora, mientras el mundo redescubre la diplomacia para salir del entuerto en el que lo ha sumido el software ‘Pegasus’, no hay que perder de vista la sospechosa parsimonia y tranquilidad con la que los líderes políticos echar a andar a sus fiscalías y ministerios de defensa contra el espionaje que ellos mismos sufrieron. Quién sabe, quizá no tienen intensión de correr por completo las cortinas del misterio.

LEE Quema de templos y efigies: indignación sin respuesta

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Estrategias pro aborto falaces

Columna Invitada

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Por: Ivette Laviada

Ahora es en Veracruz donde se pretende presionar al gobierno con estrategias pro aborto; tan viejas, tan usadas y tan falaces que resultan un insulto a las personas que con dos dedos de frente ven con claridad todo este asunto.

El viejo truco del aborto espontáneo, un argumento que simplemente no funciona cuando las acciones que siguieron a la muerte del bebé en gestación contradicen todos los dichos de la supuesta víctima.

Quienes pretenden que el aborto se legalice a como de lugar -sean feministas, funcionarias e incluso instituciones- no les importa mentir y manipular los casos para conseguir su afán.

El caso de Oluta, en Veracruz de Diana “N” es un claro ejemplo: la Fiscalía encontró que no sufrió un aborto “espontáneo” la chica cometió infanticidio, su bebé fue alumbrado vivo en un baño público a los 7 meses de gestación y posteriormente lo abandonó en un bote de basura, donde falleció por anoxia por sofocación como consta en el expediente por lo cual se le sigue un proceso.

No es la pretensión de esta reflexión el juicio de Diana (las autoridades lo harán conforme a derecho), sino todo el aparato que se mueve con este pretexto para que se presione a un estado a legalizar la muerte de los bebés en gestación.

El discurso utilizado por la CNDH y por la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz es ¡de no creerse! primero atacan a la Fiscalía General del Estado porque no emplearon perspectiva de género en la investigación, añaden que el caso lo han llevado violando gravemente sus derechos sexuales y reproductivos, que ha sido doblemente revictimizada y que le negaron el acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.

Por otro lado, la diputada Mónica Robles aprovecha la coyuntura de manipulación mediática para meter su iniciativa pro aborto y los colectivos feministas celebran estas acciones para empujar con más fuerza esta agenda.

Estrategias que hemos visto en tantos lugares y países que por increíble que parezca siguen sin quitar el dedo del renglón.

¿Acaso los delitos se pueden considerar derechos según cada quién? Las falacias no surten efecto, por ello tanta violencia para imponer estas mentiras, la sociedad no se deja engañar.

No existen derechos sexuales y reproductivos, este es el poderoso antifaz que le han puesto al aborto para que dicho tantas veces y por tanto tiempo se perciba como algo bueno, como lo que su nombre pretende “un derecho”; pero no, la sociedad no compra este cuento, lo que existe es el derecho a la salud que incluye la salud sexual, física, mental, etc. Salud implica vida no muerte, justificar el aborto es totalmente contrario a lo que la salud persigue.

La verdad no se puede ocultar, siempre sale a la luz. Seguiremos trabajando para que chicas como Diana antes de pensar en el aborto puedan tener acceso a instituciones o personas que les ayuden verdaderamente como lo han demostrado La Vida por Delante, VIFAC o AME.

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