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Análisis y Opinión

El poder de la sociedad civil

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Los tiempos han cambiado. Nos debe quedar claro que en estos tiempos de transformación política el actual gobierno trae sus propio guion. Este fue preparado desde hace muchos años en la reflexión de la espera de oportunidades y esto significa que sus prioridades no son las que la sociedad demanda, sino lo que políticamente le conviene.

El rasgo fundamental del actual gobierno no es la transformación, pues esto significaría tomar las estructuras gubernamentales que recibieron, así como los proyectos y programas que han funcionado correctamente a lo largo de los años, para entonces perfeccionarlos en busca de mayor eficiencia y efectividad al menor costo. En contraste, optó por la destrucción de lo que recibió para iniciar a partir de cero nuevos modelos y así poder adjudicarse el mérito absoluto.

Sin embargo, sin hacerse un diagnóstico a conciencia, -que fuese realizado por expertos-, en lugar de subsanar deficiencias y atacar la corrupción si la hubiese, simplemente desmanteló una eficiente estructura médica para sustituirla por el INSABI, que desdeñó un valioso caudal de experiencias y conocimientos. Los resultados están a la vista: desabasto de medicinas, limitaciones hospitalarias, así como la reducción de enfermedades de alta especialidad que fueron eliminadas del catálogo de atención del sector salud, con lo cual se condena a la muerte a quienes llegan a padecerlas y no tienen los recursos económicos propios para atenderse.

Esto provocó insuficiencia en la infraestructura hospitalaria y de equipos. Infraestructura que no recibió mantenimiento y se dejó deteriorar al retirársele presupuesto ya autorizado.

La operación del INSABI ha representado un costo económico mayor al que tuvo el seguro popular en otros sexenios y un alto impacto en víctimas de la desatención, -como lo demostró el COVID-, que lleva al día de hoy casi 300 mil fallecimientos por este virus, -más las víctimas indirectas-, que parecían otras dolencias mortales que no pudieron ser atendidas por falta de capacidad hospitalaria, lo cual llegaría a dar un total de 450 mil defunciones.

Lo que está claro es que lo que no forma parte de las prioridades personales del presidente, no será atendido, pues el grueso del presupuesto aprobado por el Congreso se canalizará durante los próximos tres años a garantizar que sus obras prioritarias puedan ser concluidas.
La pregunta lógica es ¿qué sucederá con las necesidades sensibles de la población como son salud, educación, seguridad y otras igualmente relevantes?

Definitivamente estas carencias de falta de atención impactarán a la población más vulnerable de nuestro país, lo cual se manifestará a corto plazo en el agrandamiento de las brechas socioeconómicas entre los diferentes sectores demográficos que conforman nuestro pueblo.

Alto impacto entre el sector estudiantil tuvo el confinamiento durante la pandemia, ya que quienes no tuvieron acceso a la tecnología informática básica, -ya sea por falta de conectividad o porque no tuvieron capacidad económica para acceder a los dispositivos- y por tanto no acompañaron los programas escolares de la SEP, se marginaron de la educación y de las oportunidades laborales futuras que esta les brindaría. Así vemos que muchos niños ya no regresarán a la escuela, pues están insertados ilegalmente en el sector productivo.

México no progresará si no es a través del desarrollo integral y armónico, con oportunidades para todos los sectores sociales por igual. El rezago se manifestará en incremento de la pobreza y esta en conflictos sociales y políticos.

La solución que pretende seguir dando este gobierno a la problemática de la pobreza es a través de aportaciones económicas directas, que lo único que hacen es administrar la sobrevivencia, que no es lo mismo que el bienestar.

En el fondo esta política social, -que ya viene de sexenios anteriores pero que en este se ha fortalecido-, es administrar las carencias para generar dependencia, lo cual se capitaliza en el ámbito electoral.

La única forma de romper este círculo vicioso es a través de la organización de la sociedad civil, emprendiendo acciones en el ámbito de la filantropía.

Sin embargo, en México hoy tenemos dos limitantes: una la representa la actitud restrictiva de este gobierno, que desconfía de la sociedad civil y califica a las organizaciones dedicadas a esta actividad como simples intermediarias que no aportan valor agregado y se utilizan para beneficiar fiscalmente a las empresas que patrocinan proyectos. Esto, -contaminado bajo la sombra de la corrupción-, justifica políticamente los obstáculos que esta administración pone al ejercicio de la filantropía.

Es notorio que este gobierno pretende tener el monopolio del trabajo social para fortalecer el control sobre los segmentos de población vulnerables y a través del agradecimiento asegurar su voto electoral y por tanto, las instituciones sociales dedicadas a la filantropía representan un obstáculo para este fin.

Sin embargo, este gobierno no se ha dado cuenta que precisamente las carencias que impactan a la población vulnerable y que la estructura gubernamental no ha podido subsanar, han abierto espacios de acción filantrópica al crimen organizado, que realiza acciones tipo ayuda humanitaria para vincularse con estos segmentos sociales, haciendo obras significativas a través de donaciones para obra pública prioritaria en regiones apartadas, o entrega de despensas, lo cual capitaliza en redes sociales para proyectar una imagen solidaria y de compromiso con la sociedad, lo cual se capitaliza en complicidades y protección comunitaria frente a las acciones que emprenden en su contra las corporaciones policiacas.

Por otra parte, la falta de cultura filantrópica entre la sociedad mexicana presupone otro obstáculo.

Tendemos a confundir con filantropía a la tradicional generosidad del mexicano, la cual responde a motivaciones emocionales, -de gran contenido sentimental-, como vemos que sucede en el Teletón, que con base en una gran campaña mediática que toca fibras sensibles de la sociedad, -exhibiendo casos de éxito convertidos en testimonios-, logra grandes resultados. También ha sido significativa la participación ciudadana individual cuando suceden tragedias, como lo fue el sismo del 2017. Bajo el influjo emocional la gente participa espontáneamente, esfuerzo que dura el mismo tiempo que el fenómeno psicosocial colectivo. La solidaridad frente a un desastre es un impulso inconsciente y emotivo y por tanto, de corto plazo.

En contraste, la filantropía es un modelo sistemático de ayuda social por tiempo indefinido, que solo se practica cuando hay convencimiento y esto es un proceso racional y consciente.

Por tanto, con visión constructiva y de futuro, debemos reconocer que es la sociedad civil la única que puede subsanar estas carencias sociales altamente sensibles, aunque esto signifique superar grandes obstáculos como los antes mencionados.

Las organizaciones cívicas deben exigir al Congreso de la República legisle en el sentido de generar las condiciones propicias para que las instituciones filantrópicas puedan trabajar a favor de las clases más necesitadas sin restricciones de ningún tipo y además, emprender campañas de sensibilización que ayuden a construir una cultura filantrópica.

¿A usted qué le parece?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx



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Análisis y Opinión

Periferias eclesiales

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En estos días he tenido oportunidad de presentar ante un par de auditorios el reciente libro colaborativo ‘Periferias eclesiales. Reflexiones para avanzar’ (Buena Prensa, 2022), coordinado por el obispo Francisco Javier Acero Pérez y en el que participamos nueve autores de distintos orígenes y perspectivas respecto a aquellos márgenes sociales y humanos que muchas veces son acallados o invisibilizados tanto por las estructuras como por los sistemas culturales dominantes.

El libro recoge reflexiones, experiencias, historias e investigaciones sobre realidades aparentemente ‘poco vistas’, discriminadas o prejuzgadas históricamente por la Iglesia católica: las mujeres, los jóvenes, la diversidad sexual, las comunidades originarias, los marginados, las personas en condición de migración, los divorciados o las víctimas de abusos. Por supuesto, éstas no son todas las periferias materiales o existenciales de nuestro mundo contemporáneo pero sí son las que en los últimos años han cuestionado profundamente a las instituciones católicas sobre sus mecanismos de acompañamiento y atención.

Con la llegada del papa Francisco al solio pontificio en 2013, estas realidades humanas han contado con un líder espiritual que verbaliza con sencillez y respeto las cualidades de dignidad humana que permanecen (y deben ser reconocidas y protegidas) en cada una de estas personas que viven singulares desafíos; además, ha priorizado una visión eclesial de auxilio preferente a las personas heridas en lugar de una búsqueda de solidez en las estructuras eclesiásticas.

Su radical propuesta de un nuevo espíritu cristiano sin duda ha provocado varias reacciones adversas, casi siempre de autopreservación institucional o de autosuficiencia espiritual; es decir, cúpulas de superioridad moral autolegitimadas preocupadas más por las formas tradicionales de gobierno y administración que por el cambio de época que ha descristianizado al siglo XXI.

Por ejemplo, el famoso memorando ‘Demos’ –atribuido al recién fallecido cardenal Pell y que pretende influir en el Colegio de Cardenales para elegir a un próximo pontífice que revierta los cambios hechos por Francisco– básicamente es un llamado desesperado a recobrar la dureza e infalibilidad en la potestad disciplinaria y sancionadora de Roma, así como el retorno a la invariabilidad cultural de las expresiones cristianas; es decir, que la diversidad pluricultural cristiana sea nuevamente sometida a la visión particular de cierta idea de occidente europeo católico (que tampoco ya existe).

Lo grave de las reacciones a la propuesta periférica de Francisco es que parecen convocar anticipadamente a un nuevo líder católico cuyo programa responda a lo que las cúpulas eclesiásticas han perdido en las últimas décadas: volver a ser una autoridad irrebatible para la cristiandad y que su aparato de gobierno sea nuevamente una fuerza política global incontestable.

Y quizá por eso sea tan relevante una publicación como la coordinada por el obispo Acero; porque no sólo evidencia que el verdadero valor de la expresión cristiana siempre se ha encontrado en las periferias (dos autores recuerdan la marginalidad de la provincia romana donde Jesús predicó en una lengua que sería considerada ‘indígena’ por el imperio reinante) sino porque el auténtico poder de la Iglesia católica nunca ha sido la influencia política o económica de nuestra era común sino en la capacidad adaptativa y transformadora de los creyentes ante las realidades emergentes, marginales o incomprendidas de cada época.

No quiero dejar de agradecer un gesto que se ha repetido al final de las reflexiones del coordinador y los autores en las presentaciones del libro: la generosa y determinada participación de los asistentes para compartir sus propias historias respecto a lo que aún hoy es considerado periférico, invisible o silente; son prueba fehaciente de que los creyentes latinoamericanos abrazan sin regatear el presente y miran sin miedo los desafíos que la humanidad comparte.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Periodismo: bienes, riquezas y funciones

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En algo tiene razón, el tema es sumamente interesante y obliga a la reflexión. Aunque quisiera partir del inicio: el periodismo es una auténtica vocación que trasciende al oficio y a la profesión; es una inclinación singularísima a sufrir y gozar de la historia y los cambios de la vida cotidiana con el propósito de crear diálogo y construir sociedad respecto a lo que concierne al bien común.

Es ciertamente un oficio porque el periodismo tiene una cualidad artesanal, personal, no mecanizable; que nace del encuentro y del contacto con las tensiones humanas desveladas y cuestionadas por alguien que, a fuerza de ensayo y error, exhibe un imperfecto relato de sucesos al prójimo; pero es algo más.

También es una profesión no sólo porque requiere estudios formales o porque nuestra cada vez más compleja sociedad precise de mayores conocimientos especializados, sino porque es una labor que esencialmente capitaliza el conocimiento. Aún mejor: es una profesión cuya principal riqueza son las inquietudes correctas del conocimiento, las preguntas precisas del ingenio y la mirada instruida sobre el contexto. Y aún así, es algo más.

El periodismo es una pasión que puede ejercerse en la supina pobreza o en la mayor holgura pero que es imposible desempeñar desde un poder que no sea el de la demanda. ‘Demanda’ es para el periodismo –en contraste con la rigidez del derecho– una palabra compleja y llena de matices: va desde la gentil interrogación o el cordial cuestionamiento hasta el indignado requerimiento y el mordaz reclamo; pasando, eso sí, por la eficiente, neutral e imparcial solicitud o consulta.

No hay periodista, por tanto, que conserve su credibilidad intacta cuando es arropado por oscuros e inconfesables mantos de privilegios a cambio de favores o servicios en contra de esa auténtica demanda. Es verdad que, incluso mintiendo descaradamente, tanto los medios como los periodistas vendidos a la comodidad y los privilegios pueden conservar sus prestigios y respectivos negocios, pero quedará mancillada irremediablemente la confianza que alguna vez recibieron.

Ahora pasemos a lo que se ha mencionado esta semana: “Los periodistas hacen una función pública”. Sí, indudablemente; sin embargo, hay que distinguir: su labor cumple con diferentes funciones para el diálogo social y la búsqueda del bien común, pero no son subordinados del poder o funcionarios públicos. De hecho, si lo fueran, dejarían de ser auténticos periodistas; podrían ser publirrelacionistas, consultores, vendedores de contenidos, voceros o coordinadores de falanges informativas, pero no periodistas.

Ya lo dijo Kapuscinski: “El verdadero periodismo es intencional. Se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar, informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro”. Entonces ¿puede haber ‘verdadero periodismo’ si su intención es servir al poder establecido –o peor, al empíreo de la inmunidad– en lugar de promover los cambios que realmente ayuden al resto de la sociedad?

Segundo, el tema de las concesiones públicas y su usufructo. El tema es por demás espinoso pero requiere una reflexión urgente. En efecto, la nación es propietaria del espacio radioeléctrico donde se transmiten infinidad de contenidos; las empresas privadas gestionan concesiones que el gobierno otorga para el usufructo del mismo espacio y, entre sus contenidos, usualmente se producen informativos con trabajo de periodistas.

Si bien estos periodistas son empleados de particulares, su trabajo está sujeto al bien social más que al bien privado (o al menos debería estarlo) y; de hecho, las autoridades de la nación deberían tomar con mayor seriedad el cuidado de los periodistas para que no se reduzcan a legitimadores de los intereses patronales. Y, al mismo tiempo, los periodistas deben ser intensamente protegidos por sus empleadores pues, sin su apoyo, es fácil que queden a merced de otros poderes (incluso ilícitos o fácticos) que no sólo terminan pervirtiendo la libertad de expresión sino que ponen en jaque las condiciones que toda libre empresa debe tener garantizadas.

Además, que la propiedad de los espacios intangibles de difusión esté en manos de la nación no significa que puedan ser administrados utilitaria o unilateralmente por cualquier gobierno en turno (por más legítimo que este sea); porque la propiedad no es coyuntural ni restrictiva al mandato vigente. El espacio pertenece al pueblo, en el ahora y en el futuro, bajo éste y bajo cualquier otro gobierno, aun cuando ni siquiera aspire a ser democrático.

Hubo una última inquietud planteada: ¿Con qué autoridad ética o moral los periodistas pueden sentar a la silla de los acusados a funcionarios, poderosos y personajes públicos? La respuesta es simple: Con ninguna que provenga del poder o del privilegio. La única autoridad que otorga verdadera fuerza ética y moral a los periodistas para interrogar y juzgar proviene de la debilidad. De la debilidad de sus pueblos, del silencio de los acallados, de la invisibilidad de los excluidos y del dolor de los descartados. El poder del periodismo no se encuentra sólo en el servicio, sino en el servicio a los necesitados; y la auténtica libertad de esta vocación sólo puede ser garantizada por usted y muchos otros que nos apoyan leyéndonos, escuchándonos y compartiéndonos.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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