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Análisis y Opinión

Fideicomisos, el problema es la transparencia

Felipe Monroy

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En 2007, la hoy secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, publicó un denso estudio titulado ‘Rendición de cuentas y los fideicomisos públicos. El reto de la opacidad financiera’ en el que la propia Auditoría Superior de la Federación reconocía “la apremiante necesidad de impulsar una mayor transparencia” en la operación de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos “dados los cuantiosos recursos públicos que manejan”.

En aquella ocasión, se alertaba que en el año de transición entre Vicente Fox y Felipe Calderón, el gobierno federal había constituido 150 fideicomisos; para alcanzar un total de 589, que manejaban 267 mil millones de pesos (equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto del país); y “que por desgracia en su mayoría no cuentan ni con el control ni con la supervisión adecuados”.

Sandoval criticaba que los fideicomisos funcionaran exclusivamente sobre la base de la confianza entre fideicomitente y fiduciaria; y propuso que operaran bajo el principio rector de la responsabilidad gubernamental. La alerta la consideraba oportuna debido “a la actual tendencia a dejar fuera del ámbito de la transparencia la conducción de los asuntos financieros y monetarios”; Sandoval ponía como ejemplos prácticos los casos de los rescates bancarios FOBAPROA e IPAB en los que “con el argumento del secreto bancario” se entorpecía las investigaciones con opacidad de información. De tal suerte que “la gestión transparente de otros fondos y fideicomisos a cargo de distintas dependencias del gobierno federal ha sido constantemente obstaculizada con el pretexto del secreto fiduciario. El gobierno federal y en particular la Secretaría de Hacienda han esgrimido este argumento en innumerables ocasiones para evitar el escrutinio público”.

Es decir, el problema no es reciente. En 2003, reporta el informe, llegó a haber 624 fideicomisos en operación, de los cuales el 96.8% se constituían sin estructura “esto es, sin obligación de ser transparentes, rendir cuentas y registrar egresos e ingresos en ningún registro público”. Por si fuera poco, la figura del fideicomiso, que suele perseguir un fin u objetivo muchas veces temporal, en el caso de los operados con recursos públicos no ponía límites a la temporalidad, ventaja que quisieron aprovechar el 84.9% de los fideicomisos operantes en la primera década del siglo.

Es cierto, la falta de transparencia por el secreto fiduciario no es un verificador automático de que los fideicomisos operaran con corrupción; pero la Auditoría Superior de la Federación ha documentado muchos casos de manejo irregular y corrupto de los recursos públicos depositados en los fideicomisos. La respuesta, según Sandoval, reside en la creación de modalidades específicas de fideicomisos (es decir, no arbitrarias); la prohibición expresa de fundación de fideicomisos en áreas concretas como salud o desarrollo social; poner límites a la cantidad de fideicomisos y a los montos permitidos de dinero público; mejorar la fiscalización y la rendición de cuentas; imponer sanciones a servidores públicos que cometan delitos especiales de opacidad financiera; y exigir mínimos estructurales en fideicomisos que manejen recursos públicos así como la obligación de presentar indicadores de desempeño.

El problema real con el actual proyecto de extinción de fideicomisos públicos es que el decreto afectará por igual a aquellos donde se sospecha corrupción como a los que no. Desaparecerían aquellos que quizá puedan ser verdaderamente prescindibles para una condición de grave emergencia (como en la que se encuentran todas las naciones este 2020) como muchos otros cuyo sentido de necesidad quizá no sea urgente pero sí indispensable para el futuro del país (ciencia, tecnología, cultura).

Tienen toda la razón las instituciones culturales, educativas y de desarrollo tecnológico que el futuro de México no puede darse el lujo de poner pausa en las inversiones que generarán la sociedad que responderá a los desafíos del siglo XXI. También tienen razón aquellos que aseguran que estos 68 mil 400 millones de pesos que operará directamente el Gobierno federal podrán sacar de la vera del camino a quienes la pandemia y la crisis económica los amenaza con descartar para siempre.

En el fondo, el problema es ético y práctico, pero también de perspectiva. Lo menciona una leyenda de indios americanos: El jefe de una tribu india acampada en la ladera de la montaña está por morir y envía a sus tres hijos a salir en busca de un regalo para él. Quien retorne con el mejor regalo será el nuevo jefe. El primero lleva una flor rara y bella; el segundo una piedra hermosa pulida por la lluvia y el viendo. El tercero dice: “Yo no traje nada. Pero estuve en lo alto de la montaña y he visto praderas maravillosas”. El anciano jefe le da a este último el título de su sucesor: “Tú serás el jefe; porque nos has traído el regalo de una visión de un futuro mejor”.

Será buena idea hacer caso, para variar, a aquellos que ponen una visión y un horizonte más amplio con los recursos de dichos fideicomisos. Personalmente, le apuesto a la educación, la cultura y el desarrollo científico.

LEE Brújula para navegar entre escollos

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Resolución Miscelánea 2021

Pedro Higuera

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El pasado 29 de diciembre se publicó la resolución miscelánea para 2021, algunas de las reglas que destacan son las siguientes:

  1. CFDI global estaciones de gasolina. Se permite durante todo el 2021 a los distribuidores de petrolíferos (estaciones de gasolina), gas, emitir un CFDI global, ya sea diario, semanal o mensual, por todas las operaciones que realicen con el público en general, para ello los comprobantes individuales que expidan a sus clientes deberán ser emitidos por equipos de registro de operaciones con el público en general, además de tener diversas características para la emisión y registro contable de dichas operaciones, entre otros requisitos; además de enviar la información generada a partir del 1 de enero del 2021, referente a los controles volumétricos. (Vigésimo segundo transitorio).
  2. Buzón tributario para RIF. Deberán habilitar también su buzón tributario, tanto las personas físicas del RIF y las que obtengan ingresos mediante plataformas tecnológicas (las de la sección III del capítulo de actividades empresariales y profesionales), conforme a su sexto dígito numérico del RFC, conforme a lo siguiente: a) 1,2,3,4 a más tardar el 31 de enero del 2021; b) 5,6,7 y 8 a más tardar el 28 de febrero del 2021; c) 9 y 0 a más tardar el 31 de marzo del 2021. (Cuadragésimo segundo transitorio)
  3. Medio de contacto buzón tributario. Aquellos contribuyentes que tengan habilitado su buzón tributario con un medio de contacto, ya sea el número telefónico/celular o correo electrónico como mecanismo de comunicación, deberán actualizarlo con ambos contactos, a más tardar el 30 de abril del 2021. (Cuadragésimo segundo transitorio)
  4. Buzón tributario personas físicas. Podrán no habilitar su buzón tributario las personas físicas que tengan RFC con la siguiente situación fiscal: sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o suspendidos. (Cuadragésimo octavo transitorio)
  5. Avisos al RFC de socios o accionistas. En el caso del aviso al RFC para proporcionar el nombre y RFC de socios o accionistas de personas morales, si bien dicho aviso se debe presentar dentro de los treinta días hábiles siguientes a alguna modificación o incorporación, se permitirá que por aquellas modificaciones o incorporaciones ocurridas durante el primer semestre del 2021 se presente el aviso a más tardar el 30 de septiembre del 2021. Además de que para aquellos contribuyentes que en 2020 no hubieran presentado dicho aviso podrán hacerlo a más tardar el 31 de marzo del 2021. (Quincuagésimo tercero transitorio)
  6. Pagos provisionales de personas morales. Las declaraciones de pagos provisionales de personas morales para 2021, vendrán prellenadas considerando los ingresos manifestados en los CFDI, pagos provisionales anteriores, además de que se precargará la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior (como es el coeficiente de utilidad para el pago provisional). (Regla 3.9.19)
  7. Conciliación por parte del SAT por quejas de facturación. Los contribuyentes podrán solicitar al SAT que actúe como conciliadora y orientadora cuando existan los siguientes problemas en los CFDI: no se expida un CFDI, se emita con errores, le falten requisitos, sea cancelado sin motivo un CFDI de una operación existente y no se expida uno nuevo, no se expida el CFDI de pago, en emisión de CFDI de nómina y no exista relación laboral, se expidan CFDI y no exista relación comercial, entre otros supuestos. (Regla 2.7.1.49.)
  8. Declaraciones complementarias. Las declaraciones complementarias que se podrán presentar son las siguientes:

I. Declaración complementaria de “Modificación de Obligaciones”. Se deberá́ presentar cuando los contribuyentes modifiquen datos manifestados en una obligación previamente presentada o cuando los contribuyentes no efectúen el pago por la línea de captura dentro del plazo de vigencia.

II. Declaración complementaria de “Dejar sin efecto obligación”. Se deberá́ presentar para dejar sin efectos obligaciones con errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado.

III. Declaración complementaria de “Obligación no presentada”. Se presentará cuando el contribuyente haya dejado de presentar una o más obligaciones, sin modificar los datos declarados en las otras obligaciones.

No se computarán dentro del límite de declaraciones complementarias, las declaraciones a que se refiere el inciso I, siempre que únicamente se modifiquen los datos correspondientes a la actualización y recargos, así́ como las declaraciones complementarias a que se refieren los incisos II y III. (Regla 2.8.4.4).

Otras actualidades fiscales:

En el portal del SAT ya esta disponible el aplicativo para presentar los avisos para aprovechar el estímulo fiscal de tasa reducida de IVA del 8% e ISR para la Zona Fronteriza Norte y Sur, decretos que fueron publicados el 30 de diciembre del año pasado.

El pasado 11 de enero se publicaron las tarifas de ISR aplicables a personas físicas, en dichas tarifas se reconocen los efectos de la inflación, y con estas se estará disminuyendo la carga impositiva derivado de los efectos inflacionarios.

Por Pedro Higuera

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Análisis y Opinión

Censura y sollozos desde la investidura

Felipe Monroy

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Si bien se puede compartir la preocupación expresada por algunos líderes sobre el control ideológico que los gigantes informáticos han decidido implementar con mayor agresividad en sus plataformas no hay manera de concederle al presidente Donald Trump sus lloros sobre la ‘censura’ que “pretenden imponer” sobre su persona.

Vamos por partes. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos que derivaron en la suspensión de las redes sociales de Trump ciertamente evidenciaron una práctica que se ha tornado cada vez más frecuente entre los usuarios de estas plataformas de divulgación de contenidos. El control que las empresas comienzan a tener sobre los contenidos que pueden o no divulgar los usuarios de las plataformas no sólo se limita a actos ilegales ni de seguridad; en estos momentos es ampliamente evidente que ciertas empresas de redes sociales censuran contenido debido a su posición ideológica y a sus intereses comerciales.

Lo anterior no es nuevo y por lo menos los últimos 10 años se ha pedido formalmente a los creadores de estas plataformas explicación sobre los alcances políticos, económicos y sociales de la potencial mal utilización de los datos de los usuarios. Lo que hasta ahora sabemos, por desgracia, nos provoca escalofríos.

Justo en esta semana, millones de usuarios migraron de la plataforma de mensajería WhatsApp (de Facebook) a Telegram (su más cercano competidor) debido a ajustes en las políticas de privacidad de la primera que básicamente formalizan lo que la plataforma hacía desde hace años: usufructuar la información que en ella vertimos para obtener de nosotros comportamientos de consumo comercial o consumo cultural.

Lo he dicho en otras ocasiones, es tan eficiente y profundo el éxito de estas empresas que se podría decir que son capaces de ‘hackear la psique y el comportamiento humano’. La polarización social, el hiperconsumismo, la defenestración de principios de dignidad humana e incluso el negacionismo suicida de la realidad son evidencias de que lo anterior es posible.

El analista Mark Williams en su estudio de enero 2021: “Comparativo de aplicaciones de mensajería digital” analizó bajo 35 reactivos verificables los semáforos de riesgo en las plataformas conocidas. En realidad, todo el universo existente de aplicaciones implica más de cuatro alertas rojas; algunos tienen 24 ámbitos de preocupación.

Dicho lo anterior, es posible empatizar con quienes ven peligro en las plataformas; pero no es posible conceder a un mandatario como Trump su amarga queja sobre lo que cree en censura. El presidente norteamericano tiene a su disposición la infraestructura y abultado presupuesto del gobierno para colocar en la agenda nacional e internacional su pensamiento; pero, incluso si no lo tuviera, el líder de los Estados Unidos es revestido con una singular investidura que le da la facultad de convocar a cualquier medio de comunicación en cualquier momento del día para cualquier ocurrencia que desee expresar y llegue a todos los rincones del planeta.

Al cierre del año pasado, la plataforma Netflix presentó el mockumental ‘Muerte al 2020’ en el que pinta de cuerpo entero esta actitud con una parodia de la exasesora de Trump, Kellyanne Conway. La trumpista afirma que se ha dado la tarea de “denunciar la ominosa censura” contra su facción en decenas de cadenas de televisión, decenas de programas de radio y otro montón de programas por internet.

Por desgracia, es una posición que adoptan otros liderazgos. López Obrador, por desgracia, nuevamente demostró su cercanía ideológica con Trump al criticar las acciones de los dueños de las ‘benditas redes sociales’: “No me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter… eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas”, dijo el mandatario que tiene capacidad de ejercer 3 mil 245 millones de pesos en publicidad oficial.

Es decir, con las benditas redes sociales, sin ellas o a pesar de éstas, el presidente de México cuenta con recursos más que suficientes para comunicarse con la ciudadanía; y, al mismo tiempo, también tiene la obligación de proteger que el derecho de voz, expresión y manifestación de todos los ciudadanos se tutele por las instituciones que él comanda. Ese sí es asunto de Estado.

Como responsables en turno en la oficina de Estado, los líderes democráticamente electos tienen los medios y la investidura para garantizar que no haya censura, que a los ciudadanos se les respete su libertad de expresión y saber prescindir de aquello que quizá los llevó al poder pero que no los legitima.

LEE Bloqueo, recurso desesperado

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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