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Análisis y Opinión

Lenguaje inclusivo: ¿imposición o libertad?

Felipe Monroy

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La batalla por el dominio y la exclusiva validación del lenguaje o de las ‘formalidades’ idiomáticas en la sociedad es un vasto y complejísimo fenómeno que hunde sus raíces en diferentes momentos históricos y culturales de la humanidad. Y, si bien muchos de aquellos ‘momentos’ se han acrisolado en el pasado no podemos sustraernos de la posibilidad de que nuestro ‘ahora’ es el ayer del mañana.

Parece una verdad de Perogrullo; sin embargo, no tener esto en mente nos puede obnubilar la mirada u obscurecer el horizonte sobre las características ontológicas del lenguaje que no es sino un complejo sistema adaptativo de uso dinámico. Comencemos indicando que el lenguaje sirve para que diversos agentes en una comunidad actúen recíprocamente los unos sobre los otros; que es un sistema en permanente adaptación; que el comportamiento en su uso depende en buena medida de la percepción o motivación que puede dar sentido de comunidad al hablante; y, finalmente, que la estructuración de sus reglas emerge de los patrones en la experiencia, la interacción y la conceptualización de las ideas.

Dicho lo anterior, un lenguaje es tan incluyente o excluyente como los intereses de los interactuantes o las motivaciones de sus usuarios. Así, para ser ‘percibido’ de cierta manera en específicas comunidades y espacios de diálogo se elige un tipo de lenguaje (a veces incluso un tipo de lengua) y dicha elección está esencialmente ‘motivada’ por interés de precisión conceptual, de pertenencia o de privilegio excluyente.

Hoy nos parece sumamente lejana la época en que la lengua ‘necesaria’ para compartir, validar y contrastar el pensamiento científico e intelectual fue el latín culto; y no suele inquietarnos cómo fue que la lengua inglesa se erigió en el siglo XX como el idioma de contraste y diálogo universal. Aquella transición, sin embargo, se asimiló en un largo, dinámico y complejo proceso de validación del sistema de un nuevo lenguaje científico. De la percepción de la comunidad científica hacia las producciones en inglés tanto como los intereses de pertenencia que motivaron a nuevos creadores en dominar esta lengua y hacerse escuchar.

Este ejemplo es un caso extremo sobre cómo nuevas dinámicas de lenguaje pueden abrir caminos incluso a la transición de lenguas enteras en comunidades específicas. Y, sin embargo, estos procesos los vemos de manera cotidiana sin sorprendernos mucho. Como escribió Rubén Conde, hoy “ya no hacemos viajes en carretera, sino road trips”, como tampoco ‘arruinamos la trama’ sino que spoileamos productos; y así.

Hace medio siglo, por ejemplo, en la prensa mexicana -especialmente en las notas policiacas- se utilizaban cultismos hiperbólicos para hablar de prostitución. Si en los años ochenta se utilizaban eufemismos como ‘de la noche’, ‘de la vida galante’ para referirse en específico a las mujeres que ‘ejercían el más antiguo de los oficios’; en los años cincuenta se hablaba de ‘daifas’ o ‘hetairas’. El lenguaje cambió y volvió a hacerlo. En todo caso, aquel lenguaje en la prensa siempre se enfocó al tratamiento exclusivo de mujeres. Hoy hay toda una comunidad que reclama la injusticia en esa interacción, una comunidad cuya percepción de aquel lenguaje es negativa y una comunidad que tiene motivaciones para vivir bajo nuevos patrones de experiencia y conceptualización de ideas.

Y quizá a su nuevo lenguaje le denomine ‘inclusivo’; pero no olvidemos que tal lenguaje es un sistema complejo que juega entre motivaciones y percepciones, no entre justicias ni inclusiones. Insisto: el lenguaje es tan incluyente o excluyente como los intereses de los interactuantes o las motivaciones de sus usuarios.

Ha sido el escritor Juan Manuel de Prada quien explicó con claridad meridiana que la palabra ‘sororidad’, por ejemplo, es mucho más excluyente que ‘fraternidad’; porque la primera excluye al género masculino mientras que la segunda incluye a toda la diversidad de la raza humana.

Debemos reconocer quizá que, el lenguaje autodenominado ‘incluyente’ puede (y debe) auxiliar a que miembros de ‘cierta comunidad’ interactúen ‘recíprocamente los unos sobre los otros’ pero dicho lenguaje no obliga (y no debería forzar) a otra comunidad a interactuar en los mismos intereses o bajo las mismas motivaciones.

Así, mientras es positivo que existan personas con motivaciones de interacción legítima para comunicarse con otras personas cuya psique o percepción de interacción requiera cierto lenguaje; es absolutamente pernicioso que la percepción de interacción de unos obligue (por ley o presión) a otra comunidad cuyas motivaciones o percepciones de lenguaje no necesariamente compaginan.

Es decir, la verdadera riqueza del lenguaje se vive en la libertad de su expresión y en la acumulación de experiencias en diversas comunidades; y si la acumulación reiterada de dichas experiencias se torna en patrones de conceptos e interacciones, entonces tendremos nuevas reglas, un nuevo lenguaje estructurado. Hasta entonces, nuestro ‘ahora’ será un interesante pasado.

LEE Iglesia 2024

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Dos crímenes, una víctima

Felipe Monroy

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Quizá no le sorprenda, pero los periodistas somos los principales consumidores del periodismo que hacen nuestros colegas. Es un deber pero también un placer. Con frecuencia nos provoca interés y cierta envidia profesional porque aquellos llegaron a donde nosotros no pudimos, vieron lo que pasamos por alto o describen lo que omitimos. También, por desgracia, en ocasiones el sentimiento es menos feliz.

En los últimos años, gracias a los algoritmos, robots y demás avances en la tecnología de datos, ha crecido un fenómeno deleznable en el comercio de información: el pillaje informativo, la piratería de noticias y el canibalismo periodístico que ejercen centenares de pseudoperiodistas o, peor, millares de ladrones informáticos que, sin pudor ni honor, roban la información trabajada por otros medios para venderla a sus propios clientes.

Debemos distinguir una sutileza: los periodistas consumimos el trabajo de otros periodistas para mantenernos informados y para obtener una pista, un pie o una excusa para desarrollar nuestro propio esfuerzo y talento; pero el crimen sucede cuando se hurta el trabajo y contenido de otro medio que le cuesta patrocinar a un profesional. En el universo digital existen medios informativos que se hacen cargo de sus editores y periodistas tanto como de las noticias que publican; pero también allá afuera se encuentran espacios que roban información de los primeros para abultar sus portafolios de oferta que venden a ingenuos clientes.

Y, sin embargo, no es un fenómeno actual. Gracias al trabajo de Ylieana Rodríguez González podemos rastrear a finales del siglo XIX un peculiar episodio entre los periódicos El Nacional y El Monitor Republicano. En el primero, el genial Ángel del Campo ‘Micrós’ publicaba su novela La Rumba y en su undécima entrega describe un asesinato en El Callejón de las Mariposas; algún redactor de El Monitor tomó por cierta la historia publicada en El Nacional y la reprodujo íntegra para sus lectores sin saber que era ficción. Evidentemente, quienes repararon en la pifia no dejaron de pitorrearse de la plantilla republicana; el resto, simplemente adoptó una mentira.

Es claro que el peor crimen de un medio informativo es facilitar que sus audiencias adopten una mentira; es, por tanto, una irresponsabilidad facinerosa copiar y pegar artículos o noticias de otros medios sin dar los créditos respectivos o sin verificar la certeza de dicha información. Ciento treinta años más tarde de aquel episodio y con todo un nuevo elenco de avances tecnológicos, estas fechorías pueden provocar mucho más que escarnio.

La más reciente filtración de documentos de Facebook y las reiteradas denuncias de Frances Haugen contra el gigante tecnológico (que es dueño de Instagram y WhatsApp) revelan que la utilización de algoritmos, robots y mecanismos de promoción o censura en esta red social (suponemos que otras padecerán de las mismas tentaciones) “daña a los niños, avivan la división y debilitan la democracia”.

En efecto, basta dialogar personalmente con usuarios e instituciones que usan estas plataformas de exposición digital para conocer graves actos de censura, represión, confrontación, engaño y distracción que la red social ejerce contra la voz de legítimos clamores, contra las mentes más inocentes o contra la conciliación y la paz.

Ningún drama de estos parece ser mera coincidencia: ciertos ricos y grupos poderosos pueden incumplir las normas cuando publican discursos de odio o llamados a la ignorancia; países enteros parecen ser privados de las denuncias sociales gracias a acuerdos entre sus gobiernos y la red tecnológica; los algoritmos ‘recompensan’ ciertas apariencias, religiones, adquisiciones o actitudes sobre otras para uniformar criterios y homogeneizar la opinión pública; en la lucha por captar nuevos y cada vez más jóvenes usuarios las redes cambian sus dinámicas e interfaces para producir conductas adictivas y alienantes. Eso, sin contar los inconfesables acuerdos sobre el uso de la minería de datos para microsegmentar perfiles psicográficos de los usuarios y alimentar con precisión quirúrgica su exposición a contenidos que le hagan cambiar de opinión sobre tendencias políticas, ideológicas, comerciales o culturales.

La víctima de estas atrocidades no es otra sino la audiencia, el lector, el ciudadano simple que piensa que su acceso a estos medios es para informarse, entretenerse, encontrase con otros o conocer el mundo. Nada más lejano si los periodistas roban sin criterio la información de otros para venderla o si las redes alienan y enajenan en lugar de conectar y abrir el diálogo.
El remedio es simple pero exige trabajo: Intente conocer a sus periodistas, estoy seguro que nosotros queremos conocerle a usted.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

La contrarreforma eléctrica y sus riesgos

Ricardo Homs

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Ni todo es bueno, ni todo malo en la reforma energética aprobada en el sexenio pasado.
Es cierto que ha habido abusos y opacidad en la aplicación de la reforma energética del presidente Peña Nieto y evidentemente los ha habido por parte de muchas empresas concesionadas, así como de funcionarios a cargo de supervisar los proyectos.

Sin embargo, aun reconociendo que pueda haber corrupción, también debemos aceptar que hay muchos aciertos en esa reforma que no debemos destrozar para iniciar de cero y regresar a las limitaciones de antes.

Primeramente, reconozcamos que para regresar a la CFE el monopolio de la generación y distribución de la energía eléctrica se requiere tanto dinero que no es posible que este gobierno lo invierta en este proyecto y descuide otros importantes rubros de alto impacto social.

Juan Pablo Castañón, importante líder empresarial que presidió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) así como Coparmex, dijo en un tweet: “corregir abusos y distorsiones en el sistema de generación privada de electricidad, ok,…Sí al abasto a precio accesible para todos, pero no derogar los avances ya logrados!!!! Si insisten, habrá escasez. Recordemos el INSABI y el desabasto de medicinas”.

Definitivamente, sin el apoyo de la iniciativa privada en la generación de energía y descansando el mayor peso en el volumen de sus inversiones con el mayor porcentaje, el escenario podrá ser el desabasto de energía eléctrica y con ello, apagones en todo el territorio nacional.

Parece ser que tanto el presidente López Obrador, como el director de la CFE Manuel Bartlett y Rocío Nahle, secretaria de energía, no están enterados del grave problema de desabasto que se vivió durante el invierno pasado en el sur de Estados Unidos, en los estados con los que compartimos frontera, como Texas.

El mayor productor de gas del mundo es nuestro vecino estado de Texas pero aun así no tuvo el suficiente gas para surtir a su propio territorio durante varios días y este importante producto básico para la generación de calor dejó a millones de norteamericanos sin posibilidad de controlar la temperatura de su hogar durante una de las mayores tormentas de nieve de los últimos tiempos.

Además, al tenerlo restringido para el consumo interno en su país, las empresas texanas que eran proveedoras de gas para CFE fueron incapaces de suministrar este importante producto a nuestro país. CFE lo utiliza para generar electricidad y al no recibirlo oportunamente se generaron apagones en Tamaulipas y cortes de luz en Sinaloa, Sonora, Durango y Nuevo León.

Es importante recordar la experiencia del INSABI, pues es fundamental para entender el riesgo de una contrarreforma radical, pues igual que sucedió con la destrucción del sistema de salud que ya tenía experiencia y era eficiente, -aunque haya existido corrupción-, el resultado de empezar de cero con el INSABI fue el desabasto de medicinas.

Igual puede suceder con el abasto de energía eléctrica si el monopolio lo llegase a tener CFE, aunque dejasen un porcentaje minoritario del mercado en manos de la iniciativa privada, pues CFE como actor dominante impondría las reglas, con base en el control de la oferta.

El manejo de las verdades a medias ha sido determinante para cabildear temas de la agenda presidencial como la contrarreforma eléctrica, aunque sean verdades a media.

Utilizar como ejemplos del manejo fraudulento del consumo de luz a varias grandes empresas famosas es un manejo de verdades a medias, pues si bien pagan menos en proporción que otros consumidores particulares, es porque estas compañías invirtieron en su propio equipo de generación de energía eléctrica, para su autoconsumo.

En cuanto al precio de la energía, Carlos Urzúa quien fuera el primer secretario de Hacienda de este gobierno y además lo fue durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México explica los parámetros.

Urzúa publicó en El Universal su artículo “Ocurrencias sobre la electricidad”, que desmitifica el tema del precio de consumo de electricidad a partir del kilovatio/hora y lo describe como un sistema dinámico que tiene relación con el volumen de consumo y las variables climatológicas regionales, como siempre ha sido.

Además, explica que el caso de la cadena Oxxo, mencionada como deshonesta por el presidente, su tarifa tiene que ver con el hecho de que produce por medio de energías limpias las dos terceras partes de lo que consume.

Definitivamente, lo que conviene al país no es deshacer y destruir lo que se hizo antes, sino perfeccionarlo a partir de la experiencia cotidiana y castigar a quienes abusaron de las oportunidades de modo doloso, pues no debe existir impunidad.

Sin embargo, la política destructiva representa un grave daño patrimonial para México, pues significa dilapidar grandes inversiones ya realizadas y quizá recibir demandas costosas que tendrán que dirimirse en tribunales internacionales, que seguramente favorecerán a nuestro demandante.

El costo de las demandas internacionales puede ser altísimo.
Además, empezar de cero no garantiza eficiencia ni eficacia y menos aún un ahorro, pues representa un despilfarro injustificable.

¿A usted qué le parece?

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