Análisis y Opinión
Los retos de la seguridad privada
La seguridad pública ha sido un área de alta vulnerabilidad para la sociedad mexicana en todos los ámbitos, -principalmente durante los últimos años-, por la falta de capacitación del personal y una deficiente selección de candidatos para las vacantes de los cuerpos policiacos.
Los tres niveles de gobierno, -o sea municipal, estatal y federal-, no han sido capaces de garantizar la confiabilidad de las personas a las que se les encomienda la seguridad de la integridad física y patrimonial de los mexicanos. Por ello hoy vemos que ha crecido el contubernio entre policías y grupos delictivos, así como los abusos policiacos en contra de ciudadanos, -a los cuales es recurrente ver a través de denuncias en las redes sociales-, que les son vulnerados sus derechos humanos.
Por lo anterior, la iniciativa privada ha tenido que tomar control de la protección de sus propios bienes inmuebles y de sus actividades, con cargo a su propio presupuesto. Ha sido necesario contratar seguridad privada, la cual hoy representa ser la policía mejor capacitada del país y la que puede pasar exitosamente por los filtros necesarios de control moral, -además de un sistema institucional para vigilar la conducta de este perfil de policía profesional-, cuando las empresas pertenecen al sector formal de esta industria.
La seguridad privada ha asumido un rol fundamental para garantizar la propiedad patrimonial de las empresas. A esta industria pertenecen los guardias de seguridad privados que protegen a empresas, negocios, plazas comerciales, aeropuertos, sucursales bancarias y otros lugares de servicio público, así como el traslado de valores, el pago de nóminas, surtido de billetes para los bancos y otras instituciones y empresas, entre otros servicios como lo es la instalación y administración de servicios de alarmas, tanto de tipo empresarial como residencial.
Sin embargo, hay una gran indefinición jurídica que afecta esta actividad tan importante: es la falta de una “ley federal de seguridad privada” que cubra las necesidades de hoy, ya que la vigente está obsoleta y rebasada, además de la interferencia de las leyes locales, vigentes en las 32 entidades federativas.
El tamaño de este mercado es muy grande, pues lo conforman ocho mil compañías que operan a nivel nacional, generando 800 mil empleos directos de los cuales apenas poco más de 430 mil están dados de alta en el IMSS, -como derechohabientes-, mientras el resto, -casi el 50% del total-, operan en la informalidad. A su vez, de las ocho mil compañías sólo mil 200 están debidamente registradas ante las instituciones reguladoras del gobierno federal.
Este alto índice de informalidad, -en este sector de servicios de seguridad privada-, genera a su vez un riesgo de que muchas empresas, de las que no están debidamente registradas así como su personal-, carezcan de formalidad y sistematización en la contratación de personal, no pudiendo, -por tanto-, garantizar ni la confiabilidad que debe tener un vigilante que se integra a la infraestructura de una empresa, así como también que estos prestadores de servicios posean las competencias personales y profesionales necesarias para cumplir con su responsabilidad. Además, la capacitación para enfrentar las crisis naturales que surgen cuando se da un evento delictivo, y es necesario seguir protocolos operativos de experiencia garantizada.
La solución a todos estos riesgos presentes está muy próxima, pues en mayo del año 2021 la anterior legislatura del Congreso de la Unión aprobó y fue publicada la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Privada, de lo cual se estableció el compromiso legislativo de aprobar una ley general para regular esta actividad en congruencia con esta reforma constitucional ya aprobada, en un plazo no mayor a seis meses, fecha que caducó en noviembre del 2021, hace más de un año.
Por tanto, es urgente reactivar este compromiso legislativo para fortalecer y profesionalizar aún más a las empresas de seguridad privada que aún hoy permanecen en la informalidad.
Es urgente instrumentar ya la ley de seguridad privada que ponga orden y reglas claras de operación, para dar certeza a todo este sector, pues las regulaciones que hoy están vigentes generan conflictos entre las legislaciones estatales y las federales.
Según Armando Zúñiga Salinas, empresario de este ramo, “la Ley General de Seguridad Privada ayudará a distribuir competencias entre la federación, los estados y los municipios, mediante un permiso único, así como un registro personal”.
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Análisis y Opinión
Un asunto de dignidad
En estos días se discutirá y sancionará un diferendo apreciativo sobre los márgenes de la acción sanitaria y humanitaria en El Salvador que quizá pueda tener efectos en otras latitudes, incluido México. El tema es complejo pero en el fondo, hay un diferendo ante la permanente atención, vigilancia y decisión médica pertinente que buscó salvaguardar la vida de una mujer embarazada y la del ser en su vientre.
Se juzga al sistema local de proveer asistencia médica profesional durante varios meses para procurar el bienestar integral a las dos personas. Los quejosos plantean que hubiera sido mejor invisibilizar la existencia de una bebé discapacitada desde el inicio (aunque nació y murió después, no sin antes recibir nombre e identidad) y permitir que, desde la opinión –personalísima pero ciertamente inexperta y alienada por abogados– de la paciente, se impidiera al personal médico a pensar, ofrecer opciones u obrar conforme a su conocimiento, su profesión y su conciencia. La mujer murió años más tarde y su historia hoy es utilizada como una estrategia, como un relato de intereses contrapuestos.
Estos asuntos son, por desgracia, sumamente comunes en nuestra vida contemporánea. En el estilo de vida, poder y privilegio que hoy campea en el mundo, las personas están más cerca de ser mercancías (adquiribles, consumibles y descartables) que de ser comprendidas en su complejidad irrepetible y en su absoluta dignidad sin importar sus particulares orígenes, sus condiciones, su hado o ventura.
Existe una antigua fábula china sobre un supuesto ‘hombre compasivo’ de quien se dice pescó una tortuga para hacer sopa con ella: “como no quería que alguien llegara a decir que él había dado muerte a un ser viviente, encendió fuego, hizo hervir agua en una olla, colocó una pértiga de bambú encima de la olla a manera de puente y le hizo a la tortuga una promesa: ‘Si consigues atravesar el puente, te dejaré en libertad’”. La fábula relata que la tortuga puso toda su voluntad e hizo lo imposible al atravesar el puente sobre el agua hirviendo… pero el hombre, aplaudiendo su hazaña, le pidió a la tortuga que regresara “para ver mejor cómo había logrado la proeza”.
La fábula enseña que, los discursos disfrazados de compasión son aún más pérfidos. Esto nos lleva a pensar que, aunque los discursos actuales aboguen por las libertades, los derechos o el reconocimiento de las diversidades de la humanidad contemporánea –incluso son socialmente aceptadas las ideas de trascendencia y armonización plural social mediante gestos de solidaridad, responsabilidad y amor– siguen existiendo narraciones que sólo defienden el propio privilegio, el egoísmo, el utilitarismo o el pragmatismo económico, la comodidad del fuerte frente a la anulación del débil o la indolencia ante los fácilmente descartables, los que nadie extrañará en “este mundo atestado de humanidad, agresivo, competitivo y eficientista”.
Hoy, mientras algunos se distraen con luces en el cielo, por fortuna hay gremios enteros defendiendo a trabajadores sexagenarios, a minorías arrinconadas, a mujeres violentadas, a personas e historias desaparecidas, a niños agredidos o utilizados, a jóvenes sometidos o corrompidos, a localidades envenenadas y a usuarios engañados. La única razón que alimenta el espíritu de esas luchas sociales es ese asunto de dignidad que perfora las conciencias, conmueve corazones y motiva a la acción en esa larga marcha hacia el bien común.
Pero ¿qué sucede cuando la dignidad humana es relativizada? ¿Qué sucede cuando se anteponen supuestos políticos, económicos o ideológicos que condicionan este principio humano? Hay quienes insisten que la lucha obrera, ecológica, comunitaria o social debe estar sujeta a las condiciones políticas; otros que la dignidad de la vida humana debe estar limitada por las condicionantes de la economía y el mercado; otros más llegan a afirmar que la indignación social sólo es válida desde una sola orientación ideológica. Y aún así se llaman compasivos.
Lo que atestiguamos en estos días –desde el utilitarismo bélico internacional o las agendas de interés económico supranacionales– es la evidencia que descarta aquella fantasía laicista de los Estados neutrales. Las opciones formales políticas o económicas tanto de las tiranías como las democracias son decisiones éticas y hasta morales, pero jamás neutrales: ¿Cuáles son las fronteras de la sanidad pública? ¿Cuáles son los límites de la acción contra el negocio de la droga? ¿Dónde se separa el bien común del privilegio? ¿Qué o quién define el grado de dignidad de una persona humana? Porque si quienes deciden se parecen al hombre de la fábula, se llamarán compasivos mientras contemplan a los miserables luchar por su vida bajo las reglas injustas y las condiciones imposibles que ellos mismos han definido.
Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Análisis y Opinión
La riqueza de las empresas familiares
Según cifras del INEGI, el 97% del número total de empresas de México son microempresas
En un mundo tan inestable como el de hoy, -donde las empresas públicas nacen y desaparecen o se funden con otros corporativos-, las empresas familiares representan estabilidad, pues son el patrimonio de una familia.
Muchas de las grandes marcas icónicas europeas y norteamericanas, -que están rodeadas de glamour-, como las bebidas espirituosas finas, ropa de larga tradición, productos de piel, relojes y otro tipo de bienes, son familiares y tienen raíces que pueden llegar a dos o tres siglos de vida.
Por lo que toca a las microempresas en México, estas son totalmente familiares.
Según cifras del INEGI, el 97% del número total de empresas de México son microempresas y por ello tienen tanto peso social y representatividad y generan el 70% de las oportunidades laborales.
Sin embargo, la estructura organizacional de las empresas familiares constituyen una importante debilidad, puesto que se mezclan consideraciones subjetivas de tipo familiar, que luego impactan negativamente en la operación del negocio.
La empresa consultora Advanced Management Consulting Group, también conocida como AMCG, ha identificado esta grave problemática, pues mencionan que el 70% de las empresas familiares desaparecen con la muerte de su fundador y dicen que del 30% de las empresas restantes, que son las que sobreviven, solo el 13% sobreviven a la tercera generación. Y de ese número, apenas tres o cuatro por ciento llegan a la cuarta generación.
El problema parece ser la tendencia a contaminar la operación de la empresa con condicionantes de la relación familiar e incluso, con los conflictos.
Además, el modelo familiar, que generalmente tiene que ver con estructuras de liderazgo paternalista, termina transfiriéndose al negocio y cuando existe un liderazgo muy fuerte del fundador, al pasar la autoridad a un sucesor, que es un miembro de la familia que incluso puede ser de otra generación, podría ser que se propicie una lucha por el control y los beneficios que se derivan del liderazgo.
Tal y como lo manifiestan los directivos de la empresa Advanced Management Consulting Group a sus clientes, la solución está en la institucionalización de la operación, totalmente alejada de las condicionantes familiares, donde el objetivo fundamental sea la eficiencia y la eficacia y detrás de ésto, la rentabilidad.
El modelo que da forma y eficiencia a la operación de una empresa familiar es precisamente el “modelo de gobierno corporativo”, que es el que garantiza decisiones objetivas orientadas a la competitividad y la rentabilidad.
El gobierno corporativo blinda la sucesión, para que se dé de forma madura entre un fundador con poder y control incuestionable y la organización institucional que llevará la operación de la empresa, lo cual garantiza larga vida y sucesiones generacionales sólidas e institucionales.
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