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Análisis y Opinión

Resistencia: La infatigable opción humana

Felipe Monroy

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En estos días, el proyecto de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha revivido un largo y fecundo debate sobre el papel de los márgenes legales en la moralización de la sociedad mexicana respecto al derecho a vivir de un no nacido, la lucha por la plena dignidad de las mujeres y los mecanismos para proteger ambas existencias, ambos derechos y ambas dignidades.

A diferencia del pasado, cuando el debate parecía reducirse a las tensiones por la definición del inicio de la vida humana, en este renovado frente de discusión parece más relevante la pregunta sobre las facultades que tienen los intérpretes de la ley para definir qué derechos debería la sociedad considerar más importantes que otros.

Aquí ya no es relevante si la ley ve o no una realidad, sino si las decisiones de los jueces moralizan a la sociedad y con qué objeto. Las leyes no sólo buscan regular el comportamiento de la sociedad inmediata presente, en sus líneas se revelan los anhelos de la construcción ética y moral de la sociedad futura.

Hay quienes sólo ponderan a las leyes como custodios inamovibles de lo socialmente permitido; para éstos, la mera existencia de la ley ‘no matarás’ refleja sólo el espíritu asesino de la humanidad y el mecanismo de castigo para quienes aniquilen a un prójimo; sin embargo, el ‘espíritu’ de las leyes (como se estila llamarle) pone su mirada en el futuro en el que la palabra, la necesidad y el aprendizaje de las leyes insertas en la sociedad forjen cultura hasta hacer de la ley un principio y una reliquia invaluable de la historia y de la cultura a la cual recurrir más como inspiración de la identidad comunitaria que como catálogo de castigos.

‘La ley corrige las costumbres’ reza el adagio romano; pero en realidad es mucho más complejo: la ley corrige y crea costumbres, edifica principios de identidad comunitaria, es parte de la cultura de la que provenimos, de la que pertenecemos y de las culturas futuras a la que inspiraremos.

Por ello es tan relevante lo que sucede en estos días, porque en el oficio de los magistrados de la SCJN cae la pesada responsabilidad de aportar una lectura que no sólo sancione letras y leyes, sino que opte por una cultura por la que desea abonar, una cultura de la que es imposible que tomen distancia.

Es allí donde tiene sentido la resistencia como la actitud humana lógica frente a los cambios a la cultura que son dictados o sentenciados desde la presunta distancia aséptica que da la interpretación de las leyes. Si se persigue, discrimina o se da la espalda a una sociedad portadora de una cultura (en este caso, la cultura para la cual desde el primer momento del embarazo se considera digna la vida de un ser humano en gestación) es esperable que esa sociedad descubra o redescubra los principios, valores o tradiciones que la hace ser sí misma. Es esperable la resistencia de la cultura ante la aparentemente incólume decisión de un juez respecto a sus leyes; máxime, cuando esa ley, conceptualmente, no tiene puesta la mirada al futuro.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Iglesia renovada para un nuevo continente

Felipe Monroy

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Esta semana se realiza en México la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, un inédito encuentro de la pluralidad del catolicismo americano cuya motivación fue una recomendación del papa Francisco a los obispos del continente para que, en lugar de retornar al camino conocido de cumbres episcopales celebradas desde 1955, se emprendiera ‘ad experimentum’ la audacia de integrar, escuchar y corresponsabilizar a todo el espectro socio-religioso, popular y comunitario latinoamericano para que sus voces y sus compromisos revitalicen el papel, la identidad y la acción de la Iglesia en las emergencias contemporáneas de la región.
Si bien la elección de Francisco como el primer papa latinoamericano significó ‘una bocanada de aire fresco’ a la Iglesia universal, esta Asamblea Eclesial tiene la oportunidad de recordar por qué san Juan Pablo II llamó a América ‘El Continente de la Esperanza’.

Las novedades de este encuentro (además de su evidente realización virtual-presencial que ha agilizado, conectado, simplificado y economizado una asamblea continental donde hay participantes de más de 22 naciones) se explican en la actitud e itinerario de preparación: largos y profundos procesos de escucha para que muchas de las diversas voces eclesiales latinoamericanas tuvieran oportunidad de alzarse, ser valoradas y reconocidas sin pasar por el tamiz institucional, teológico o de control al que las conferencias generales episcopales se enfrentaron históricamente.

En la presente Asamblea Eclesial de AL y el Caribe no se ha dejado de recordar cómo diferentes fuerzas (a veces provenientes del Vaticano) controlaron, sancionaron e intervinieron los trabajos continentales de la Iglesia para acallar las voces que siempre han ‘anunciado y denunciado’ desde el Evangelio las realidades de la región. Una práctica del siglo XX que no sólo silenció voces proféticas de un catolicismo comprometido con los excruciantes dramas del pueblo sino que, incluso se valió de inconfesables arreglos con el poder político y económico para sostener privilegios cupulares mientras se continuaba engañando, sacrificando, manipulando y despreciando a los últimos y a los pobres.

Es claro que, incluso ahora, este riesgo no está conjurado; sin embargo, la apuesta del papa Francisco es abrir la Iglesia, desterrar el ‘clericalismo’ (que no es sino la fascinación por el poder y el influyentismo) para que esto no ocurra nuevamente, favorecer el diálogo horizontal, motivar el encuentro aunque en ocasiones sea ríspido y, sobre todo, que la Iglesia misione, camine con humildad junto a la riqueza cultural y espiritual de todos los pueblos del continente para defender, conservar y promover la paz, la justicia y el bien común en cada uno de sus territorios. Al respecto, la doctora Emilce Cuda, capo ufficio de la Comisión de América Latina del Vaticano, ha recordado que buscar la justicia social “es constitutiva de la práctica evangélica”.

Los problemas continentales son muchos: migración, pobreza, violencias, polarización política, manipulación del orden social y, claramente, la devastación sistemática y consumista de la Creación, de la ‘Casa Común’. Problemas que conducen inexorablemente al sufrimiento e incluso la desaparición de pueblos enteros; de allí la urgencia de una renovación de las comunidades cristianas para ofrecer la esencia de su fe encarnada, comprometida con el “proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado”, decidida a denunciar los efectos del egoísmo utilitarista, del tecno-capitalismo depredador, del relativismo ético y de los vicios del poder privilegiante.

Sin duda, un desafío enorme; un reto que sólo puede hacerse desde un compromiso integral, desde la ternura y el contacto personal, con audacia y esperanza, con la suficiente indignación y con desbordante creatividad para alcanzar la justicia y el bien común; pero, sobre todo, mediante la participación plural, a ras de suelo y horizontal de todos, todos, todos. ‘Sinodalidad’, le llaman en la Iglesia.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

De las sanciones a la madurez democrática

Felipe Monroy

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La semana pasada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutió amplia y profundamente cinco casos de potencial vulneración al Estado laico presuntamente cometidos por dos cardenales, un obispo y dos sacerdotes mexicanos durante el proceso electoral de 2021; en su opinión, los ministros de culto quebrantaron principios constitucionales sobre la separación de la Iglesia y el Estado que afectaron la equidad y la igualdad durante la contienda política.

Durante la presentación de argumentos, algunos magistrados dieron crudas apreciaciones contra los clérigos: “Se valen de su posición para manipular el voto” y “utilizan la fe para orientar o desorientar el voto, por lo tanto, el voto no es libre”, dijeron. Los magistrados turnaron a Gobernación su resolutivo en espera de que sea dicha instancia la que defina las sanciones contra los ministros de culto.

Como se sabe, las leyes mexicanas respecto a la libertad religiosa están atadas a condiciones históricas sumamente peculiares: tanto la Reforma como las leyes constitucionales post-revolucionarias no sólo separaron a las iglesias del Estado, sino que acrisolaron prejuicios y resentimientos entre el poder político y el poder eclesiástico que condujeron inexorablemente a la cruel, fraticida e ignominiosa Guerra Cristera. Luego, tras un largo periodo de silencio, simulación y convivencia utilitaria, se concretó un sustancial avance con el reconocimiento oficial de las instituciones religiosas. Reconocimiento que, no obstante, aún conserva prejuicios y sospechas contra las iglesias y sus ministros.

La muestra está en la resolución de los magistrados que parece confirmar que los ministros de culto, si no se les mete al orden, son capaces de utilizar cualquier medio para influir contra la libertad ciudadana en la elección de sus representantes políticos. El problema de esta hipótesis es la crítica que se hace a la madurez ciudadana, no tanto a las intenciones de líderes religiosos. El conflicto parece estar en una disputa de paternidad sobre una ciudadanía aún infantil, maleable y manipulable.

Lo triste es que parece que nada ha cambiado en cien años. Apenas el 14 de noviembre pasado se cumplió un siglo del atentado dinamitero contra la Virgen de Guadalupe que, si bien nunca se ha comprobado que el gobierno revolucionario de aquel 1921 fuera artífice directo, sí se ha verificado que, por lo menos, protegió y controló tanto al autor material como a los autores intelectuales.

Una de las tesis históricas de aquel evento explica que, en el nacimiento del ideal post-revolucionario mexicano y de sus primeras instituciones sociales, el nuevo Estado tuvo que engullir todas viejas instituciones para crear las nuevas pero el símbolo de la institución católica mexicana (Guadalupe) era imposible de devorar. Su destrucción parecía condición indispensable para un nuevo país; su milagrosa supervivencia, el fracaso de cierto proyecto revolucionario.

En todo el siglo XX, el Estado no renunciará a querer controlar la fe y las expresiones religiosas del pueblo; negándole el derecho a vivir en madurez su ciudadanía y su libertad religiosa: Un Estado que pareció siempre exigir una esquizofrénica realidad que divide la conciencia política de la conciencia religiosa en cada mexicano. Y no es sólo atavismo para la autoridad civil, muchos líderes religiosos también continuaron creyendo que su influencia política sobre el poder debía ser la esencia de su misión. Todavía en 2016, ante los obispos de México, el papa Francisco justo criticó esta actitud de perseguir ‘los carros de los faraones de hoy’ y pidió a los próximos sacerdotes ‘no ser clérigos de Estado’.

La experiencia reciente nos confirma que estas posturas son ya anacrónicas: ni la orientación religiosa del voto o de la conciencia política se concreta en las opciones de los ciudadanos, ni el prejuicio de trasnochados jacobinismos concreta la separación mental entre la conciencia religiosa y la conciencia política de un ciudadano libre.

En el reciente proceso electoral, por ejemplo, un obispo católico se arriesgó a violar la ley para pedir a su grey el voto por una candidata y un partido; perdieron. Ahora los magistrados piden sanción a otros ministros porque suponen que utilizaron la fe para manipular a los ciudadanos, ¿creerán que los ciudadanos aún no tienen madurez democrática para conciliar con libertad sus convicciones éticas y morales con sus aspiraciones políticas?

LEE Obispos votan por ajustes para ‘no ser Iglesia muda’

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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