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Análisis y Opinión

Sin inversión, la 4T no lo logrará

Cristian Ampudia

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Conversando

La 4T es enemiga de la inversión y no va a lograr una recuperación económica sin la ayuda del sector privado.

Así de claro, así de simple. Y quién diga lo contrario, ¿cómo explica que el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador pretenda aprobar la reforma a la ley eléctrica que anula la entrada de inversionistas al sector en México y favorece hacer crecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)?

Morena tiene la mesa puesta en el Congreso para dar trámite a la iniciativa preferente que mandó hace unos días López Obrador, aún y con todos los costos que se puedan tener de ser aprobada, como las previsibles demandas internacionales por violaciones a los tratados, porque obviamente la reforma anula cualquier tipo de competencia.

¿Por qué razón la 4T manda un mensaje de confrontación para los empresarios de la industria de los alimentos e impone un etiquetado que más allá del debate de si funciona o no, los obliga a hacer cambios y desaparecer personajes en los que se han invertido cantidades millonarias en empaques y estudios de mercado?

¿Por qué se decidió la cancelación de una inversión millonaria de una planta cervecera en Mexicali por medio de una “consulta”, cuando existían estudios previos de las mismas autoridades en materia que avalan la viabilidad del agua en la región?

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¿Por qué se decidió cancelar las subastas eléctricas que permitían a privados y a la CFE poder comprar electricidad a través de contratos de largo plazo, cuando eso representó pérdidas de miles de millones de dólares para México?

¿Por qué ahora se amaga a la iniciativa privada con querer borrar del mapa laboral en México la subcontratación, cuando es un esquema utilizado en todo el mundo para que las empresas puedan reducir costos en labores especializadas, pero se utilizan como argumento los derechos laborales de los trabajadores?

¿Los empresarios son entonces una víctima de la 4T? Evidentemente no. ¿En otras administraciones algunos sectores de la Iniciativa Privada se privilegiaron de la corrupción de otros gobiernos? Es claro que sí. Pero la lógica de esta administración de que es preciso amputar una pierna para curar la infección en un dedo, terminará siendo muy dañina para todos… al tiempo.

Twitter: @campudia



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Análisis y Opinión

Frente a la furia anticipada

Felipe Monroy

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Entre otras cosas, la pandemia no detuvo muchas de las crisis sociales que suelen permanecer soterradas o silenciadas por los acontecimientos que cíclicamente nos ocupan los espacios públicos de información o reflexión: diversas pobrezas y violencias se han mantenido en tenaz agresión tras las puertas de millones de hogares y comunidades contra personas concretas, vulnerables.

La agresión contra las mujeres (desde la primera infancia hasta las más avanzadas etapas de adultez) es un fenómeno que sigue inquietando tanto a investigadores sociales como a las autoridades civiles. Los varios lustros de leyes orientadas a sancionar de manera especial el abuso y las ofensas contra el sexo femenino parecen no cambiar la actitud social frente a este flagelo; incluso los esfuerzos de cambio cultural para visibilizar y promover una ‘perspectiva de género’ en todas las áreas institucionales y de convivencia social parecerían no sólo no abonar a la solución de los conflictos sino a aumentar la tensión entre sectores sociales en una grave crisis cuyas crecientes víctimas contemplan desde su vulnerabilidad la terca persistencia de nuestros errores.

Prácticamente todos los estudios sobre violencia en México hasta antes de la pandemia advertían un incremento de casos de abuso, maltrato o crímenes contra mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas). Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2020 se registraron 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 40 mil 910 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Después, la pandemia modifica la tendencia de los datos, pero quizá no del fenómeno.

Durante de las sesiones del Seminario Internacional “La perspectiva de la familia y el futuro de las sociedades democráticas”, el doctor Cándido Pérez Hernández reflexionó sobre la tendencia de crecimiento en las denuncias de violencia familiar en México, subieron un 17% del 2018 al 2019 y un 5% del 2019-2020. El aparente descenso en las cifras parece responder directamente a la imposibilidad de levantar denuncias o abrir carpetas de investigación durante la pandemia.

Aún así en el 2020 se presentaron denuncias por 54 mil 342 delitos sexuales; las autoridades de seguridad pública estiman que el 93% de estos delitos no se denunciaron ni presentaron carpeta de investigación. Según los datos, los delitos sexuales podrían haber crecido en 73% entre el 2015 al 2020.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja; y que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante su infancia; los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el ambiente familiar.

Aunque desde la postguerra del ‘45, los temas de equidad e igualdad entre varones y mujeres han estado presentes en la configuración de nuevas instituciones, espacios de diálogo y reglamentación para la sana convivencia social; fue apenas en 1995 cuando se incluyó la ‘perspectiva de género’ como un criterio diferencial en la aplicación de políticas públicas en las naciones contemporáneas. México ha hecho su parte: fundó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en 2005 y en 2007 se alcanzó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; “la primera ley en Iberoamérica en definir desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres las diferentes modalidades de la violencia -familiar, institucional, laboral, comunitaria y feminicida- y en instaurar los mecanismos para la erradicación de cada una”.

Hasta aquí parece que, al menos institucionalmente, se ha intentado mucho para mejorar un entorno y cultura pues, si bien ‘las costumbres corrigen las leyes’ también las normas alimentan nuevas costumbres. A partir de los datos someros, se podría concluir que la convivencia es aún peor que lo era antes de las leyes que promovían justo una cultura de equidad y respeto. La implementación de acciones positivas (incluso de la discriminación positiva) para eliminar las desventajas iniciales de las mujeres frente a los varones no se refleja en los casos de violencia, abuso y actos criminales contra ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ideas y acciones nutren los depósitos de ira y agresividad física y discursiva? ¿Quiénes vislumbran la furia anticipada y se apertrechan con armas y escudos antes de salir al diálogo y a la convivencia?

La indignación es comprensible, es compartible incluso (dijo André Gidé: “Cuando deje de indignarme, comenzará mi vejez”) pero también nos recuerda el adagio que lo que se consigue con cólera, con vergüenza termina.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

¿Ataques religiosos en México?

Felipe Monroy

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Se ha presentado en la Cámara de Diputados un dictamen que propone extender el criterio de sanción a los ministros de culto y asociaciones religiosas cuando cualquiera de estos promueva actos de discriminación. La iniciativa parece querer añadir otra pauta normativa a las ya existentes en la ley actual que distancian a los ministros de culto registrados ante Gobernación del resto de ciudadanos.

Independientemente de los procesos legislativos que estarán empujando o no esta iniciativa de reforma a la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público, llama la atención la redacción de la exposición de motivos presentada por la diputada Reyna Ascencio Ortega: “El objeto de esta iniciativa es reformar la Ley para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación… con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes”.

Para la diputada, las organizaciones religiosas tienen potencial de realizar ‘ataques’ y por ello es menester de las autoridades civiles imponer más sanciones. La diputada recoge tres notas de prensa que supuestamente evidencian la discriminación; en realidad las notas sólo hablan de la Iglesia católica (en México hay millares de asociaciones religiosas no vinculadas al catolicismo romano) y de actores en otras naciones como el Vaticano y el reino de España.

Por si fuera poco, la exposición de motivos recoge una opinión del papa emérito Benedicto XVI en la que afirma que cualquiera que se oponga a nuevos considerandos sobre la moral y la dignidad humanas es “excomulgado socialmente”; es irónico que el propio dictamen confirme lo dicho por Ratzinger pues pretende sancionar expresamente a quienes tienen un parecer distinto respecto a lo que se hoy algunos consideran ‘discriminación’ aunque no esté soportado por los derechos humanos.

En 2017, sin embargo, la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (SEGECEM) publicó unos ‘Lineamientos de actuación para la Prevención de la Discriminación’ con los que busca inspirar a todas las organizaciones católicas en México. El documento pondera que si bien todos los ministros de culto de la Iglesia católica gozan de los derechos de libertad religiosa y de expresión “estos derechos no son absolutos y deben respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes”.

Los líderes católicos piden a todos sus miembros un equilibrio entre la orientación de los fieles en la doctrina y el respeto a la ley: “La Iglesia debe exponer sin ambages la doctrina cristiana sobre cualquier aspecto, sea dentro o fuera de los templos, siempre y cuando se realice en absoluto respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales. Igualmente, debe emitir consideraciones de moral cristiana respecto de conductas o hechos, si bien se sugiere no hacer alusiones particulares sobre una persona o grupo de personas”.

Muchas otras confesiones religiosas comparten estos principios con los católicos: Expresar con libertad su doctrina sin vulnerar el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. Toda vía más, incluso si en sus órdenes constitutivos no lo contemplaran, las religiones en México deben ajustarse a estos principios puesto que ya están estipulados con claridad en la ley vigente de Asociaciones Religiosas en los artículos 6° y 9°.

Por tanto, la iniciativa sería algo menos que ociosa si no encontráramos en ella las siguientes joyas: “No se debe soslayar el poder espiritual… tampoco se debe soslayar el poder terrenal que gozan las asociaciones religiosas y que constituyen de facto una oposición a lo logros y a la lucha por los derechos de la población”.

Las motivaciones detrás del proyecto de reforma evidencian que estos legisladores consideran que las religiones en México, gracias a sus “poderes espirituales y terrenales”, son una oposición a la ciudadanía y a sus derechos. Que se lo digan a los millones de mexicanos y extranjeros que reciben auxilio, caridad, promoción y salvamento cotidiano por parte de los miles de asociaciones religiosas mexicanas.

Como sea, este tipo de iniciativas de coerción injustificada ya habían advertidas desde la SEGECEM en el mismo documento del 2017: “Existe el peligro de limitarla [la libertad de expresión] de una manera no razonable, lo cual es impropio del espíritu de una sociedad libre, plural, diversa y democrática… La libertad de expresión puede tener limitaciones razonables, pero las limitaciones solo deben ser las necesarias para el ejercicio lícito de los derechos de los demás”.

La mera existencia de un dictamen como éste así como las histéricas reacciones de tirios y troyanos revela la inmadurez ciudadana y democrática respecto a las posibilidades positivas de convivencia, participación y colaboración entre las más diversas organizaciones religiosas con el resto de instituciones sociales, evidencia la ignorancia y los prejuicios de ambos grupos radicales que aprovechan cualquier excusa para desacreditarse mutuamente con falacias e intereses de puro pragmatismo político-partidista.

LEE Regular lo posible, antes que lo inasible

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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