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Opinión

El atentado contra el Poder Judicial

César Ruiz

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Acabamos de presenciar un momento histórico. En la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó una reforma legal clamorosamente inconstitucional. Esto no es una sorpresa como tal, ya que poco a poco hemos presenciado en silencio y con una pasividad pasmosa, el cambio de norma fundamental en nuestro sistema jurídico.

Lo que queda de la Constitución Política de 1917 no es la máxima de nuestro país. Hoy la norma fundante del sistema  político-jurídico mexicano es la voluntad del pueblo sabio. La Constitución, en el mejor de los casos, es modificada a posteriori; en el peor, es completamente ignorada por el legislador que juró defenderla.

Así, a pesar de que nuestra Carta Magna establece que el Presidente de la Corte será electo para un período de cuatro años, y que Arturo Zaldívar Lelo de la Rea fue votado bajo esas premisas, el Senado ha propuesto en un artículo transitorio de una ley (una norma que debiera observar la Constitución) extender su mandato por dos años más.

El Poder Legislativo está decidiendo unilateralmente, sin facultades para ello y en contra de la Constitución, quién debe dirigir al Poder Judicial de la Federación por dos años. El Poder Legislativo acaba de colocar un artefacto explosivo en el recinto que debe velar por la Constitución.

Una lectura inicial y superficial nos podría llevar a acusar al Presidente de la Suprema Corte como copartícipe de esta infamia. Después de todo, es el principal beneficiado, único destinatario visible de la misma. Pero, ¿lo es?

Razones para creerlo no faltan: sus acusaciones generalizadas de corrupción y nepotismo en contra de los juzgadores federales, su desplante hacia los mismos al preparar la reforma judicial (paradójico que él no consultó y ahora parece no fue consultado), sus concursos para que sus colaboradores puedan aspirar a ser Magistrados de Circuito sin pasar por la carrera judicial; podrían considerarse como actitudes egocéntricas, como un desdén hacia el Poder Judicial que representa y como una necesidad patológica de acumulación de poder.

No obstante, el mismo Presidente de la Corte es uno de los constitucionalistas más prominentes del país. Después de todo, su prestigio jurídico es el cimiento de su exitosa carrera como profesional independiente.

Creer que don Arturo participó en esta historia, olvidándose de reformar primero la Constitución, menosprecia, o de menos olvida su formación, su experiencia y su sagacidad. Quien lo involucra en esta maniobra impropia hasta de un estudiante de segundo año de Derecho, insulta al Presidente de la Corte y sus conocimientos jurídicos.

Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reforma que extiende el mandato del Presidente de la Corte?

¿Será dinamitar al órgano encargado de proteger la Constitución? Si no lo es directamente, al menos cumple con el propósito con una precisión quirúrgica. Veamos.

En primer lugar, la calidad moral y la imagen de la cabeza del Poder Judicial de la Federación queda trastocada. No son pocos los que, llevados por una lectura superficial, lo acusarán de golpista, de cómplice de un sistema político, sin considerar lo escrito líneas arriba.

Los que analicen más detenidamente esperarán que ataque publicamente la reforma y considerarán su silencio como expresión de temor. Los que esperan este pronunciamiento se equivocan. Los jueces sólo deben hablar en un instrumento: la sentencia.

Por mucho que insistan que la Suprema Corte es un órgano político, la realidad es que ES un órgano jurídico, que incide en decisiones políticas, pero siempre y sólo siempre a través de sus sentencias. NUNCA a través de micrófonos y opiniones personales.

Ninguno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia puede ni debe pronunciarse publicamente sobre la constitucionalidad de una norma, por muy evidente que ésta sea. Su silencio no es complicidad ni temor. Su silencio es integridad y coherencia como juzgador constitucional.

Pero en una era en la que lo que importa es la opinión inmediata, la falta de pronunciamiento le restará credibilidad y fortaleza dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación.

En segundo lugar, la reforma naturalmente crea grietas en el Pleno de la Suprema Corte. La ampliación de mandato impacta directamente en las aspiraciones presidenciales de al menos dos de sus integrantes. Ello puede crear suspicacias respecto del destinatario de la misma. No es el que mencionan, sino los que no.

¿Está diseñada para evitar que Ministros críticos al régimen puedan aspirar a presidir la Suprema Corte de Justicia? Ahora, y a reserva de conocer al substituto del Ministro Franco, solamente una Ministra formada dentro del Poder Judicial de la Federación podría ser elegible en diciembre de 2024; el resto de aspirantes a la Presidencia de la Suprema Corte serían lo que la familia judicial llama “externos”.

En nada abona a la unidad si la que hoy es la máxima tribuna del país, señala que sólo el Ministro Saldívar es honesto y confiable. ¿Qué pensarán los Ministros nombrados en los últimos tres años?

En tercer lugar, la reforma sí o sí terminará en una acción de inconstitucionalidad. Quizás éste sea el mayor atentado contra el máximo tribunal.

¿Quién o quiénes se deberán excusar de su conocimiento? ¿Sólo el Presidente de la Suprema Corte? ¿No debieran excusarse también los que abiertamente aspiran a la Presidencia de la Corte y ven afectada su proyección profesional por la misma? ¿Y si se excusan los que aducen una relación personal con cualquiera de ellos?

Más aún, ¿pueden los Ministros conocer de una norma que impacta en la integración del Pleno, que incide en sus facultades y que modifica la decisión que tomaron hace más de dos años?

Si profundizamos en estos temas, no sólo se complica la posibilidad de reunir los ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma… ¡se complica hasta la posibilidad de que pueda ser analizada!

Si la acción se estudia y determina, como debe, la inconstitucionalidad de esta extensión de mandato podría dejar heridas profundas en la relación entre los tres Poderes de la Unión. Podría detonar ataques a la Suprema Corte. Podría reciclar el tema de los salarios de los juzgadores federales (que claramente no era una meta de la austeridad republicana, pues ha quedado en el olvido).

Si la acción se estudia y, por alguna razón, la Suprema Corte no reúne los ocho votos para declarar su inconstitucionalidad, sería un golpe fatal a su papel de garante de la Constitución, de la Justicia y la Democracia que de ella emanan.

Entonces no serían los Poderes de la Unión, sino el pueblo, quien podría exigir un nuevo orden constitucional. Un clamor que podría legitimar un cambio radical al Poder Judicial de la Federación… similar al ocurrido el 31 de diciembre de 1994. Algunas manos se comienzan a frotar de entusiasmo.

Sólo el tiempo nos podrá decir si la aprobación de esta inconstitucional extensión de mandato es un desatino aislado y hasta anecdótico, o si es parte de un plan que haría sonrojar al propio Nicolás Maquiavelo.

EN EL ÁGORA: En medio de esta tormenta, un Ministro está obsesionado con que la Corte resuelva asuntos relacionados con la despenalización del aborto. Más leña al fuego… por si hacía falta.



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Análisis y Opinión

Los diferenciadores electorales

Felipe Monroy

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Si hacemos caso a las campañas políticas que saturan los medios de comunicación estos días, básicamente hay dos escenarios para la construcción política mexicana: “O volver a la célula partidocrática de corrupción y privilegios que repartió la riqueza en las cúpulas de poder mientras se acendraban las injusticias sociales, o reafirmar un proceso de descomposición económica y democrática a través de un poder hegemónico monomaniaco de ínfulas autocráticas”. El gran escenario de la narrativa electoral parece insistirnos en que no hay otras historias sucediendo al margen de este drama nacional; pero se equivoca.

La narrativa electoral hoy se reduce a un absurdo terrible que quizá baste para quienes padecen delirio de analista político: ‘Aquel es peor que yo, yo soy mejor que aquel’. Sin embargo -dijo el impertinente-, la gente lista suele ser más callada. Y en sus silencios seguramente valora algunos diferenciadores en candidatos y escenarios postelectorales que lo animarán a emitir su decisión en forma de voto. Y esos diferenciadores, cuando elementales, están cooptados por la narrativa maniquea; pero cuando no -y aquí hay una gran porción de ciudadanos indecisos y que honestamente tienen preocupación por la responsabilidad que implica su voto-, hay ciertos diferenciadores que vale la pena atender.

Al contrario de lo que se cree, los diferenciadores del electorado respecto a las posiciones políticas de sus candidatos no están en los temas de consenso social como la transparencia administrativa, el bien común, el combate a la inseguridad y la pobreza, la promoción al empleo y a la economía, la defensa del medioambiente, etcétera. Los diferenciadores obviamente están justo en los temas polémicos: aborto, legalización de drogas, migración, censura y control de las libertades individuales (desde la libertad de expresión hasta la libertad religiosa), vigilancia del Estado, en fin.

Y es en esa pequeña franja de incertidumbre de se pueden ganar o perder muchos votos, eso lo saben bien partidos y candidatos. Así, por ejemplo, hay partidos cuyo marketing está aparentemente orientado a convencer a votantes provida pero cuya plataforma dista mucho de la defensa del no nacido; hay otros movimientos que alegan que la legalización de las drogas es para combatir el narcotráfico pero sólo favorecen un mercado irresponsable de estupefacientes; hay organizaciones que dicen mostrase sensibles a la migración pero no se manifiestan ante la militarización de las fronteras; y los últimas, partidos que dicen promover la libertad pero siempre encuentran la manera de estatizar la violencia para controlar la organización ciudadana.

Ante este panorama, resulta evidente la necesidad de plataformas que verifiquen permanentemente el decir y el hacer de partidos, candidatos y dirigentes sociales; que contrasten los discursos y califiquen sus acciones en el pasado, tanto los que buscan la reelección como aquellos que van iniciando en la carrera política. Este tipo de plataformas de análisis ciudadano son herramientas muy útiles para aquellas personas que no quieren limitarse a las narrativas simplificadas de nación que se promueven en las estrategias partidistas.

Una de estas herramientas es Voto Católico, organización ciudadana que contrasta las diferentes polémicas sociales contra la doctrina social y el magisterio de la Iglesia. Esta iniciativa estará relanzando su plataforma de análisis dirigida específicamente a los católicos mexicanos para que, desde una sólida documentación, se auxilie a los potenciales votantes a conocer a los candidatos en los diferenciadores que realmente le importan a este sector.

Así como esta organización, hay una pléyade de grupos de la sociedad civil que habrán de hacer su evaluación directa de candidatos, partidos y plataformas; son un imprescindible para la construcción de diálogo y conversación política.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

¿Acuerdo por la Democracia?

Cristian Ampudia

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Conversando

Uno de los grandes errores a corregir por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) es su papel de censor en las campañas electorales. Es así que durante años no son pocas las voces que se han pronunciado por quitar esa carga al Instituto, dado que no queda claro el abono real que tiene a la equidad de la contienda.

Las campañas en Estados Unidos, por ejemplo, son muy diferentes. Más allá del sistema electoral utilizado por el vecino del norte, la realidad es que en ese país no existe una camisa de fuerza que impida a candidatos y otros actores políticos hablar libremente durante el desarrollo de una campaña. En México, es diferente. Se entiende que a partir de 2007 los partidos de oposición pugnaron por que, en un afán de hacer la contienda más equitativa, buscaron silenciar al Presidente en turno para que la campaña tuviera piso parejo, pero hoy las cosas han cambiado y mucho.

Es menester mencionar que el “cállate chachalaca”, de Andrés Manuel López Obrador López Obrador a Vicente Fox fue uno de los detonantes para esas reformas que paradójicamente hoy tienen al INE en una posición muy complicada, pues es el mismo Presidente quien acusa de censor al Instituto. Y no le falta la razón, sin embargo el mismo Andrés Manuel pugnó en su momento por silenciar a Fox, entonces lo que queda claro es que falta congruencia.

Bueno, congruencia y algo más. Me explico, el 24 de marzo el Presidente firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia, en conjunto con gobernadores del país, en el que se comprometieron a no incidir en las elecciones para que tuvieran un cauce limpio y equitativo. Bueno, 48 horas más tarde, desde Palacio Nacional, López Obrador acusó que hay una estrategia contra su movimiento de transformación para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Ese mismo día comenzó el golpeteo al INE por el retiro de candidaturas a candidatos de todos los partidos, incluido Morena, por la falta de informes de gastos de precampaña.

A partir de ese punto, se vino un constante golpeteo, amagos e insultos a las autoridades electorales del INE que salpicó incluso hasta a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues fueron quienes validaron el retiro de las candidaturas a los aspirantes a los gobiernos de Michoacán y Guerrero, Raúl Morón y Félix Salgado, respectivamente.

Es así que prácticamente todos los días hemos estado escuchando al Presidente vociferar en contra del INE violando sistemáticamente su propio acuerdo y acumulando llamados del mismo Instituto a no interferir en la campaña. ¿De qué sirve que uno y otro lado sigan jugando el juego en ese círculo vicioso? López Obrador consigue lo que quiere, pues golpea y menoscaba la autoridad del INE, mientras que el Instituto está obligado por ley a seguirlo haciendo… ¡Qué necesidad!

Por no dejar

Cuestionado sobre el porqué nombró a Isabel Arvide cónsul de México en Estambul, Turquía, López Obrador respondió que lo hizo debido a que Arvide ha padecido la persecución desde el poder.

“Se trata de una mujer que nosotros le tenemos respeto, la señora cónsul Isabel Arvide, por eso se le nombró porque es una mujer que ha hecho periodismo desde hace muchos años, y ha hecho un periodismo polémico y ha padecido también de persecución y del poder y a eso se debió básicamente el que se le haya nombrado para ser cónsul. Es una reivindicación a su labor”, dijo López Obrador.

¿Persecución desde el poder? ¿Apoco también pretende mandar al extranjero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca?, ¿Suena absurdo? No menos que la respuesta que empleó el Presidente…

LEE El INE como ‘adversario’

Twitter: @campudia

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