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Opinión

¿Cede Iglesia visión de DDHH a Sistema Interamericano?

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Un replanteamiento profundo de principios se asoma entre las líneas del magisterio de la Iglesia católica latinoamericana para las próximas décadas. Si bien la larga construcción del magisterio de la catolicidad resguarda un abundante y no siempre brillante camino hacia la comprensión del reconocimiento de la dignidad humana y sus derechos fundamentales, los principios irrestrictos del valor de la vida humana nunca dependieron de las certezas o instituciones humanas sino del vínculo inquebrantable con el Creador.

Para los católicos, la conciencia del don de la vida humana (y con ella su dignidad y la protección de sus derechos fundamentales) proviene de la relación sagrada con Dios. Los derechos humanos, inscritos en el corazón de los seres humanos, no dependen de agendas ni ideologías. Nunca dependieron, pero quizá eso cambie pronto.

Por lo menos en las últimas dos ediciones de la ‘Guía de la Pastoral de Derechos Humanos’ elaborados por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), a través de su Equipo Latinoamericano de la Pastoral de los Derechos Humanos, la Iglesia propone “un camino” que requiere que la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “sea vinculante para los Estados, a fin que sus resoluciones sean aplicadas en forma expedita para la efectiva salvaguardia de los derechos de las personas afectadas por su violación”.

La Iglesia católica latinoamericana en su guía pastoral “Defiende el derecho, ama la justicia y camina humildemente con tu Dios” de 2011 (bajo la presidencia del arzobispo mexicano, Carlos Aguiar) y en su actualización “Iglesia en salida que ama, custodia y defiende la vida” publicada en 2018 (bajo la presidencia del cardenal colombiano, Rubén Salazar) deja en manos de los cambios culturales el devenir de los derechos humanos. Lejos de su naturaleza, los derechos humanos pueden ser creados, transformados o derogados según el contexto cultural lo vaya definiendo. Al menos eso recomiendan los numerales de ambos documentos, 74 y 171, respectivamente.

Esta convicción, que se replica y hace formativa para todos los católicos del continente, puede significar varios reveses a los principios y valores cristianos en materia de derechos humanos. Es sabido que muchas de las labores y resoluciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos responden al cabildeo y presiones de diferentes intereses, al lobbying de ONG’s y coacciones de las naciones o grupos de poder.

Y, sin duda, en el seno de la Iglesia católica continúa haciendo mucha falta la autocrítica para reconocer las inmensas y persistentes fallas institucionales o tradicionales ante las contradicciones de la promoción de la plena dignidad humana con el incumplimiento básico de garantías de las personas. Las no siempre agradables pero certeras críticas que recibe la Iglesia por casos terribles contra los derechos o la dignidad de las personas son fallas humanas, producto de la ignorancia y los contextos, pero no podemos decir que sean una opción de la institución cristiana.

En el ideal, el Sistema Interamericano debe funcionar como un límite y una barrera de contención ante la arbitrariedad estatal, ante los abusos de los gobiernos; pero ¿y si es justo el Sistema Interamericano el que promueve lecturas de cambios ideológicos que afecten los principios de la dignidad humana o del derecho natural?

El riesgo, según algunos especialistas, es que influencias políticas presionen la interpretación de los derechos humanos no desde su origen sino por las circunstancias que convengan a ciertos intereses: derechos no razonables, falsos derechos o falacias antropológicas a partir de criterios ambiguos como “el libre desarrollo de la personalidad”. De hecho, eso ya ha sucedido, como en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, en el 2012, donde la Corte redefinió la naturaleza del embrión humano.

Por el contrario, para los católicos, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2258 apunta: “La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin”. Para la Iglesia Latinoamericana, en el Documento de Santo Domingo de 1992, dejó en claro que una de las responsabilidades de los católicos pasaba por la promoción de los derechos humanos, “pero siempre desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia”.

En vísperas de la realización de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos, lo único que queda por preguntar a los pastores latinoamericanos es si continuarán apoyando que las resoluciones del Sistema Interamericano “sean vinculantes” y de “aplicación expedita” aun cuando éstas contravengan la doctrina de la Iglesia universal.

@monroyfelipe



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Felipe Monroy

No, la respuesta no es sólo narrativa

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En estos días, circulan entre diferentes redes sociales varias “propuestas” partidistas o politizadas que aseguran que lo único que hace falta en México es “un cambio de narrativa política” para favorecer un viraje electoral. Su lectura parece lógica pero incompleta y ligeramente ingenua. Afirman que los líderes políticos, los movimientos y las actitudes sociales sólo se manifiestan a través de dichas narrativas; como si la existencia de las realidades histórico-políticas dependiera de cómo son relatadas; creen, por ejemplo, que la ascensión del lopezobradorismo se reduce a una narrativa y consideran que sólo otra narrativa podría ser su final.

Es cierto que los relatos tienen una potencia transformadora real y que son un motivador actitudinal sin comparación: La publicidad, el mercadeo, la cinemática audiovisual y las nuevas herramientas prácticas de la comunicación política dan cuenta de cómo la asimilación y reconstrucción de historias alcanzan objetivos comerciales, emocionales y actitudinales concretos.

Pero la función de los relatos jamás ha sido lineal y consecuente; es decir, la correlación entre la narrativa y los sucesos histórico-políticos no es causalidad. El éxito de las historias (de la narrativa) con los objetivos que persigue pueden estar correlacionados pero no necesariamente la primera es una causa de la segunda.

Hoy es común encontrar personas, empresas, marcas, organizaciones, instituciones y hasta gobiernos que solicitan estrategias y herramientas de comunicación que logren “la manipulación de valores y estilos de vida gracias a narraciones ejecutadas sobre microsegmentaciones psicográficas de audiencias digitales” y no faltan las agencias que afirman vender esa fórmula. Por supuesto, hay consultorías y empresas con métodos muy potentes y afinados para lograr objetivos cercanos, pero hay algo que ninguna narración puede cambiar: la realidad.

Basta con revisar cómo aún en este avanzado siglo, los movimientos sociales y populares son detonados y alimentados en su indignación por injusticias concretas, por la humillación sistemática contra sus derechos sociales, laborales, educativos, políticos, etcétera. Las movilizaciones en Francia, por ejemplo, no nacieron de narración alguna sino del acto directo y antidemocrático de un poder abusivo que redefinió las cualidades de un derecho social obtenido medio siglo atrás; o los disturbios de Atlanta de enero pasado, aquellos fueron detonados por el asesinato del activista Páez Terán y no como parte de algún ‘storytelling’; la huelga en Israel nació de el intento de reforma judicial de Netanyahu… y la ‘marea rosa’ de la reforma electoral promovida por el gobierno de México.

La realidad, el contexto histórico-económico, es el lugar en el que se comprenden las narrativas. La realidad –dice incluso el papa Francisco– es más importante que la idea. La ‘plenitud de los tiempos’ no es el relato en sí, sino el contexto perfecto en donde el relato nace, crece y se transmite con el sentido performativo y transformador.

Ojalá esto comprendan los ciudadanos y actores políticos, así como los entusiastas de la narrativa (o storytelling para armonizar con el imperialismo lingüístico); porque la aspiración a liderar o dirigir cualquier movimiento o intención electoral no basta con gobernar la narración sino abrazar la compleja realidad para desde allí (sólo entonces) ‘construir narrativas’.

Hay que señalar además que es imperioso cuestionarse si los propios análisis de la realidad no son sino confirmaciones de nuestros sesgos, de nuestros prejuicios o nuestros deseos; de lo contrario, las ‘propuestas narrativas’ que se realicen y se intenten difundir a través de medios y redes sociodigitales serán exclusivamente leídas como malabares retóricos para obtener objetivos políticos inmediatistas y pragmáticos.

Una de las propuestas más alucinantes de estos entusiastas del ‘storytelling’ dice lo siguiente: “La nueva narrativa debe reflejar el país libre, justo, próspero y en paz donde queremos vivir los mexicanos, así como las formas como queremos construirlo”. Una ingenuidad total, ¿acaso la narrativa remedia por sí sola el rezago educativo, la inequidad social, el abuso industrial sobre el medioambiente, la represión estatal, la impunidad sistémica o la corrupción de los que sólo buscan su privilegio? No. La narrativa no se limita a señalar enemigos y a erigir héroes esperando que intercambien sitios por pura creatividad, sino que, desde lo más profundo de la realidad histórica (justo desde los invisibilizados, los descartados, los oprimidos y despreciados), escucha los sentimientos más auténticos y los articula en un relato contra la hegemonía, contra el orden establecido o contra el sistema que se ha impuesto.

Así que no, la narrativa no construye ninguna agenda por sí misma; en el mejor de los escenarios, inserta en las tensiones de la agenda social aquellas lógicas discursivas que incrementan la presencia u ocultan la relevancia de actores, personajes, instituciones o problemas. La narratología no se reduce al aprovechamiento de ciertas herramientas de discurso secuencial al servicio de políticas utilitarias; la ‘narrativa’ no es sólo un grupo de relatos lógicos y emotivos ubicados entre la propaganda y el mercadeo de productos, ideologías, personajes o actitudes. Si la narrativa es un extenso y sedoso tejido de historias, cada fibra es un extracto concreto y arduo de la realidad.

En conclusión, el problema no es que el juego político y comunicativo en esta época sea simplificado a las historias que se pueden crear, transmitir y, sobre todo, creer; lo que se pierde de vista es que no todo depende de la forma o la manipulación con las que se quieren “contar historias” sino de “tocar la carne herida” de esta realidad, de nuestros congéneres y nuestros semejantes.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Sobrerregulaciones frenan a la industria minera

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La industria minera ha sido un pilar de la economía mexicana.

Según estimaciones del INEGI realizadas en 2021 el sector metalúrgico representó el 8.6 % del PIB Industrial, (Producto Interno Bruto) y el 2.5% del PIB nacional.

Desde hace mucho tiempo México es reconocido como el primer productor de plata en el mundo, el quinto en bismuto, también el quinto en plomo , el octavo en oro, noveno en cobre, por citar algunos logros de nuestro país.

Esta industria genera más de 367 mil empleos y en 2020 representó una inversión de más de 3,500 millones de dólares.

Sin embargo, esta importante fuente de empleos hoy resiente graves riesgos, que limitan su futuro. En algunas zonas la intervención de la delincuencia organizada, que empezó cobrando derecho de piso y extorsionando a las empresas y hoy asume mayor control.

Otro grave freno al desarrollo de esta industria es la sobrerregulación, que permite a funcionarios públicos tomar decisiones que restringen el desarrollo de esta actividad industrial, como está sucediendo con el Proyecto Ixtaca, en la Sierra Norte de Puebla, donde la Secretaría de Economía se ha negado a otorgar concesiones, como ha sucedido a Minera Gorrión, empresa que lleva más de 20 años en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, habiendo generado una derrama económica regional de más de 60 millones de dólares, y teniendo un proyecto con el que pretende invertir casi 170 millones más, tan sólo en construcción, y más de mil millones de dólares en la operación, durante los próximos 15 años.

Esta actitud de la Secretaría de Economía, -encabezada por Raquel Buenrostro-, manda a toda la industria minera un mensaje de incertidumbre jurídica, lo cual seguramente desestimulará la inversión y con ello la generación de empleos.

Almaden Minerals y Minera Gorrión fueron notificadas de la decisión de no considerarlas viables como candidatas a recibir concesiones y para evadir mayor compromiso, solicitó al Juzgado Dos de Distrito de Puebla que negara las concesiones, argumentando deficiencias técnicas de los proyectos.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó expedir nuevos permisos, poniendo como condicionante para su otorgamiento la realización de una consulta previa en la comunidad nahua de Tecoltemi, -vecina del municipio de Ixtacamaxtitlán-, donde están las minas.

Daniel Santamaría, Vicepresidente de Minera Gorrión y responsable del proyecto Ixtaca, destacó que este proyecto generaría empleos y derrama económica por más de mil 170 millones de dólares, invertidos en la mina Ixtaca, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Es importante recordar que las instituciones gubernamentales tienen como principal encomienda ser facilitadores de proyectos y promotores de inversiones, que hoy necesita México para generar empleos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades y no el obstáculo que impida el desarrollo y crecimiento regional.

¿A usted qué le parece?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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