Carta abierta desde la Red Profesional por los Derechos Humanos

Por Guillermo Moreno Ríos

En el contexto actual, donde se debate la despenalización del aborto en diversos estados de México, es fundamental considerar todas las implicaciones y perspectivas para tomar una decisión informada y justa. La discusión no solo afecta a las mujeres, sino también a la sociedad en general y a los futuros ciudadanos. La legalización del aborto hasta las 12 semanas ha sido presentada como una solución para problemas de salud pública, pero es imperativo evaluar críticamente sus fundamentos científicos, éticos y sociales.

Desde la Perspectiva Bioética: El embarazo representa un continuo de la vida humana desde la concepción hasta el nacimiento, interrumpido irreversiblemente por el aborto. Este concepto debe discutirse explícitamente en cualquier proyecto de ley relacionado. Además, todo procedimiento médico conlleva riesgos, y es esencial considerar todas las implicaciones médicas del aborto. La participación del padre en la decisión sobre el aborto es un aspecto crucial que parece ser ignorado en todas las propuestas, lo cual podría fomentar la violencia y el abandono hacia la mujer embarazada. Deben implementarse políticas públicas de apoyo integral durante todo el proceso a las mujeres que opten por continuar con su embarazo; en el caso de las mujeres que decidan abortar, se les debe dar información amplia de los riesgos y complicaciones que existen, además se les debe garantizar un acompañamiento integral antes y después, para proteger su salud física y mental. La medicina sostiene como principio fundamental la protección de la vida humana, un criterio que debe regular la objeción de conciencia en los profesionales de la salud. Además, legalizar el aborto puede incrementar el estigma y afectar negativamente la salud mental de las mujeres que toman esta decisión, violando el principio bioético de no maleficencia, que busca evitar causar daño. A medida que el feto se desarrolla, adquiere una autonomía biológica que también debe ser considerada desde una perspectiva bioética.

Desde la Perspectiva de Protección Civil y Jurídica: El principio de protección de la vida humana se fundamenta en la idea de que la vida debe ser protegida desde su concepción, según la Constitución y los tratados internacionales. Esto implica que cualquier legislación, como la que permita el aborto hasta las 12 semanas, debe ser analizada profundamente para asegurar que no comprometa este derecho fundamental. Desde la perspectiva de la protección civil, cualquier legislación que permita la interrupción del embarazo es contraria al principio fundamental de defensa de la vida, cuyo objetivo principal es asegurar la integridad y seguridad de los individuos en todas las circunstancias, incluyendo decisiones legales sobre la vida humana. La despenalización del aborto podría incrementar los riesgos para la salud y la vida de las mujeres si los procedimientos no están adecuadamente regulados, abarcando riesgos médicos directos y problemas de salud mental y emocional. El Estado tiene un interés legítimo en proteger la vida humana desde su inicio, en consonancia con normativas tanto nacionales como internacionales, por lo que las leyes y políticas públicas deben alinearse con este principio básico para asegurar la protección efectiva de todos los individuos, incluyendo aquellos en gestación. La despenalización del aborto tiene implicaciones significativas en la salud pública y en la cohesión social, por lo que es esencial evaluar cuidadosamente estas consecuencias para prevenir efectos negativos tanto a nivel individual como comunitario.

El Derecho del Ciudadano a ser Consultado: La participación ciudadana en decisiones legislativas es un derecho humano fundamental reconocido por la jurisprudencia internacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La ausencia de un Parlamento Abierto y un diálogo público amplio en la discusión de la despenalización del aborto podría considerarse una violación de este derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las decisiones legislativas que afecten derechos fundamentales deben ser transparentes y consultar adecuadamente a la población afectada.

Cuestionamientos ante una Controversia Constitucional: Es crucial preguntarse si es constitucionalmente válido permitir el aborto hasta las 12 semanas sin considerar el derecho a la vida del no nacido. Además, el Estado debe enfocarse en políticas integrales de apoyo a la mujer embarazada en lugar de facilitar la interrupción del embarazo. Es responsabilidad del poder legislativo asegurar que cualquier legislación relativa al aborto respete los derechos humanos fundamentales y proteja la vida en todas sus etapas.

Exigimos respetuosamente la convocatoria inmediata a un Parlamento Abierto en cada uno de los estados en donde se pretenda tratar el tema y un amplio diálogo público sobre este proyecto de ley, dada su trascendencia y las graves implicaciones para nuestra sociedad. Estamos disponibles para ampliar esta conversación y proporcionar información adicional relevante para su consideración.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión integral de riesgos, resiliencia empresarial, seguros y derechos humanos.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx