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Columna Invitada

¿Quién nos reconciliará?

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Por Antonio Maza Pereda

A más de un mes de las elecciones, la sociedad mexicana sigue con un ánimo rijoso. Algo entendible en aquellos que perdieron y por mucho. Está bien: que pidan su derecho; pero no está del todo bien el modo de hacerlo. Los perdedores, que no han logrado todavía entender claramente por qué perdieron, siguen aferrados a que es una elección de Estado. Lo cual probablemente es verdad. Pero que no es la única razón por la cual, una proporción tan importante de la población, votó por propuestas diferentes de las suyas.

Por otro lado, nos encontramos en la 4T una intención de radicalizar sus propuestas, escalando los ataques a la prensa, a los jueces, a los magistrados, y en términos generales, atacando a una parte de la sociedad: los que no quisieron votar por ellos. Con lo cual solamente están confirmando los temores que tenían parte de los ciudadanos, lo que pasaría si la 4T triunfara: que habrían ataques y antagonismos fuertes. En medio de todo esto, no encontramos ningún intento de autocrítica. Es que la autocrítica no deben manejarla solamente los perdedores, sino también quienes ganaron.

Hay que entender por qué, después de tantas prédicas por ambos bandos, pidiendo una votación copiosa, seguimos teniendo una baja participación. Lo cual quiere decir: o que al votante no les importaron los resultados, o que no veía una diferencia clara entre lo que estaban ofreciendo los candidatos. Por otro lado, la 4T también debería de estar haciendo una especie de autocrítica. En el buen sentido de la palabra: no pensando de la crítica como algo que siempre es negativo. Sería muy importante entender también por qué ganaron. ¿Qué es lo que la votación les dice? ¿Cuál es el mandato de los ciudadanos?

Resulta con que ahora quieren llevar a cabo, de manera acelerada, una parte de sus propuestas, que no fueron la razón por la cual ganaron. No es lo mismo pensar que ganaron porque la ciudadanía comparte toda su plataforma, que suponer que votaron por agradecimiento con los apoyos sociales, o que ganaron por tener muchos más promotores del voto que sus contrincantes.

Es importante que, los que ganaron, sepan exactamente qué es lo que quieren los votantes que los apoyaron. ¿Cuáles fueron sus razones? De otra manera, están haciendo supuestos que probablemente no funcionen. Por ejemplo: es muy claro que mucho de la votación fue una aprobación a los apoyos sociales. De lo cual, no hay la menor duda. Sin embargo, también es cierto que las encuestas disponibles dicen que cosas como el famoso “abrazos, no balazos” no cuentan con la aprobación de la mayoría de la población. Y que muchos hablan precisamente de que esa es de las tareas pendientes que tiene la 4T. Actualmente, lo que están proponiendo es meramente continuar con la misma política, y es muy claro que no están siguiendo un mandato que les da la sociedad.

¿Qué es lo que se está haciendo? Hay un desgano general. Una molestia porque la casta política, no está entendiendo las cosas. Es necesario realmente lograr una despresurización del sistema. De muchas maneras. Tristemente, ninguno de los partidos, está tratando de hacer un esfuerzo serio por entender por qué ganaron o perdieron las pasadas elecciones. Y mientras no se sepa de una manera clara, es muy difícil que cualquiera de ellos pueda actuar en consecuencia con lo que la ciudadanía está pidiendo.

Las preguntas son: ¿puede nuestro país realmente soportar esos niveles de enfrentamiento? ¿Cuál es la importancia de lograr una reconciliación nacional? No estamos viendo un esfuerzo importante para lograr tal reconciliación. Y esto es extremadamente necesario. ¿Quién nos reconciliará? Por décadas tuvimos un sentido de nacionalidad, una hermandad, que no viene solamente de la educación, sino que procede de las acciones del día con día. ¿Cómo recuperarlos?

Necesitamos algunos acuerdos básicos. ¿Quién nos ayudará a reconstruir el patriotismo? Empezando porque, el concepto mismo, no nos queda muy claro. En aspectos éticos, si quiere usted, también en asuntos religiosos: acordar el sentido del bien y del mal, que es algo que se nos ha perdido. Lo que podemos llamar bondad o maldad, es uno de los acuerdos mínimos que toda la población debería tener muy claro. También el Estado de derecho, tan golpeado en nuestro país, tan perdido como concepto, que no tenemos claro y no sabemos realmente cómo recuperarlo.

¿Cómo podremos lograr esta reconciliación? El primer punto es, seguramente, tener claro qué hace falta. Hay que reconocer que no tenemos una unidad nacional que nos permita ir adelante. Y que seguir atizando la división entre los mexicanos, no puede crear la concordia que nos permita mejorar.

Para algunos, el asunto parece prácticamente imposible. Nos hace falta un Gandhi, y no se ve alguno en el horizonte. No falta quien dice, un poco en broma y un poco en serio, que solamente un milagro de la Virgen de Guadalupe puede volver a reconciliarnos a los mexicanos. Es posible que algo de esa magnitud haga falta.

Pero eso no quiere decir que debemos sentarnos a esperar a ver si el milagro ocurre solo. Es necesario aportar buena parte de nuestro trabajo, de nuestra vida, de nuestra actividad, para lograr precisamente esta clase de resultados. Y, además, con prisa. Urge lograr esta reconciliación.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx



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Columna Invitada

Reforma judicial y equilibro de poderes

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Por Rafael Estrada Michel

Toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la Justicia debe ser bienvenida en un país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público. Ahora bien, precisamente porque se trata de tutelar derechos fundamentales de quienes habitamos México es que debe cuidarse que las propuestas que ahora mismo se discuten no lesionen el entramado de una división de potestades que nos ha costado décadas instrumentar y poner en efectiva práctica más allá de pomposas proclamaciones normativas.

En referencia a quienes juzgan, el equilibro de poderes se debe traducir en independencia para seguir el criterio legal propio y para dictar las resoluciones que la conciencia del juez estime más apegadas a la imparcialidad y a la regularidad constitucional. Si una propuesta lastima esta posibilidad debe ser rechazada o reformulada. Someter a la Judicatura a la presión del escrutinio electoral y a la de mantener sus posiciones a través de sucesivas reelecciones suena bien, pero tal vez no sea una idea óptima. Los incentivos para que ministros, magistrados y jueces comiencen, como se dice coloquialmente, a torear para los tendidos, se hallarán perversamente alineados tan pronto como se les obligue a participar en elecciones populares. Ya lo vivimos en 1836 y 1857, sin más resultado que la sustitución de la voluntad del pueblo, imposible elector, por la del señor presidente Santa Anna, Bustamante, González o Díaz.

Quien realiza la difícil labor de juzgar debe tener claro que no tiene porqué agradar a nadie (mucho menos a quien lo propuso para el cargo) sino que su obligación es hallar la solución más justa al caso concreto en el marco de un orden, el constitucional, que se estima superior a veleidades partidistas, de intereses económicos o de fortalezas fácticas. Su labor es solitaria y frecuentemente incomprendida. No es, no es deseable que sea, un rock star.

Se pretende también, con la iniciativa que se discute, poner por encima del personal judiciario a un tribunal disciplinario encargado de sancionar a quienes, al juzgar, coloquen su conciencia y su saber por encima del difuso e inasible interés público. La cuestión es complicada y ha tratado de solucionarse desde hace siglos, sin que los órganos pesquisidores e intocables que se han puesto en funcionamiento hayan servido para algo más que para sentirse superiores a los Tribunales Superiores. Someter a las personas que juzgan a la obligación de aplicar exactamente las leyes generales y abstractas a los casos peculiares y concretos suena, de nuevo, bien, pero no sólo no es buena idea sino que resulta de imposible aplicación: aplicar la ley en sus términos literales se traduce casi siempre en renunciar a la Justicia y al Derecho.

El Derecho es complejidad, contexto e interpretación. No hay, en realidad, casos fáciles, y en los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre hallamos más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión. Hacer del juez la boca flaca, inerte y robótica de la voluntad legislativa resulta reduccionista y empobrecedor. Creer que su experiencia no importa a la hora de integrar el orden jurídico a base de resoluciones correctamente argumentadas implica negar uno de los capitales humanos más valiosos con los que contamos. Someter a quien juzga a pesquisas que partan de la sospecha de que sus pensamientos delinquen terminará por excluir a los audaces y someter a los cobardes. En ambos casos, la división de poderes quedará dañada, la imparcialidad judicial se tornará imposible y el acceso a la Justicia quedará como uno más de nuestros seculares anhelos inacabados.

Si se quiere pensar en ampliar la estrecha puerta por la que hoy por hoy transita la Justicia vayamos perfeccionando la carrera judicial -una de las pocas áreas de servicio civil que funciona en la República-, extendamos su benéfica influencia a fiscalías y defensorías públicas, estructuremos un modelo funcional de formación, capacitación y certificación de quienes operan el Derecho (incluyendo a juristas privados, peritos e investigadores policiales), profundicemos en las capacidades de control constitucional de nuestros altos tribunales lo mismo a nivel federal que local y, sobre todo, no permitamos regresiones decimonónicas como aquella que pretende volver a los efectos relativos de las sentencias de Amparo contra leyes, que sería tanto como volver a los aciagos tiempos en que sólo quien podía pagar los servicios de un carísimo amparista lograba verse beneficiado con la declaración de inconstitucionalidad que sobre una norma se sirviera dictar un juez (sí: un juez tutelar de derechos humanos).

Así como no hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave. Todo lo demás resultara en apacentarse con viento y, muy probablemente, en heredarlo.

Rafael Estrada Michel, Director general de Tiempo de Derechos

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Apoyos sociales

“Existen consecuencias negativas de estos apoyos”.

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Por Antonio Maza Pereda

Siempre será necesario apoyar a los miembros más débiles de la sociedad. Apoyos económicos, institucionales, logísticos, sobre todo en casos de desastre. A veces de manera permanente, cuando hay partes de la sociedad que no han podido desarrollar sus capacidades de manera eficiente. Es obligación de todo gobierno.

Hay una contraparte. Existen consecuencias negativas de estos apoyos. Cuando se reducen las iniciativas de los individuos y se pierden sus capacidades, se anulan las posibilidades de ciudadanos que podrían estar haciendo más. La clase política monopoliza la iniciativa.

Suplantar la libertad y la responsabilidad del ciudadano es algo dañino, sin duda. Hay que pensar cuál es el papel del gobierno y también de los grupos poderosos de la sociedad, para apoyar a quienes requieren ayuda. ¿Qué se puede hacer?

Además de apoyar, hay que lograr que los beneficiados se desarrollen, de modo que requieran menos de los apoyos y cada vez sean más autosuficientes. Algo que raramente vemos en los proyectos clientelares de la clase política. Todos, los individuos, las pequeñas empresas, los grupos intermedios, tienen algo que ofrecer a la sociedad. Sobre todo, los individuos.

Hay que tener cuidado de no estar dañando esas capacidades. No anular la iniciativa, para que ese dinamismo crezca. Que tenga apoyos suficientes. Pero siempre habrá que pensar que son actividades transitorias. Y que una vez que se han desarrollado las capacidades en los grupos sociales, hay que dejarlos a su propia iniciativa para que se puedan apoyar a otras agrupaciones, que todavía requieren de apoyos.

Nuestros apoyos sociales, ¿desarrollan capacidades permanentes en la sociedad? ¿Se da el hecho de que la clase política busca tener el monopolio de las iniciativas económicas y sociales? ¿Estamos acostumbrando a las clases más débiles a depender de la clase política, para subsanar sus necesidades?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Resumen de la 54ª Asamblea General de la OEA

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Por Guillermo Moreno Ríos

La 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se celebró del 26 al 28 de junio de 2024 en Asunción, Paraguay. Este evento reunió a representantes de los estados miembros para discutir y tomar decisiones sobre temas críticos para la región, destacando los principales puntos tratados y las posturas de diversos actores:

Declaración de Asunción y Resoluciones Clave

La Asamblea aprobó la “Declaración de Asunción: Integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región”, comprometiéndose a promover la cooperación regional en ámbitos como la seguridad, la defensa y la gobernabilidad democrática. También se aprobaron 22 resoluciones y 3 declaraciones adicionales que abarcan temas como la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Situaciones Críticas en Nicaragua y Haití

Se adoptaron resoluciones específicas sobre Nicaragua y Haití. En el caso de Nicaragua, se instó al gobierno a cesar las violaciones de derechos humanos y a restaurar las instituciones democráticas. Respecto a Haití, se respaldó al nuevo gobierno de transición y se solicitó ayuda humanitaria inmediata para el país.

Elecciones de Nuevos Jueces de la Corte-IDH

Uno de los eventos destacados fue la elección de tres nuevos jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH): Diego Moreno (Paraguay), Alberto Borea Odría (Perú) y Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay, reelección). Estos jueces asumirán sus funciones el 1 de marzo de 2025, lo que se espera aporte estabilidad y continuidad en la protección de los derechos humanos en la región.

Posturas y Reacciones

Presidente de Paraguay, Santiago Peña: Destacó la importancia de la Asamblea como una señal del buen posicionamiento de Paraguay en la comunidad internacional. Peña elogió la elección del juez paraguayo Diego Moreno para la Corte-IDH y presentó la candidatura del canciller Rubén Ramírez Lezcano para secretario general de la OEA, ya que ésta Asamblea marcó la última participación del secretario general actual Luis Almagro, cuyo mandato termina en 2025.

Conferencia Episcopal Paraguaya: La Conferencia Episcopal Paraguaya expresó su preocupación por algunas resoluciones propuestas que podrían contravenir la Constitución de Paraguay y afectar la soberanía nacional. Los obispos reafirmaron su compromiso con la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia tradicional, instando a las autoridades a defender estos valores nacionales e internacionales.

Global Center for Human Rights (GCHR)

Celebró los resultados de la Asamblea, destacando los esfuerzos por proteger las legislaciones nacionales y la voluntad de los pueblos americanos frente a la imposición de agendas progresistas. Resaltaron la eliminación de términos relacionados con “derechos sexuales y reproductivos”, evitando la promoción del aborto y la agenda del feminismo radical. También se protegió la definición y derechos de la identidad femenina y restringiendo la libertad de expresión en relación con el discurso de odio.

Previo a la 54ª Asamblea General denunciaron ante el Senado paraguayo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) usa financiamientos condicionados para imponer ideologías específicas mediante diversas ONGs. Según GCHR, esto podría violar las constituciones de los países receptores. Advirtieron que Paraguay debe estar en alerta frente a esta influencia y mencionaron el caso Beatriz como un intento de convertir el aborto en un derecho humano internacional, a pesar de que Paraguay defiende la vida desde la concepción según sus tratados internacionales.

Próxima Asamblea

La Asamblea General decidió que la próxima sesión ordinaria se celebrará en Antigua y Barbuda, cerrando un evento significativo para la región y reafirmando los compromisos de la OEA con la democracia y los derechos humanos.

La 54ª Asamblea General de la OEA en Paraguay fue un evento significativo que abordó temas cruciales para la región, destacando la importancia de la cooperación regional, la defensa de los valores tradicionales y la protección de los derechos humanos. Este evento representó un triunfo en la defensa de la soberanía nacional y los valores fundamentales de vida y familia.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión integral de riesgos, resiliencia empresarial, seguros y derechos humanos.
incide.guillermo@gmail.com

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Legitimidad y legalidad

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Por Antonio Maza Pereda

Aparentemente, son términos sinónimos. Sin embargo, en lo político y en lo social se pueden ver algunas diferencias. La legalidad en una elección, o en asuntos políticos, la definen los tribunales, quienes deciden si efectivamente se cumplió o no con las leyes. La legitimidad de los gobernantes, es algo que los gobernados le reconocen a quien gobierna.

Les dan reconocimiento porque inspira respeto, porque tiene un ascendiente moral. Puede ser que alguno sea legal, pero no legítimo. Por ejemplo, un partido político, gana una elección mediante trampas difíciles de demostrar. Lo pueden considerar legal, pero no será legítimo mientras los gobernados no reconozcan que cumple con sus obligaciones.

No se da este reconocimiento por cumplir con las normas, sino por cumplir con la sustancia de la ley. Cuando un gobernante no cumple sus deberes, cuando gobierna solo para una facción, no gobierna para todos, es difícil que se le reconozca su legitimidad. No se trata de gobernar nada más para la mayoría que lo eligió, sino que realmente gobierne para toda la sociedad. Cuando no gobierna para todos, hay discriminación.

Para asegurar la legitimidad, se requiere la vigilancia de la ciudadanía, que revisa que funcionen los contrapesos reales. Un concepto interesante, que por cierto fue creado por un gobierno socialista en Suecia, es el funcionario llamado ombudsperson. Es el representante del pueblo, una persona independiente, que no pertenece a ningún partido, que tiene el respeto de la sociedad. Se asegura de que el gobierno esté cumpliendo con sus obligaciones, respete los derechos humanos y ciudadanos y dé apoyo a todos los miembros de la sociedad por igual, no únicamente a los que lo han elegido.

¿Tenemos gobiernos legítimos en nuestro país? La ciudadanía, ¿vigila que los gobernantes gobiernen para todos? ¿Se respetan los contrapesos que deberían controlar a nuestros gobiernos?

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