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Opinión

Crisis periodística (2)

Felipe Monroy

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Primero la anécdota. En 2014, tras mucha insistencia de mi parte, logré una cita con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Hasta ese momento, el más importante colaborador de la Santa Sede no había atendido ninguna entrevista ni había dado perspectiva sobre sus principales intereses en el cargo. Para la reunión se especificó que no se trataba de una entrevista, pero se abrió la posibilidad de que el equipo de noticias realizara alguna poco más adelante.

Al concluir el encuentro le pedí al cardenal que su asistente nos tomara una fotografía y dije una frase de la que me arrepentí de inmediato: “Nadie me va a creer que vine hasta la Terza Loggia el Palazzo Apostolico a platicar con el secretario del estado Vaticano”. Y Parolin me espetó una tremenda lección: “Para ser periodista, debe usted ganar más credibilidad”.

Decidí, por supuesto, no publicar la fotografía y depositar mi sola narración de aquel encuentro en la generosa confianza que los lectores quisieran darme.

De eso trata esta crisis periodística: credibilidad. Hay un fenómeno creciente de descrédito de los medios de comunicación y sus periodistas. Y el tema no es menor.

La semana pasada se divulgó una lista de empresas y periodistas que han recibido dinero por parte del gobierno federal mexicano. De inmediato se crucificó a los profesionales de la información y en parte es nuestra culpa; no hemos ayudado lo suficiente a la sociedad a hacerse las preguntas correctas -ni los hemos acompañado- cuando desde el poder se difunde una idea ambigua o malintencionadamente confusa.

Ante aquella información debimos ayudar a clarificar legítimas inquietudes: ¿Basta esa lista para verificar que fueron los periodistas los que recibieron directamente este dinero para favorecer a un grupo de poder? ¿O apenas son datos que nos muestran cómo empresas de comunicación privadas cobraron de manera legal y formal contratos de publicidad de las actividades de entidades del gobierno? ¿Esto último será válido, está claramente regulado o en qué condiciones puede afectar al libre ejercicio periodístico? ¿Cuáles son las fronteras entre la prestación de un servicio profesional y la complicidad utilitaria entre prensa y gobierno?

Sin embargo, algunos de los personajes en la famosa lista prefirieron defenderse antes de ayudar a sus audiencias a preguntarse y entender lo que está sucediendo. Cómo no vamos a adolecer de credibilidad si no miramos más allá de nuestros intereses. Esto nos lleva a la verdadera pregunta que debemos hacernos los periodistas: ¿Qué tipo de profesionales somos para las necesidades de comunicación e información de la sociedad? ¿Qué queremos de usted y de las autoridades para ejercer con libertad y compromiso social nuestra labor y nuestra pasión? ¿Qué tipo de credibilidad hemos construido con nuestras audiencias por la manera como nos desenvolvemos ante el poder o por el profesionalismo con el que hacemos nuestro servicio? ¿Qué ha fallado hasta ahora en el modelo de empresas de información que sugiere o parece indicar a nuestros lectores que los contratos de publicidad o servicios profesionales acallan o censuran nuestras opiniones, las investigaciones o la manera en cómo la información tiene que llegar a la sociedad?

La tarea para los periodistas no ha cambiado: hacernos indispensables para la sociedad. Indispensables por mantenerla informada, por ayudarla a comprender fenómenos complejos, por desvelar los excesos del poder y las omisiones con los desfavorecidos, por ayudar a mirar los rincones oscuros y por tender puentes entre la ciudadanía y las instituciones. En fin, por asumir la responsabilidad al ejercer este complejo servicio de búsqueda, de diálogo y transmisión de la verdad.

Lo he escrito en otras ocasiones: los periodistas podemos ofrecer una mirada apasionada por el hombre, por su cultura y por su trascendencia; y, al mismo tiempo, desapasionarnos de los poderes temporales, de las jerarquías efímeras y de las tiranías de lo inmediato. La identidad institucional es mutable, evoluciona, porque los intereses de los personajes y grupos que la conforman no coinciden, porque las instituciones humanas siempre estarán sujetas a jerarquías inestables.

Por el contrario, la identidad del periodista resplandece al nombrar y actualizar el inmarcesible andar de sí mismo y de sus contemporáneos a través de las largas penumbras de la sociedad, de testimoniar la realidad con noble duda porque el periodismo se hace siempre sobre lo incógnito, manteniendo vivo el asombro a cada paso y, sobre todo, compartiendo la confianza de que nunca nadie camina en la absoluta oscuridad.

@monroyfelipe

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Columna Invitada

Ingrid y Mariana; inagotable la violencia contra las mujeres

En en 2020 hubo 940 víctimas de feminicidio en el país, dos mil 783 mujeres asesinadas dolosamente y un sinnúmero de agresiones ignoradas o no denunciadas.
 

Jorge Francomárquez

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¿Qué hace falta para que la denuncia de una mujer sea atendida?

La cifra de mujeres que nos hacen falta es aterradora: en 2020 hubo 940 víctimas de feminicidio en el país, dos mil 783 mujeres asesinadas dolosamente, y un sinnúmero de agresiones, violencia y denuncias sociales, ignoradas o no denunciadas.

Si las voces de alerta de muchas de estas mujeres hubieran sido atendidas durante su aviso o denuncia, hoy seguramente tendríamos otra historia.

El empoderamiento de la mujer y las acciones de equidad de género son vitales, pero es indispensable que el hombre sea parte de la redefinición de valores, porque de manera equivocada -genéricamente hablando-, piensa que es superior a las mujeres.

En los hechos no hay respeto, no hay jerarquías por el bienestar y la vida de las mujeres. Además, estamos atrapadas entre un sistema de seguridad y justicia incapaz de prevenir y distinguir cuando una mujer está en apremio.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 940 feminicidios, el Estado de México registró 150 casos; seguido por Veracruz con 84; Nuevo León con 67; Jalisco con 66 y la Ciudad de México con 64.

Fue precisamente en CDMX hace exactamente un año que hubo un feminicidio que estremeció por su grado de violencia: la muerte de Ingrid Escamilla. Una joven nacida en Puebla, con 25 años de edad, asesinada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En contra del agresor había una denuncia que había sido presentada por su ex esposa. Precisamente a ella la llamó el homicida para contarle lo ocurrido y pedirle que fuera por su hijo -diagnosticado con autismo- quien presenció los hechos.

Ese hombre declaró que había actuado por celos y bajo el influjo de las drogas. Imágenes de Ingrid violentada, que formaban parte de la carpeta de investigación, fueron publicadas en algunos diarios, revictimizándola y mostrando la vulnerabilidad en la custodia de pruebas por parte del Ministerio Público.

El hecho en su conjunto provocó indignación nacional y fue motivo de múltiples protestas en la Ciudad de México.

Un año después, en febrero de 2021, un nuevo crimen ha generado sorpresa y frustración, ante la lamentable fatalidad de agresión y muerte de una joven estudiante de medicina.

Mariana fue enviada a cumplir servicio social en la Selva Lacandona de Chiapas, entidad donde había estudiado la carrera de médico cirujano.

En condiciones precarias tenía una habitación a la cual entraba por la fuerza un médico ebrio para acosarla. La queja por escrito la entregó Mariana a la directora de la clínica, que no dimensionó el hecho y ya ha sido detenida.

Tiempo después fue encontrada en su habitación sin vida. La rápida declaración de la Fiscalía para decretar que se trataba de un suicidio y la cremación del cuerpo 48 horas después, revelan la pésima investigación del caso.

Por protestas y presión social, la carpeta de investigación se reabrió para indagar sobre el movil de feminicidio, toda vez que hay dudas sobre la presunta mecánica del suicidio, no se tomó en cuenta el antecedente del acoso por parte del médico ni se explica la razón de cremar el cuerpo, enre otros elementos.

El desenlace de Ingrid y Mariana son parte de una historia lamentable, cruzada por una visión de dominio de los hombres hacia las mujeres; muestran relaciones disfuncionales que tienen a la violencia como constante en la que millones viven día a día, sean esposas, hijas, novias, mujeres en general.

Necesitamos más solidaridad y respeto absoluto. No dejemos de hablar del tema, es el primer paso para visibilizarlo y darle solución.

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Análisis y Opinión

Frente a la furia anticipada

Felipe Monroy

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Entre otras cosas, la pandemia no detuvo muchas de las crisis sociales que suelen permanecer soterradas o silenciadas por los acontecimientos que cíclicamente nos ocupan los espacios públicos de información o reflexión: diversas pobrezas y violencias se han mantenido en tenaz agresión tras las puertas de millones de hogares y comunidades contra personas concretas, vulnerables.

La agresión contra las mujeres (desde la primera infancia hasta las más avanzadas etapas de adultez) es un fenómeno que sigue inquietando tanto a investigadores sociales como a las autoridades civiles. Los varios lustros de leyes orientadas a sancionar de manera especial el abuso y las ofensas contra el sexo femenino parecen no cambiar la actitud social frente a este flagelo; incluso los esfuerzos de cambio cultural para visibilizar y promover una ‘perspectiva de género’ en todas las áreas institucionales y de convivencia social parecerían no sólo no abonar a la solución de los conflictos sino a aumentar la tensión entre sectores sociales en una grave crisis cuyas crecientes víctimas contemplan desde su vulnerabilidad la terca persistencia de nuestros errores.

Prácticamente todos los estudios sobre violencia en México hasta antes de la pandemia advertían un incremento de casos de abuso, maltrato o crímenes contra mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas). Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2020 se registraron 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 40 mil 910 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Después, la pandemia modifica la tendencia de los datos, pero quizá no del fenómeno.

Durante de las sesiones del Seminario Internacional “La perspectiva de la familia y el futuro de las sociedades democráticas”, el doctor Cándido Pérez Hernández reflexionó sobre la tendencia de crecimiento en las denuncias de violencia familiar en México, subieron un 17% del 2018 al 2019 y un 5% del 2019-2020. El aparente descenso en las cifras parece responder directamente a la imposibilidad de levantar denuncias o abrir carpetas de investigación durante la pandemia.

Aún así en el 2020 se presentaron denuncias por 54 mil 342 delitos sexuales; las autoridades de seguridad pública estiman que el 93% de estos delitos no se denunciaron ni presentaron carpeta de investigación. Según los datos, los delitos sexuales podrían haber crecido en 73% entre el 2015 al 2020.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja; y que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante su infancia; los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el ambiente familiar.

Aunque desde la postguerra del ‘45, los temas de equidad e igualdad entre varones y mujeres han estado presentes en la configuración de nuevas instituciones, espacios de diálogo y reglamentación para la sana convivencia social; fue apenas en 1995 cuando se incluyó la ‘perspectiva de género’ como un criterio diferencial en la aplicación de políticas públicas en las naciones contemporáneas. México ha hecho su parte: fundó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en 2005 y en 2007 se alcanzó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; “la primera ley en Iberoamérica en definir desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres las diferentes modalidades de la violencia -familiar, institucional, laboral, comunitaria y feminicida- y en instaurar los mecanismos para la erradicación de cada una”.

Hasta aquí parece que, al menos institucionalmente, se ha intentado mucho para mejorar un entorno y cultura pues, si bien ‘las costumbres corrigen las leyes’ también las normas alimentan nuevas costumbres. A partir de los datos someros, se podría concluir que la convivencia es aún peor que lo era antes de las leyes que promovían justo una cultura de equidad y respeto. La implementación de acciones positivas (incluso de la discriminación positiva) para eliminar las desventajas iniciales de las mujeres frente a los varones no se refleja en los casos de violencia, abuso y actos criminales contra ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ideas y acciones nutren los depósitos de ira y agresividad física y discursiva? ¿Quiénes vislumbran la furia anticipada y se apertrechan con armas y escudos antes de salir al diálogo y a la convivencia?

La indignación es comprensible, es compartible incluso (dijo André Gidé: “Cuando deje de indignarme, comenzará mi vejez”) pero también nos recuerda el adagio que lo que se consigue con cólera, con vergüenza termina.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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