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Opinión

De longaniza, butifarra y otros embutidos

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Ciudad de México.— El día 5 de agosto publicó en su Twitter el senador Julem Rentería un mensaje que dice: “¡Esta despensa no la tiene ni Obama!, 1 kg de Jamón de pavo $3,013.56, 1KG de longaniza: $16,789.10…” aclarando que esto viene en las páginas 53, 62, y 66 del Programa anual de adquisiciones de la Presidencia de la República.

Este documento al día de hoy (7 de agosto de 2019), aún lo podemos encontrar en el sitio de la presidencia en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434257/PAAAS_2019.pdf

El mismo 5 de agosto, más tarde, el C.P. Jael Hernández Hernández, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Presidencia, firmó una carta que no esta dirigida a nadie, donde aclara que es un presupuesto y que puede ser modificado conforme la ley en cualquier momento y que la información que contiene no es propiamente el presupuesto que se ejerce y justifica.

Por otro lado, el diario Reforma publicó una nota donde afirma que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza y la directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), Elvira Daniel Kabbaz Zaga, omitieron indicar en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses -aún cuando la ley los obliga-, la existencia de empresas en las que la funcionaria federal y los hijos de ambos son socios.

Y sin más ni más, en el “show mañanero”, casi al final de este, no vaya a ser que nadie le preguntara al respecto, nuestro querido presidente saca el tema a relucir, no será que “a explicación no pedida culpa manifiesta”, y muy molesto se arrancó diciendo: “yo si les pido por favor, por favor, con todo respeto no nos comparen, ósea es que, este, eso calienta, nos es quieren medir con la misma vara, ahora sacaron de que aquí en presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero, yo no como chorizo se los digo con todo respeto o sea creo que es un alimento muy bueno o sea extraordinario este yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa se las recomiendo este …” y concluye “ ayer también en el Reforma he de que una empresa de que las hijas de funcionarios de Pemex este a ver cuál es ahí el problema nosotros no vamos a permitir que nadie haga negocios al amparo del poder público”.

Para empezar nadie lo acusó de nada, simplemente alguien se tomó la molestia de analizar un documento, que por aparecer en el sitio web de las Presidencia es oficial y su título es muy claro “PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 2019” y mostrar algunos costos fuera de toda realidad.

Y en el caso de Reforma, simplemente hizo énfasis en una omisión por parte de estos funcionarios, no publicó que esto fuera con el objetivo de hacer negocios al amparo de la ley.

No es exagerada su reacción, con explicar que es un documento base para las compras y reconocer que quien lo hizo y quien lo revisó,  se equivocaron. Y en el caso de lo de Reforma agradecer que hace visible la omisión de estos funcionarios y reiterar que no se hará uso del influyentismo para la asignación de contratos bastaría. ¿O tenemos ganso escondido?

Y hoy despuesito de anunciar su programa de “Ciudadanos Alertadores”, dado que se hablaba de corrupción, volvió a tomar el tema diciendo que se dio a conocer una información calumniosa del consumo de longaniza, dice que fue todo un montaje y un escándalo, donde los conservadores mostraron el cobre, periodistas, escritores, integrantes de la sociedad civil, todas finísimas personas, que sin prueba y elementos se lanzaron en su contra y hablo de lo que antes gastaban y hasta pido que le ofrecieran disculpas de una ofensa que no existió.

¿Acaso el propio documento que está en su sitio no son pruebas suficientes de que así está presupuestado el chorizo?

Si revisa bien la información que dio a conocer el senador, el que debería ofrecer las disculpas es usted, por tergiversar lo que se publicó.

Sr. presidente reitero, nadie lo acusó a usted de haber comprado en los precios que dice su presupuesto, si bien el tema se prestaba a “chunga” por tratarse de la longaniza, y ya sabemos que el pueblo bueno es sumamente ingenioso, ¿qué esperaba usted?, no se ponga el saco si no le queda, nadie lo acusó de corrupción.

Mejor vea quién permitió que un documento mal hecho y obviamente sin revisión estuviera en la página oficial de la Presidencia, ese es el problema, cómo podemos tener confianza en usted y en la transparencia de sus programas, si en algo tan sencillo como un presupuesto como el del documento está hecho con las patas por personal de su misma oficina, ¿cómo estarán los de otras dependencias?

Como diría mi papá: “Así trabajaba cuando me corrieron”.

Domingo Días
domingo.dias@yahoo.com.mx
@domingodias7
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ebv



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Análisis y Opinión

¿Debemos pagar impuestos para financiar ocurrencias ?

César Ruiz

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En la columna anterior, escribíamos sobre la obligación que tenemos todos de pagar contribuciones. Éstas son necesarias para financiar el gasto público. Pero ¿cómo debe ejercerse éste?

El destino del gasto público no depende de las ocurrencias del gobernante en turno. Afortunadamente, los artículos 25 y 26 constitucionales establecen una serie de principios, parámetros y objetivos que se deben seguir.

Entre otras cosas, señalan que el gobierno debe fomentar el crecimiento económico, proteger el empleo, velar por la justa distribución de la riqueza y el ingreso para promover la dignidad y el ejercicio de la libertad de los gobernados. Además, el Plan Nacional de Desarrollo, al que se deben sujetar los programas de la administración pública, debe recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad.

¿Qué pasa si un gobierno falla en detectar esas aspiraciones y demandas? ¿Qué pasa si un gobernante deliberadamente decide desatender el sector salud y usa el dinero de los contribuyentes para construir una Torre de Babel?

Ingenuamente podríamos creer que el Juicio de Amparo nos protege ante estas acciones. No obstante, la Suprema Corte señaló que el artículo 25 constitucional no establece garantías individuales (derechos humanos). Además, reiteradamente ha sostenido la imposibilidad de impugnar la indebida integración del gasto público.

Con ello, pareciera ser que estamos indefensos ante el abuso y el inepto uso de nuestros recursos económicos. Pareciera que la Corte ha reducido al artículo 25 constitucional a una carta de buenos deseos, a una norma sin vida.

Al respecto, la propia Corte ha indicado que sí existe un mecanismo de control sobre el ejercicio del gasto público: el control democrático. La ineficacia o insolencia de una mala administración pública se castiga mediante el voto popular en la próxima elección.

Pero esta medida es insuficiente. No atiende el problema de fondo ni incentiva a corregir ni redireccionar el presupuesto adecuadamente. Es necesario encontrar otras alternativas a esta problemática. Y ésta puede estar en un control político. Veamos.

Una lectura sistemática de los artículos 25 y 31 fracción IV de la Constitución, nos lleva a concluir que la obligación de contribuir es legítima cuando el gobierno destina la recaudación a la satisfacción de los intereses de la sociedad.

Por el contrario, si los Poderes Ejecutivo y Legislativo no establecen un presupuesto orientado a satisfacer las necesidades, aspiraciones y demandas de la sociedad que los eligió; su legitimidad para recaudar se ve severamente trastocada. Nuestra obligación a contribuir se torna endeble.

Entonces, ¡no tenemos que esperarnos al castigo electoral! Unidos como sociedad, podemos construir una poderosa herramienta para exigir la rendición de cuentas sobre la forma cómo se están usando nuestras contribuciones. Y esa es, negándonos a pagarlas.

Cortando el suministro financiero, podemos presionar al gobierno, que está a nuestro servicio, para que cumpla con su deber de representación, para que atienda nuestras necesidades y no los caprichos de un gobernante.

La prioridad del gobierno debe ser, de acuerdo con el artículo 25 constitucional, el crecimiento económico, el empleo, la distribución adecuada de la riqueza, la salud, educación y seguridad.

Sólo cuando esas necesidades están cubiertas en un mínimo aceptable, el gobierno puede destinar recursos a áreas menos prioritarias.

Pero si un gobierno decide que es más importante invertir en vías de tren que en medicamentos, que es más importante construir refinerías que hospitales, que es más importante edificar un aeropuerto frente a un cerro que destinar recursos a la atención de una pandemia; entonces, los contribuyentes pueden empezar a plantearse seriamente si están legítimamente obligados a pagar impuestos.

Quizás la estrepitosa caída en la recaudación sea la única forma para despertar a un gobierno cuando éste ha decidido abandonar a su suerte a la sociedad que lo eligió. Quizás sea la única posibilidad de dar vida al artículo 25 constitucional.

EN EL ÁGORA: La semana pasada, un Tribunal Federal con sede en Cancún ordenó detener la reducción del 75% de presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la finalidad de salvaguardar el derecho al Medio Ambiente del quejoso. Ojalá está decisión sea acatada por el Ejecutivo Federal. Ello abona al equilibrio de poderes y al fortalecimiento de nuestra democracia.

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Análisis y Opinión

Morena y el Covid 19

Siete24

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El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitió la convocatoria para renovar a sus dirigentes. Como organismo de interés público, cualquier ciudadano puede conocer y solicitar información sobre los procesos de elección de dirigentes y de candidatos.

Los partidos políticos son el resultado del ejercicio del derecho ciudadano de “asociarse individual y libremente para participar en los asuntos políticos del país”.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, es un derecho exclusivo de sus integrantes participar en los procesos internos, ya sea como elector y/o como elegido. Nadie ajeno a un partido político puede participar en su vida interna.

Ningún ciudadano que decida ejercer su derecho puede afiliarse a más de un partido político. En términos político ideológicos, cada partido representa un proyecto distinto sobre el devenir social. En las democracias liberales, las opciones básicas son dos, los partidos con una visión de izquierda y los partidos de derecha.

Luego hay matices más o menos coincidentes con estos dos grandes apartados. Pero es impensable e inadmisible que los miembros de una formación se inmiscuyan en los asuntos internos de otra y viceversa.

Todo esto viene a cuento, porque el Tribunal Electoral resolvió el 26 de febrero que la Presidencia y la Secretaría General Nacional de Morena se resuelva por el método de una encuesta abierta y el partido político queda en libertad de elegir el método de renovación de los demás órganos directivos del partido. Dicho así, es una manzana envenenada y una intromisión en la vida interna.

El Tribunal indica en su sentencia que el proceso de renovación de dirigentes de Morena, el último acto de este proceso se haga mediante el método de encuesta y no por el voto directo por parte de los congresistas nacionales como lo establece el Estatuto de Morena.

Y ese es el punto. El proceso de renovación de dirigentes en Morena es uno solo. Escalonado y encadenado. Primero se eligen hasta tres mil seiscientos delegados efectivos al Congreso Nacional. Solo los congresistas nacionales podrán aspirar a ser parte de los trescientos integrantes del Consejo Nacional.

Finalmente, solo los integrantes del Consejo Nacional pueden aspirar a ser parte del los veintiún integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, incluidos la Presidencia y la Secretaría General. De tal manera que la encuesta abierta se tendrá que realizar una vez que concluyan los actos previos.

La convocatoria de Morena establece que las 300 asambleas distritales en las que se elegirán diez delegados (5 mujeres, 5 hombres), deben realizarse el sábado 11 de julio en los estados de la circunscripción 1, el domingo 12 de julio en la circunscripción 2, el sábado 18 de julio en la circunscripción 3, el domingo 19 de julio en la circunscripción 4 y el domingo 25 de julio en los estados de la circunscripción 5.

En ellas podrán participar todos los afiliados hasta el 11 de junio del presente año. Que son poco más de tres millones de personas.

El Consejo de Salubridad General declaró el 30 de marzo Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19) y delegó en la Secretaria de Salud autorizar las acciones necesarias para atender la emergencia.

A partir del 1 de junio las actividades que se autorizan corresponden a la semaforización que se acuerda entre la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y que va cambiando semana con semana de acuerdo a la evolución de la pandemia.

En este momento hay 15 estados en semáforo rojo y 17 en semáforo naranja. Y todo indica que así permanecerán por lo menos todo el mes de julio.

De los 300 distritos donde deberán realizarse las asambleas electivas de Morena, 162 están en semáforo rojo y 138 en semáforo naranja. Es decir, que donde hay semáforo rojo no está permitido hacer reuniones y en donde está en naranja se requiere autorización previa de la autoridad de salud de acuerdo al aforo previsto.

Para documentar la situación, un dato. En octubre de 2019 se realizaron 230 asambleas con una participación promedio de 850 personas con un padrón de 1 millón 700 mil afiliados. Ahora el padrón será del doble.

Además hay que agregar 14 asambleas a realizarse en el exterior, donde la situación de la pandemia es muy parecida.

Siendo realistas, la posibilidad de que se realicen las asambleas para elegir a los congresistas es mínima. Y se requiere al menos el 50 por ciento para contar con quorum. Si no hay asambleas no habrá renovación de órganos.

Hace tiempo propuse que ante la situación de emergencia sanitaria y la imposibilidad de realizar reuniones presenciales, se pudiera hacer uso de otro método previsto en el estatuto: la insaculación.

Es muy sencillo. Todos los protagonistas del cambio verdadero inscritos en el padrón de Morena tienen la misma probabilidad de resultar electos como delegados congresistas a través de la insaculación, lo cual lo hace un método plenamente democrático.

El procedimiento sería el siguiente: se abriría un periodo de registro (cinco días) por distrito para todas y todos los interesados en participar y que se encuentren en el padrón de afiliados.

Una vez levantado el registro, la Comisión de Elecciones llevaría a cabo la insaculación entre los registrados, de tal manera que las primeras 5 mujeres y los primeros 5 hombres que salieran de la urna de la insaculación serían los congresistas de ese distrito. Así se haría con los 300 distritos. Lo mismo aplicaría para los afiliados que residen en el extranjero. Eso nos ocuparía a lo sumo una semana.

Una vez electos los congresistas, los demás actos previstos para la renovación de dirigentes estatales y nacionales, se pueden realizar a través de las plataformas tecnológicas. Se puede, tiene fundamento legal y solo le hace falta la voluntad política del Comité Ejecutivo Nacional.

En el escenario donde no se pueda contar con los congresistas, hay que ir pensando la situación legal y política en que se colocará la dirección de Morena después del 31 de agosto. Todo puede pasar, con una mayoría de magistrados del Tribunal, que no se caracterizan propiamente con respetar la Ley.

Agustín Guerrero
Político
Twitter: @agustingc2012

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