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Análisis y Opinión

¿Deben los diputados tener formación académica?

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Estamos ante un tema polémico, importante, pero también poco visible. ¿Deben los diputados y diputadas tener formación académica? Yo creo que sí, pero hay personas que no lo ven necesario, incluso consideran importante que no cuenten con ella. Lo verdaderamente importante es que en las democracias se escucha a todos y a todas sin importar su origen y formación, eso es incuestionable. Lo que también es incuestionable es que necesitamos líderes capacitados, con profesionalismo, responsabilidad social y conocimientos, es decir, un perfil de legislador más humano.

Conozcamos mínimamente tres posturas y tomando en cuenta que nunca se debe pretende contravenir el cumplimiento de los derechos ciudadanos establecidos en sus artículos 34 y 35 fracción II Constitucionales, en donde se precisan los requisitos para ser votado para todos los cargos de elección popular, y sin olvidar que la educación no es sólo un mecanismo de movilidad social y ascenso meritocrático que contribuye a democratizar a la sociedad, sino que también puede convertirse en un medio de movilidad política.

Postura a favor de la pluralidad (no académica)

Para Lorena Vázquez, investigadora legislativa del Instituto Belisario Domínguez, “un nivel de estudios alto no es sinónimo de un buen legislador, (explicó para una nota de El Universal del 28 de junio 2021) y agregó que en la conformación del Congreso incluso se busca que exista la pluralidad para representar a todos los sectores de la población”; “es deseable que exista esa pluralidad de perfiles de las personas que llegan al legislativo tener educación básica por ejemplo no es un impedimento para la realización del trabajo como diputado y por ello se otorga una partida para que cada legislador contrate asesores, una formación educativa de alto nivel podría contribuir al desempeño legislativo pero no es un requisito” concluyó la experta.

Postura a favor de la profesionalización

Para Alejandro Barroso Chávez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura, en una iniciativa presentada el 12 de marzo de 2020, pide reformar el Artículo 55, agregando en el apartado VII lo siguiente: “Contar con estudios concluidos de Educación Media Superior y el suplente debe contar con el mismo requisito, al día de la elección”, la argumentación es muy sencilla, apela a la necesidad de elegir ciudadanas y ciudadanos que tengan capacidades tanto físicas como intelectuales, así como conocimientos básicos e instrucción académica, cuya experiencia les permita realizar tareas sustantivas para afrontar los grandes problemas nacionales.

Postura internacional (Latinoamérica)

En el artículo “La educación como elemento de calidad de los políticos latinoamericanos”, la investigadora del Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Cristina Rivas, plantea la hipótesis de que el grado educativo alcanzado por los legisladores de algunos países latinoamericanos no redunda positivamente en las características de la democracia de sus respectivos países, debido a que, en condiciones de falta de equidad social y económica, como ocurre en los casos de los países como México, un elevado nivel de estudios puede evidenciar más bien situaciones de privilegio individual o de grupo y, por lo tanto, no repercutir positivamente en las condiciones generales del sistema social y político.

Estado actual 65 Legislatura

Aunque la Constitución no exige ningún requisito de escolaridad para ser diputado y el artículo 55 constitucional únicamente precisa que es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario o vecino del estado que aspire representar, no estar en servicio activo en el Ejército o la policía, no ser alto funcionario en cualquiera de los tres Poderes de la Unión u órganos autónomos ni ser ministro de algún culto religioso, la preparación académica resulta relevante para las labores legislativas; sin embargo de los nuevos diputados (del total de 62 legisladores electos) sólo el 12.4 % que ocuparán una curul en la Cámara de Diputados Local (Asamblea Legislativa) en la 65 Legislatura llegarán sin formación académica, de ellos hay una miscelánea de combinaciones, están los que tienen la preparatoria concluida, los que no la tienen e incluso hay quienes apenas ter minaron la secundaria.

Esfuerzos por modificar el 55

A Través de los años se ha tratado de reformar el artículo 55 en múltiples ocasiones; se ha modificado: la reducción de la edad, la disminución del número de sus representantes, la paridad de género y los tiempos para separarse del cargo por funcionarios de gobierno que han decidido aspirar a un escaño en el congreso; sin embargo, establecer como requisito básico la obligación de contar con estudios académicos para ser Diputado o Diputada no ha encontrado eco en la Cámara, lo que sentaría un precedente importante en nuestra Carta Maga, contribuyendo a la profesionalización de los nuevos cuadros políticos dentro de la conformación del Honorable Congreso de la Unión.

Conclusiones

Tomando como contexto las tres posturas mostradas y el actual estado de la Cámara de Diputados, veo con urgencia solventar las situaciones de desigualdad social y económica estructurales, mi postura es que a través de la educación podríamos tener una Cámara de mayor calidad de debate y diálogo, por ende de profesionalización, sin embargo no podemos ni debemos olvidar las dificultades para el acceso a la educación o las diferencias de calidad que existen dentro del sistema educativo que hacen que los estudios no funcionen necesariamente como un sistema calidad de profesionistas.

Muchas veces como lo escribe en su artículo la investigadora Cristina Rivas, ocurre lo contrario, en las circunstancias del sistema educativo como el de México el individuo se enfrenta a estructuras sólidas de exclusión que no lo valorarán necesariamente en función de sus méritos, los estudios pueden ser un indicador de la exclusión social y política, lo que en principio no sería benéfico para el funcionamiento del sistema político.

De lo que creo que no cabe duda es que enriquecer el perfil de los legisladores y las legisladoras, permitirá fortalecer las tareas políticas, de debate y negociación del proceso legislativo, buscar la profesionalización de los Diputados y Diputadas del futuro, fortalecerá el desarrollo político y social; imaginemos un alto nivel que no responda únicamente a la coyuntura, si no que tenga una base social, con fortalezas académicas y un proyecto legislativo claro e intelectual en beneficio de la ciudadanía. Todo lo anterior en armonía con el artículo 3 Constitucional, dónde ya se establece el requisito obligatorio de contar con estudios terminados a nivel medio superior, es decir ser congruentes con lo ya establecido en materia de educación y obligatorio para todo el país. Debemos poner atención a lo evidente, no estar ciegos ante los actuales paradigmas del ejercicio parlamentario, los cuales se están trasformando y exigen perfiles más preparados, exigen lideres capacitados, con profesionalismo, responsabilidad social y conocimientos, es decir, un perfil de legislador más humano.



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Análisis y Opinión

Periferias eclesiales

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En estos días he tenido oportunidad de presentar ante un par de auditorios el reciente libro colaborativo ‘Periferias eclesiales. Reflexiones para avanzar’ (Buena Prensa, 2022), coordinado por el obispo Francisco Javier Acero Pérez y en el que participamos nueve autores de distintos orígenes y perspectivas respecto a aquellos márgenes sociales y humanos que muchas veces son acallados o invisibilizados tanto por las estructuras como por los sistemas culturales dominantes.

El libro recoge reflexiones, experiencias, historias e investigaciones sobre realidades aparentemente ‘poco vistas’, discriminadas o prejuzgadas históricamente por la Iglesia católica: las mujeres, los jóvenes, la diversidad sexual, las comunidades originarias, los marginados, las personas en condición de migración, los divorciados o las víctimas de abusos. Por supuesto, éstas no son todas las periferias materiales o existenciales de nuestro mundo contemporáneo pero sí son las que en los últimos años han cuestionado profundamente a las instituciones católicas sobre sus mecanismos de acompañamiento y atención.

Con la llegada del papa Francisco al solio pontificio en 2013, estas realidades humanas han contado con un líder espiritual que verbaliza con sencillez y respeto las cualidades de dignidad humana que permanecen (y deben ser reconocidas y protegidas) en cada una de estas personas que viven singulares desafíos; además, ha priorizado una visión eclesial de auxilio preferente a las personas heridas en lugar de una búsqueda de solidez en las estructuras eclesiásticas.

Su radical propuesta de un nuevo espíritu cristiano sin duda ha provocado varias reacciones adversas, casi siempre de autopreservación institucional o de autosuficiencia espiritual; es decir, cúpulas de superioridad moral autolegitimadas preocupadas más por las formas tradicionales de gobierno y administración que por el cambio de época que ha descristianizado al siglo XXI.

Por ejemplo, el famoso memorando ‘Demos’ –atribuido al recién fallecido cardenal Pell y que pretende influir en el Colegio de Cardenales para elegir a un próximo pontífice que revierta los cambios hechos por Francisco– básicamente es un llamado desesperado a recobrar la dureza e infalibilidad en la potestad disciplinaria y sancionadora de Roma, así como el retorno a la invariabilidad cultural de las expresiones cristianas; es decir, que la diversidad pluricultural cristiana sea nuevamente sometida a la visión particular de cierta idea de occidente europeo católico (que tampoco ya existe).

Lo grave de las reacciones a la propuesta periférica de Francisco es que parecen convocar anticipadamente a un nuevo líder católico cuyo programa responda a lo que las cúpulas eclesiásticas han perdido en las últimas décadas: volver a ser una autoridad irrebatible para la cristiandad y que su aparato de gobierno sea nuevamente una fuerza política global incontestable.

Y quizá por eso sea tan relevante una publicación como la coordinada por el obispo Acero; porque no sólo evidencia que el verdadero valor de la expresión cristiana siempre se ha encontrado en las periferias (dos autores recuerdan la marginalidad de la provincia romana donde Jesús predicó en una lengua que sería considerada ‘indígena’ por el imperio reinante) sino porque el auténtico poder de la Iglesia católica nunca ha sido la influencia política o económica de nuestra era común sino en la capacidad adaptativa y transformadora de los creyentes ante las realidades emergentes, marginales o incomprendidas de cada época.

No quiero dejar de agradecer un gesto que se ha repetido al final de las reflexiones del coordinador y los autores en las presentaciones del libro: la generosa y determinada participación de los asistentes para compartir sus propias historias respecto a lo que aún hoy es considerado periférico, invisible o silente; son prueba fehaciente de que los creyentes latinoamericanos abrazan sin regatear el presente y miran sin miedo los desafíos que la humanidad comparte.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Periodismo: bienes, riquezas y funciones

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En algo tiene razón, el tema es sumamente interesante y obliga a la reflexión. Aunque quisiera partir del inicio: el periodismo es una auténtica vocación que trasciende al oficio y a la profesión; es una inclinación singularísima a sufrir y gozar de la historia y los cambios de la vida cotidiana con el propósito de crear diálogo y construir sociedad respecto a lo que concierne al bien común.

Es ciertamente un oficio porque el periodismo tiene una cualidad artesanal, personal, no mecanizable; que nace del encuentro y del contacto con las tensiones humanas desveladas y cuestionadas por alguien que, a fuerza de ensayo y error, exhibe un imperfecto relato de sucesos al prójimo; pero es algo más.

También es una profesión no sólo porque requiere estudios formales o porque nuestra cada vez más compleja sociedad precise de mayores conocimientos especializados, sino porque es una labor que esencialmente capitaliza el conocimiento. Aún mejor: es una profesión cuya principal riqueza son las inquietudes correctas del conocimiento, las preguntas precisas del ingenio y la mirada instruida sobre el contexto. Y aún así, es algo más.

El periodismo es una pasión que puede ejercerse en la supina pobreza o en la mayor holgura pero que es imposible desempeñar desde un poder que no sea el de la demanda. ‘Demanda’ es para el periodismo –en contraste con la rigidez del derecho– una palabra compleja y llena de matices: va desde la gentil interrogación o el cordial cuestionamiento hasta el indignado requerimiento y el mordaz reclamo; pasando, eso sí, por la eficiente, neutral e imparcial solicitud o consulta.

No hay periodista, por tanto, que conserve su credibilidad intacta cuando es arropado por oscuros e inconfesables mantos de privilegios a cambio de favores o servicios en contra de esa auténtica demanda. Es verdad que, incluso mintiendo descaradamente, tanto los medios como los periodistas vendidos a la comodidad y los privilegios pueden conservar sus prestigios y respectivos negocios, pero quedará mancillada irremediablemente la confianza que alguna vez recibieron.

Ahora pasemos a lo que se ha mencionado esta semana: “Los periodistas hacen una función pública”. Sí, indudablemente; sin embargo, hay que distinguir: su labor cumple con diferentes funciones para el diálogo social y la búsqueda del bien común, pero no son subordinados del poder o funcionarios públicos. De hecho, si lo fueran, dejarían de ser auténticos periodistas; podrían ser publirrelacionistas, consultores, vendedores de contenidos, voceros o coordinadores de falanges informativas, pero no periodistas.

Ya lo dijo Kapuscinski: “El verdadero periodismo es intencional. Se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar, informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro”. Entonces ¿puede haber ‘verdadero periodismo’ si su intención es servir al poder establecido –o peor, al empíreo de la inmunidad– en lugar de promover los cambios que realmente ayuden al resto de la sociedad?

Segundo, el tema de las concesiones públicas y su usufructo. El tema es por demás espinoso pero requiere una reflexión urgente. En efecto, la nación es propietaria del espacio radioeléctrico donde se transmiten infinidad de contenidos; las empresas privadas gestionan concesiones que el gobierno otorga para el usufructo del mismo espacio y, entre sus contenidos, usualmente se producen informativos con trabajo de periodistas.

Si bien estos periodistas son empleados de particulares, su trabajo está sujeto al bien social más que al bien privado (o al menos debería estarlo) y; de hecho, las autoridades de la nación deberían tomar con mayor seriedad el cuidado de los periodistas para que no se reduzcan a legitimadores de los intereses patronales. Y, al mismo tiempo, los periodistas deben ser intensamente protegidos por sus empleadores pues, sin su apoyo, es fácil que queden a merced de otros poderes (incluso ilícitos o fácticos) que no sólo terminan pervirtiendo la libertad de expresión sino que ponen en jaque las condiciones que toda libre empresa debe tener garantizadas.

Además, que la propiedad de los espacios intangibles de difusión esté en manos de la nación no significa que puedan ser administrados utilitaria o unilateralmente por cualquier gobierno en turno (por más legítimo que este sea); porque la propiedad no es coyuntural ni restrictiva al mandato vigente. El espacio pertenece al pueblo, en el ahora y en el futuro, bajo éste y bajo cualquier otro gobierno, aun cuando ni siquiera aspire a ser democrático.

Hubo una última inquietud planteada: ¿Con qué autoridad ética o moral los periodistas pueden sentar a la silla de los acusados a funcionarios, poderosos y personajes públicos? La respuesta es simple: Con ninguna que provenga del poder o del privilegio. La única autoridad que otorga verdadera fuerza ética y moral a los periodistas para interrogar y juzgar proviene de la debilidad. De la debilidad de sus pueblos, del silencio de los acallados, de la invisibilidad de los excluidos y del dolor de los descartados. El poder del periodismo no se encuentra sólo en el servicio, sino en el servicio a los necesitados; y la auténtica libertad de esta vocación sólo puede ser garantizada por usted y muchos otros que nos apoyan leyéndonos, escuchándonos y compartiéndonos.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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