Abogar por las minorías ¿y ya?

La semana pasada, a propósito del debate respecto a cuántos legisladores les corresponden a los partidos políticos tras las elecciones federales, los obispos católicos emitieron un mensaje con dos acentos importantes: que López Obrador no debe ejercer presión sobre la decisión de los magistrados y que éstos no sólo cumplan con lo que dice la ley sino que respondan a cierto ‘imaginario judicial’ interpretativo, es decir a una serie de supuestos re-contextualizados de las intenciones que la ley quizá quiso promover o proteger pero que no están explícitamente declaradas en el texto.

Como lo explicamos anteriormente, se trata de un acto histórico -y quizá definitorio- en que los obispos católicos se posicionan políticamente de manera abierta y frontal ante un tecnicismo jurídico que sin duda repercutirá en la forma en que se podrá hacer trabajo parlamentario (negociación, acuerdos, discusiones, etcétera) en la LXVI legislatura. La preocupación de los obispos es evidente aunque no la señalen en su documento: Una mayoría legislativa obediente a un único liderazgo político actuaría de manera absolutista y unilateral, aprobando leyes irreflexivamente por vía de la consigna e invisibilizando toda discusión legislativa.

El asunto no es menor y la valoración externada por los líderes de la aún mayoritaria población religiosa en México es todavía más importante: La justificación ética de su posicionamiento es el valor político de “las minorías” en la vida democrática. Un planteamiento que parece noble en principio, pero visto con calma lleva a preguntar cuáles son esas minorías por las que el episcopado ha decidido interceder políticamente: ¿Minorías étnicas, lingüísticas, religiosas? ¿Minorías culturales, económicas, sexuales? ¿Minorías oligárquicas, hiper privilegiadas, supremacistas? ¿O sólo están intercediendo por ciertas minorías políticas con nombre y apellido partidista?

Es cierto que la democracia requiere por lo menos diversidad para mantener las tensiones del juego político: la negociación y los acuerdos no tienen sentido si no hay disenso o diferendos. Por ello, una “aplanadora” legislativa parece el fin de la democracia y, sin embargo, también se debilita la democracia por otras vías mucho más sutiles: “Cuando las minorías partidistas capturan las instituciones contramayoritarias pueden permitir al bando perdedor de la historia retener el poder. […] Una cosa es que las minorías frustren o derroten durante un tiempo a las mayorías en peleas políticas puntuales; sin embargo, otra cosa es que una minoría partidista derrote o imponga continuamente medidas a las mayorías o, peor todavía, que se sirva del sistema para consolidar sus ventajas”, cuestionan los politólogos Levitsky y Ziblatt en su más reciente obra ‘La dictadura de la minoría’.

Detengámonos nuevamente en la idea de la ‘aplanadora’ legislativa. La historia reciente de México tiene amargos episodios por las reformas a las leyes y a la Constitución que se hicieron para beneficiar el sistema hegemónico político autoritario unipartidista; y tienen razón los asesores políticos del episcopado en manifestar sus inquietudes respecto a la tentación que tendría el poder de cambiar el país mediante ‘decretazos’; no obstante, hay un error de criterio (o peor quizá, un prejuicio) en esta suposición: pensar que los legisladores de un grupo político estarían imposibilitados al discernimiento y atados a una obediencia ciega; y creer al mismo tiempo que los legisladores de otro grupo político sí tendrían la capacidad de actuar libremente y con integridad a diferencia de los primeros.

Es probable que haya un dejo de discriminación pero también un potencialmente nociva sombra que ha acompañado las épocas más oscuras de la Iglesia católica: fomentar la idea de que todos los seres humanos son iguales pero que unos son más iguales que otros. La purificación moral de unos en contraposición a los otros es justamente el núcleo del entuerto político que vivimos. Es decir: ¿Qué garantías ofrecen las minorías políticas partidistas actuales de servir a la democracia? ¿Su alta integridad patriótica, su odio visceral al poder popularmente electo o su trabajo por la visibilización de auténticas necesidades y legítimas luchas sociales? Además, por desgracia para el país, ninguna norma impide que las minorías legislativas actúen también ciega e irracionalmente para ignorar o boicotear de forma permanente la voluntad de la mayoría, incluso en aquellos temas reclamados legítimamente por la propia ciudadanía.

¿Y qué hay del resto de los imprescindibles democráticos no vinculados a la colisión de fuerzas, como la transparencia, la rendición de cuentas, la credibilidad en el sistema de justicia, el gobierno abierto y participativo, la regulación de los lobbies, la independencia y pluralidad de medios de comunicación? Es decir, en México no son pocas las estructuras jerárquicas que lidian penosamente con el mejoramiento de su propia calidad democrática; lo que también hace cuestionable su interés de democratizar sólo aquello que no afecte sus privilegios.

Como sea, el problema de la legitimación de las búsquedas políticas de los grupos minoritarios está en la definición de dichas minorías y si estas representan legítimas luchas sociales o si son pequeños grupos pertenecientes a ciertas élites o abolengos políticos que se representan sólo a sí mismos. Y esta crítica vale igual a las cúpulas partidistas ganadoras como a las perdedoras del voto popular pues ya lo dijo el papa Francisco en su discurso ante la élite política convocada por Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional en aquel febrero de 2016: “La experiencia nos demuestra que, cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción”.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe