Felipe Monroy
Chicaneros contra chicanadas
Con frecuencia se utiliza el término ‘judicialización de la política’ para describir una serie de estrategias legales para alcanzar objetivos políticos o para regular los alcances de algún otro poder legítimo en el Estado. Por supuesto, esta ‘política judicializada’ es igualmente valorada tanto positiva como negativamente en cualquier democracia institucionalizada aunque algunos –los impolutistas– aseguran que la ley jamás se podría ‘manchar’ de las dinámicas políticas de su contexto, estos últimos son los únicos absurdos.
Lo que sucedió en estos días respecto al proceso de invalidación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las leyes secundarias en materia electoral promovidas por la presidencia de la República y orquestadas irreflexivamente por el legislativo disciplinado al régimen son un claro ejemplo de judicialización de la política. Y eso no quiere decir que este mecanismo sea ‘malo o bueno’; simplemente es preciso reconocer cuando se utilizan argucias legales para redefinir marcos políticos que, idealmente en una democracia, le pertenecen al pueblo más que a las instituciones.
Por una parte, resulta positivo que los ministros de la Corte hayan invalidado las leyes de la llamada “primera parte del Plan B” tras argumentar que el Congreso realizó la aprobación de dichas reformas a través de un desaseado procedimiento. Es formalmente enriquecedor para una democracia en vías de desarrollo que todo procedimiento legislativo (es decir, actos que redefinen el marco constitucional y operativo del país en nombre del pueblo representado) se realice bajo estándares mínimos. De lo contrario, la maña entre gritos y sombrerazos impone su ley.
Pero, por el otro lado, los ministros también evidenciaron que son capaces de abusar de sus facultades, extralimitándose del propio marco legal que los regula, para intervenir en definiciones políticas que afectan las facultades de quienes idealmente representan la voluntad popular o que trastocan principios que, para la democracia, son indispensables. Esta no es la primera vez que sucede y no será la última si se continúa endiosando al poder judicial como ‘el único garante democrático’. En otras ocasiones, el poder judicial ha intervenido mediante interpretaciones políticas, muchas veces ideologizadas o influidas por intereses extranjeros, en la redefinición de políticas públicas y valores culturales que no representan ni el sentir popular ni la constitución ni los acuerdos internacionales.
En síntesis: ha sido un acierto del poder judicial el invalidar leyes que se construyeron en medio de evidentes vicios legislativos y ha sido un error que en ese proceso judicial se hayan violado los procedimientos legales para invalidar procedimientos legislativos (se denunció, por ejemplo, la filtración del proyecto a un medio de comunicación como estratagema de presión política). Pero lo verdaderamente lamentable es que, el verdadero análisis sobre la esencia de las leyes aprobadas jamás se realizó, ni en el poder legislativo (debido al fast track y a la aplanadora del partido en el poder) ni en el poder judicial (quizá por pereza o por estrategia política); en todo caso, ambas omisiones representan que ni el Congreso ni la Suprema Corte realmente tienen interés de trabajar a favor de la ciudadanía, ni la respetan como sujeto con capacidad de comprensión ni como actor indispensable para la definición de la ruta democrática.
La ‘judicialización de la política’ es quizá uno de los pocos recursos con los que las instituciones que representan la abstracción del “Estado” pueden defenderse de abusos políticos pero también representa los artificios políticos de los intérpretes de la ley para influir en la vida social y en la libertad democrática del pueblo y sus ciudadanos. Estas estratagemas o argucias pueden llamarse como sea y pueden estar revestidos de los eufemismos más elocuentes pero, al final, entre ellos se reconocen.
Algo así relata Jorge Ibargüengoitia en Estas ruinas que ves. Ahí presenta a un egregio cuevanense a quien le apodaban ‘La Zorra’ “inventor no de leyes ni de interpretaciones notables, sino de procedimientos para evadirlas y para violarlas impunemente”. El novelista después nos regala una de esas maniobras del eufemismo del que es tan afecto el sistema judicial mexicano al llamar “sustitución de responsabilidades, perjuicio de homónimo y anulación por confirmación, lo que entre chicaneros llaman ‘golpe al de junto’, ‘¿cómo te llamas?’ y ‘tres en uno’”. Así que, podrán llamarlo como quieran, pero lo que sucedió se reduce al título de esta columna: Chicaneros contra chicanadas.
Director VCNoticias.com @monroyfelipe
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Felipe Monroy
La plaza y los matones
Ante la imposibilidad de acercarnos a la realidad con mirada omnipresente, los ciudadanos confiamos y necesitamos de los informativos, de los medios de comunicación, de los periodistas y hasta de los diferentes y muy variopintos analistas de la información. Todos estos tenemos una importante tarea para auxiliar a lectores, audiencias y usuarios a acercarles algunas estampas de la vida cotidiana y de los entretelones de la sociedad para que hagan su mejor juicio y forjen su opinión sobre los momentos que nos toca vivir. Por eso es sumamente inquietante ver que, sin pudor alguno, periodistas y analistas explican hoy en día procesos democráticos aludiendo a referencias de la narcocultura y otros folclores pendencieros de dominación.
Me explico: Tras el pasado proceso electoral, fue significativo el que muchos (demasiados) analistas de información no se ruborizaran al comparar a los gobernadores con ‘jefes de plaza’ (el mismo epíteto que dan a líderes del crimen organizado o narcotráfico) o que también haya pululado la expresión ‘se los chingó’ en foros, podcasts y artículos de opinión para simplificar que tal o cual liderazgo partidista “causó grave daño a algunas personas” o que “violó simbólicamente a algunas personas”.
Es cierto que quizá estas expresiones, entre otras, son ya parte del folclore mexicano y de las formas cotidianas de comunicación; y probablemente se argumente en su defensa que apenas son metáforas y que no debemos tomarnos demasiado literales las palabras de los comunicadores; pero es altamente preocupante que las instituciones de información y de generación de opinión pública utilicen tales metáforas y no otras. Es decir, ¿hasta dónde ha permeado la narcocultura o la narcoestética en nuestra vida cotidiana?
Asomarse a México en este 2023 o al menos a los medios de comunicación y mensajes que configuran las relaciones sociales es contemplar la victoria de esta narcoestética reflejada en los conceptos que repiten inconspicuamente los comunicadores: espejismos de dominación, ostentación y exageración; de vida fácil, pendenciera y rápida; de estridencia jactanciosa. Así, el país no es más que una plaza y en la estrategia política sólo vencen los ‘matones’. Una cultura sustentada en ponderar la ganancia y la ventaja sin reflexionar en las consecuencias; un estilo que enarbola las pulsiones corporales por encima de las racionales.
Bajo estos criterios, resulta ahora pertinente analizar los estereotipos que la narcoestética está imponiendo incluso en la política y la comunicación: ¿Quién es el bueno o la buena? ¿Quién es el duro, el chingón, el canijo, el más cabrón que bonito? ¿Qué es ‘ganar la plaza’ o controlarla o, como dijeron, cederla? ¿Qué significa ganar o perder en un proceso democrático? ¿Ganar es poderío absoluto, perder es la aniquilación inmisericorde del enemigo? ¿Cuándo el juego democrático se comenzó a comparar con una lid criminal o con el tráfico de estupefacientes? Lo anterior no es menor porque, en consecuencia, también nos obliga a preguntarnos por qué no parecerse a estos modelos sí constituiría una tragedia para algunos personajes exóticos de estos días, para los grupos políticos sin solidez doctrinal o para sectores radicalizados de ideologías que ni siquiera comprenden.
El fenómeno podemos verlo casi a diario incluso en los más privilegiados salones de la representación política del país. ¿No acaso hay personajes adláteres que vociferan y se desgañitan en el Congreso de la República para agredir a otros e intentar humillarlos exigiéndoles que se arrodillen y se ‘culiempinen’? ¿No han surgido otras personalidades cuasipsicóticas que fingen acentos buchones para intentar ‘sentar y callar’ a sus interlocutores a grito pelado?
Pareciera que en el país, en medio de todo el caos, sólo funcionan dos ámbitos: la fiesta y el pleito. Y la segunda va casi siempre aparejada de la primera. Sabemos que desde hace más de un año comenzó la antesala de la fiesta democrática para la renovación de la Presidencia de la República entre corcholatas, alianzas, autopromociones y esquizofrénicas intenciones pero finalmente se están dando pasos concretos para institucionalizar el esperado conflicto. Casi todo puede pasar, esa es la condición del juego electoral; lo que sí es seguro, es que quizá como nunca, el pleito se avecina arrabalero, soez, deslenguado.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Infodemia y abstencionismo
Los resultados de los comicios en el Estado de México y Coahuila han comenzado (finalmente) a exigir a los liderazgos partidistas y a la casta política planteamientos certeros y pragmáticos sobre lo que, por lo menos a nivel de campaña electoral, se debe realizar para la contienda por la sucesión presidencial en 2024. Claramente es tiempo de interpretación de los datos, sí; pero también de imaginación sobre lo que realmente desean ser cada uno de los partidos o movimientos políticos en el concierto sociopolítico mexicano al menos en la próxima década.
Se dice que interpretar correctamente la derrota es el comienzo de la victoria; y esto aplica no sólo a los fracasos de candidaturas en específico sino al todavía aún más evidente asunto de la indiferencia partidista, ideológica o conceptual que gran parte de la ciudadanía coahuilense y mexiquense manifestó respecto a los proyectos o los grupos políticos.
Es cierto que las elecciones presidenciales suelen tener mayor respuesta ciudadana puesto que aparentemente hay mucho más en juego; pero los resultados que se han expresado en años recientes revelan una creciente distancia de la ciudadanía a los mínimos democráticos: menor participación en los procesos electorales; creciente desencanto de los mecanismos representativos, instituciones y funcionarios; mayor adhesión a personajes exóticos, emergentes, vociferadores y pendencieros; aumento de tentaciones autoritarias; y sobretodo, exceso de desinformación, falta de memoria y formal ignorancia políticas reforzadas y agudizadas por perversas dinámicas en las redes sociodigitales.
En un estudio de los años noventa, el entonces Instituto Federal Electoral reveló que existía una correlación positiva entre el fenómeno de abstencionismo y la población con poca instrucción educativa y bajos ingresos. Por supuesto, esto sucedió mucho antes del impacto de la Internet y evidentemente de las redes sociodigitales; ahora hay una interrogante importante entre el mismo fenómeno de abstencionismo y la saturación de infodemia cuya potencialidad es la de desarrollar esa “lesa instrucción”.
El ejemplo más claro de esto fue un sondeo realizado en video por Hernán Gómez entre jóvenes que parecen evidenciar una posición social aventajada y privilegiada (al menos en una situación muy superior al 60% de los jóvenes en México que padecen una o varias pobrezas estructurales); a pesar de su acceso ilimitado a medios de información y a una educación también privilegiada, su consumo de redes sociodigitales parece paradójicamente abonar a su ignorancia. Casi ninguno supo distinguir ni los nombres ni los proyectos ni las historias u orígenes identitarios, políticos o partidistas de las contendientes al gobierno estatal.
El estudio antes citado también advertía de correlaciones importantes entre abstencionismo e ingresos. Todo parecía indicar que condiciones precarias de uno o dos salarios mínimos favorecía indudablemente al abstencionismo; mientras que, cuando la sociedad tenía satisfactores económicos más favorables se permitían la distracción de salir a votar y hacerlo especialmente por una oposición que representaba tanto mejoras para sí mismos como para los más desfavorecidos.
Habrá que analizar el comportamiento actual de estas correlaciones; porque si los apoyos económicos a gente de bajos recursos podrían estar favoreciendo su participación política (además del discurso de reivindicación social que desde la Presidencia se hace de ellos) también se podría intuir que, por el otro lado, mejores condiciones educativas no necesariamente están incentivando el involucramiento con los desafíos democráticos; o peor, que cualquier idea de cambio o alternancia no necesariamente expresa una condición de mejora para el prójimo (como lo manifestaba la oposición hace dos décadas) sino una perspectiva exclusiva de privilegio egoísta y utilitario.
Como se ve, hay mucho qué analizar y reflexionar; es completamente ingenuo pensar que simplemente una ‘narrativa’ vaya a remediar las necesidades de construcción política democrática. Hay que recordar que sólo quienes tienen una inclinación por el totalitarismo pretenden transformar la realidad en una ficción que sólo a ellos les conviene.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
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4 de junio de 2023