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Opinión

¡Fuera Osorio!, así las cosas en el cartón de porbaldo

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Ciudad de México.— Luego del ridículo que sufrió la Selección Mexicana por quedar fuera de la Copa Oro 2017 ante Jamaica, la afición pide la cabeza del técnico colombiano Juan Carlos Osorio a como dé lugar. 



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Columna Invitada

Perspectivas de los medios internacionales sobre el atentado contra Trump

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Por Guillermo Moreno Ríos

Perspectivas de los Medios Internacionales sobre el Atentado contra Trump: Implicaciones Políticas, Económicas y de Seguridad para México

Lamentamos profundamente y condenamos el incidente contra el político estadounidense, así como el atentado contra cualquier persona.

Analizando la información, con la magia tecnológica al alcance y según los medios de comunicación internacionales, podría aumentar la polarización política en México, comprometiendo su estabilidad interna. Se analiza la volatilidad en los mercados financieros, las implicaciones para la dinámica electoral en EE.UU., la cooperación en seguridad fronteriza, y las estrategias de inversión y comercio de las empresas mexicanas. Se destaca la necesidad de respuestas estratégicas y adaptativas por parte de México para mitigar los efectos negativos y asegurar la estabilidad regional ante este evento y obvio la inestabilidad política en EE.UU. podría desencadenar volatilidad en los mercados financieros, afectando economías emergentes.

Las empresas mexicanas con intereses en EE.UU. deberán revisar sus estrategias de inversión y comercio ante la incertidumbre política y económica. En México, este evento podría ser utilizado por distintos actores políticos para avanzar sus agendas. Un sector conservador podría enfatizar la necesidad de estabilidad y seguridad, mientras otros podrían criticar políticas similares a las de Trump.

La respuesta y gestión de la crisis por parte del gobierno de Biden será crucial para determinar el resultado final. Desde la perspectiva de México, será esencial mantenerse vigilante y adaptarse a los cambios que este evento pueda desencadenar en la relación bilateral y en la economía regional. La hipótesis de que el atentado podría generar simpatía y fortalecer su base de apoyo sugiere que este evento podría aumentar sus posibilidades de ganar las elecciones. Sin embargo, la reacción del electorado es impredecible y dependerá en gran medida de cómo Biden y otros actores políticos respondan a la crisis.

Existen serias preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad en la región, especialmente en términos de seguridad fronteriza y cooperación en materia de seguridad. Durante su mandato, Trump tuvo una relación tensa con México, marcada por disputas sobre comercio y migración. Un atentado contra él influirá en la política estadounidense hacia México, incrementando las tensiones diplomáticas o, por el contrario, promoviendo mayor cooperación en seguridad y lucha contra el narcoterrorismo.

Las medidas de seguridad adicionales y la incertidumbre política podrían interrumpir temporalmente el comercio transfronterizo, afectando el transporte de bienes. Las empresas mexicanas podrían reevaluar sus estrategias de inversión y comercio, buscando diversificación de mercados para reducir riesgos.

El atentado también tendría implicaciones específicas para Sonora y su relación comercial con Arizona. La región fronteriza podría experimentar un aumento en la vigilancia y medidas de seguridad. Esto podría afectar el flujo de personas y bienes entre ambos estados. La colaboración en seguridad entre Sonora y Arizona podría intensificarse para asegurar que la violencia no se propague a través de la frontera y garantizar la estabilidad regional. La inestabilidad política en EE.UU. podría generar volatilidad en los mercados financieros, afectando a las empresas de Sonora que dependen del comercio con Arizona. Los empresarios sonorenses podrían enfrentar incertidumbres adicionales en sus operaciones comerciales debido a cambios en las políticas y en el clima económico.

Perspectiva Final:

En conclusión la prensa internacional considera que el atentado contra Donald Trump podría tener amplias implicaciones para México, desde aumentar la polarización política hasta generar incertidumbre económica y comercial. La cooperación en seguridad entre México y EE.UU. probablemente se intensifique, mientras que las empresas mexicanas deberán diversificar sus mercados y reevaluar sus estrategias de inversión. La respuesta del gobierno de Biden será crucial, y México deberá adaptarse a los cambios en la relación bilateral y en la economía regional. Este evento podría influir significativamente en la percepción pública y en la dinámica política interna de ambos países, requiriendo una respuesta cuidadosa y estratégica para mitigar sus efectos negativos.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión integral de riesgos, resiliencia empresarial, seguros y derechos humanos.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Columna Invitada

Sociedad rota

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Por Antonio Maza Pereda

A riesgo de ser repetitivo, hay que volver a entrar al tema de la división en nuestra sociedad. Un quiebre, un enfrentamiento entre los miembros de esta. ¿Cuál es su origen? No es algo nuevo. Es cierto que determinadas tendencias políticas han influido más o menos; que algún presidente o dirigente ha aprovechado más este método, pero hay que decir que es un problema que viene de siglos.

Nuestra sociedad, desde el principio de su formación, tuvo áreas donde había poca relación entre los distintos grupos sociales. Algo que viene de los tiempos de la colonia, donde el sistema de castas, que dividía a la población en diferentes tipos de personas, con diferentes derechos y privilegios. Desde los peninsulares, que tenían muchísimos derechos, hasta las castas indígenas o de origen afromexicano, las cuales tenían poquísimos.

También, aparte de este tema puramente racial, hemos tenido otras divisiones: de tipo económico, de estudios o de alcurnia. Por ejemplo, cuando se habla de los pobres, depende mucho de quién lo está diciendo. Es muy posible que una persona de clase adinerada hable, por ejemplo, de un profesor de universitario, diciendo que es “un muerto de hambre”. Mientras que la gente con educación avanzada hable de los “burros cargados de oro”.

Una pregunta interesante sería: ¿ha existido realmente un esfuerzo serio por evitar este tipo de ruptura? Es muy difícil encontrar ejemplos. Se han creado cosas como el Instituto Nacional Indigenista, que supuestamente tenía como objeto mejorar la situación de los grupos indígenas. Pero muchas veces sus soluciones o apoyos resultaron ser acciones cosméticas, que tenían que ver con el modo de hablar o con el modo de tratar a las personas, pero no entraban al punto de fondo. Ese fue el caso del indigenismo, que en algunos tiempos intentaba lograr que los indígenas perdieran su cultura, con el pretexto de “civilizarlos”.

Veamos el apoyo a las personas discapacitadas donde, por ejemplo, la gran mejora que se ha hecho es: ya no decirles inválidos, sino que son personas con capacidades diferentes. Lo cual no deja de ser algo puramente cosmético. Algo en el lenguaje, que tiene alguna importancia, pero que no resuelve de fondo el problema. Por ejemplo: lograr que una persona con una discapacidad motora o visual, cuando obtenga algún tipo de empleo, reciba el mismo salario que alguien que haga trabajos similares.

O hablar de la gran división de nuestra sociedad, que se puede decir que todavía es mundial: la discriminación a la mujer en muchísimos campos, no solamente el laboral. Consideren el trato discriminatorio al género femenino, la poca apreciación por sus logros y la falta de tomar realmente en cuenta sus opiniones, que pueden ser valiosas y enriquecedoras y que no se están aprovechando. Y, por supuesto, en la remuneración. Pero eso sí: nos damos por muy satisfechos porque hablamos de hombres y mujeres, niñas y niños, ingenieros e ingenieras, presidentes y presidentas, como si eso ya resolviera realmente la ruptura de fondo. Y ese es un tema que es importante y que no se está atendiendo, más que de estas formas cosméticas.

Hay que tener muy claro que esto no va a ser una situación que se resuelva rápidamente. Aquí tenemos una cuestión relevante, pero que no ha sido urgente y, por lo tanto, se ha pospuesto de manera indefinida.

Tenemos que encontrar el modo de resolver este problema. Cuando se dan este tipo de rupturas, cuando se tienen este tipo de diferencias, es fácil que un populista, o incluso una persona de buena fe, pero mal orientada, sean escuchados. Simplemente, porque otros, tal vez con mejores ideas, con mejores orientaciones, no están actuando. No nos podemos quejar de que la población prefiera al demagogo, que aprecie sus dádivas, o apoyos. No es culpa de quien acepta esos beneficios, porque no han encontrado otros que les hayan dado algo que les permita aliviar un poco esa división.

En el análisis después de las elecciones en México, nos hemos encontrado muchas quejas en el sentido de decir que la gente votó por quién le diera más y que su actitud política era “estirar la mano” a ver cuánto les llegaba. Curiosamente, a muchos votantes no les importó si el gobernante miente o es inepto. “Otros, nos podían haber dado y no lo hicieron”, nos dicen. “Este, por lo menos, nos dio algo”, agregan.

¿Cuál es la solución? En el largo plazo, a la nación no le conviene esto. Probablemente, hay un problema de liderazgo. ¿Quién tiene el arraigo y el arrastre para encabezar el proceso de reducir esas fracturas? Difícilmente podemos confiar en la clase política. Todos los diferentes partidos se han dedicado con singular alegría a sembrar el odio y provocar la división, siguiendo la frase atribuida a Maquiavelo: “divide y vencerás”.

Tal vez algunos elementos del sector privado podrían tener ese papel. O las iglesias que, en general, salen mejor calificadas en las encuestas de confianza ciudadana, junto con las universidades. Urge reunir a los mejores pensadores de este país para encontrar soluciones, aunque sean parciales, a esta división que nos aqueja. Y concientizar a la ciudadanía de que este problema es vital y hay que atender su solución. Urgentemente.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Felipe Monroy

El límite del riesgo en las contiendas políticas

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Existe una regla implícita en las contiendas políticas electorales que no suele decirse en voz alta por cierto pudor: para ganar, se vale ejecutar toda táctica (incluso las más descabelladas) y el límite de su audacia no siempre es la conciencia sino el riesgo. Hace años me lo comentó un legendario estratega: “Todo escenario es posible, sólo hay que calcular su riesgo”. Los acontecimientos en Butler, Pennsylvania, donde Trump resultó herido superficialmente por un ataque armado, nos obligan a pensar con cautela estos episodios.

El estratega político se refería en aquel entonces a los límites éticos de las campañas políticas: cuáles son las fronteras que tanto los candidatos como sus equipos de campaña y principales patrocinadores desean respetar y cuáles son aquellas que, bajo un cálculo de riesgo y ganancia, están dispuestos a violar.

Por ejemplo, la campaña negativa o sucia (como lo sugirieron insistentemente los partidarios de Xóchitl Gálvez en la contienda electoral pasada) es una táctica tradicionalmente controversial porque implica la incapacidad de la creatividad comunicativa o política para seducir al electorado con argumentos positivos (ideales, planes, programas) pero, al mismo tiempo, es un recurso probadamente útil para afectar la imagen de los contrincantes con narrativas basadas casi siempre en el descrédito, la mentira, la exageración fantástica, el escarnio o la caricaturización.

El límite de una campaña sucia es el pudor y la coherencia; pero existen otros tácticos de campaña cuyo límite es el riesgo que se acepta. En México se ha vuelto una odiosa costumbre aceptar el riesgo de violar la ley respecto a la residencia de sus candidatos; en muchas ocasiones –se ha comprobado– se utilizan documentos apócrifos para validar ciertos requisitos y no ocurre gran cosa. Cometer el ilícito es un riesgo bastante aceptable en comparación con los objetivos alcanzados por transgredir ese límite.

Hay límites vinculados a ilícitos graves, por ejemplo: al origen y destino de recursos económicos, a pactos de protección a poderes económicos o fácticos, a fraudes y mañas electorales, a la manipulación de bases de datos, corrupción de autoridades, compra o coacción de votos y un largo etcétera. Cada violación de uno de estos límites es un cálculo del riesgo que supone para sus ejecutores: multa, sanción, cárcel, etcétera. Aceptar el riesgo de estas sanciones dice mucho de los políticos en campaña; y que los actos queden impunes también refleja la debilidad institucional del Estado para imponer control en los procesos.

Hay, sin embargo, un límite cuyo riesgo para sus ejecutores es absoluto: el asesinato o intento de homicidio. Parece impensable, pero la historia nos demuestra que por lo menos un buen número de personas lo han considerado e intentado en casi todos los países, en casi todos los regímenes políticos y bajo las más diversas condiciones. El atentado de magnicidio ha sido recurrente, por ejemplo, en la democracia norteamericana contemporánea con una correspondencia casi comprensible a sus cíclicas masacres, perpetradas en un país fascinado por las armas de fuego y por el inmenso negocio que su accesible e indiscriminada venta supone.

El episodio en el que el candidato republicano y ex presidente norteamericano, Donald Trump, fue herido superficialmente en medio de un tiroteo pertenece a esta frontera de riesgo extrema. Sin caer en lecturas facilonas o conspirativas, es evidente que el episodio es el clímax de una serie de límites cuyo riesgo de vulnerar fueron calculados: desde el discurso de odio, la radicalización discursiva, la oposición a mayúsculos intereses globales, el integrismo excluyente pararreligioso y la discriminación sistémica; hasta el histórico patrocinio armamentista a los grupos políticos, la precariedad del círculo de seguridad, la debilidad física y mental de las cabezas visibles de dos proyectos políticos antagónicos, y un largo etcétera.

Limitándose a los hechos: el mitin, los disparos, los heridos, los muertos (el atacante y un espectador) y la oreja ensangrentada de Trump mientras alza el puño mientra exalta a los congregados podrían reflejar el más puro gesto del azar; pero sus efectos, esos no van a ser dejados a la suerte.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Columna Invitada

Reforma judicial y equilibro de poderes

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Por Rafael Estrada Michel

Toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la Justicia debe ser bienvenida en un país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público. Ahora bien, precisamente porque se trata de tutelar derechos fundamentales de quienes habitamos México es que debe cuidarse que las propuestas que ahora mismo se discuten no lesionen el entramado de una división de potestades que nos ha costado décadas instrumentar y poner en efectiva práctica más allá de pomposas proclamaciones normativas.

En referencia a quienes juzgan, el equilibro de poderes se debe traducir en independencia para seguir el criterio legal propio y para dictar las resoluciones que la conciencia del juez estime más apegadas a la imparcialidad y a la regularidad constitucional. Si una propuesta lastima esta posibilidad debe ser rechazada o reformulada. Someter a la Judicatura a la presión del escrutinio electoral y a la de mantener sus posiciones a través de sucesivas reelecciones suena bien, pero tal vez no sea una idea óptima. Los incentivos para que ministros, magistrados y jueces comiencen, como se dice coloquialmente, a torear para los tendidos, se hallarán perversamente alineados tan pronto como se les obligue a participar en elecciones populares. Ya lo vivimos en 1836 y 1857, sin más resultado que la sustitución de la voluntad del pueblo, imposible elector, por la del señor presidente Santa Anna, Bustamante, González o Díaz.

Quien realiza la difícil labor de juzgar debe tener claro que no tiene porqué agradar a nadie (mucho menos a quien lo propuso para el cargo) sino que su obligación es hallar la solución más justa al caso concreto en el marco de un orden, el constitucional, que se estima superior a veleidades partidistas, de intereses económicos o de fortalezas fácticas. Su labor es solitaria y frecuentemente incomprendida. No es, no es deseable que sea, un rock star.

Se pretende también, con la iniciativa que se discute, poner por encima del personal judiciario a un tribunal disciplinario encargado de sancionar a quienes, al juzgar, coloquen su conciencia y su saber por encima del difuso e inasible interés público. La cuestión es complicada y ha tratado de solucionarse desde hace siglos, sin que los órganos pesquisidores e intocables que se han puesto en funcionamiento hayan servido para algo más que para sentirse superiores a los Tribunales Superiores. Someter a las personas que juzgan a la obligación de aplicar exactamente las leyes generales y abstractas a los casos peculiares y concretos suena, de nuevo, bien, pero no sólo no es buena idea sino que resulta de imposible aplicación: aplicar la ley en sus términos literales se traduce casi siempre en renunciar a la Justicia y al Derecho.

El Derecho es complejidad, contexto e interpretación. No hay, en realidad, casos fáciles, y en los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre hallamos más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión. Hacer del juez la boca flaca, inerte y robótica de la voluntad legislativa resulta reduccionista y empobrecedor. Creer que su experiencia no importa a la hora de integrar el orden jurídico a base de resoluciones correctamente argumentadas implica negar uno de los capitales humanos más valiosos con los que contamos. Someter a quien juzga a pesquisas que partan de la sospecha de que sus pensamientos delinquen terminará por excluir a los audaces y someter a los cobardes. En ambos casos, la división de poderes quedará dañada, la imparcialidad judicial se tornará imposible y el acceso a la Justicia quedará como uno más de nuestros seculares anhelos inacabados.

Si se quiere pensar en ampliar la estrecha puerta por la que hoy por hoy transita la Justicia vayamos perfeccionando la carrera judicial -una de las pocas áreas de servicio civil que funciona en la República-, extendamos su benéfica influencia a fiscalías y defensorías públicas, estructuremos un modelo funcional de formación, capacitación y certificación de quienes operan el Derecho (incluyendo a juristas privados, peritos e investigadores policiales), profundicemos en las capacidades de control constitucional de nuestros altos tribunales lo mismo a nivel federal que local y, sobre todo, no permitamos regresiones decimonónicas como aquella que pretende volver a los efectos relativos de las sentencias de Amparo contra leyes, que sería tanto como volver a los aciagos tiempos en que sólo quien podía pagar los servicios de un carísimo amparista lograba verse beneficiado con la declaración de inconstitucionalidad que sobre una norma se sirviera dictar un juez (sí: un juez tutelar de derechos humanos).

Así como no hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave. Todo lo demás resultara en apacentarse con viento y, muy probablemente, en heredarlo.

Rafael Estrada Michel, Director general de Tiempo de Derechos

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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