La violencia de estado contra la mujer

El abuso contra la mujer existe desde que nació la humanidad. Sin embargo, en todo el mundo occidental, -como una manifestación de desarrollo social-, la violencia contra la mujer se combate desde las leyes, así como también desde la sociedad. Para ello, la educación es fundamental.

Por otra parte, vemos que en los países islámicos gobernados por líderes o grupos religiosos fundamentalistas, -como en Irán, Irak y Afganistán por dar ejemplos-, por razones religiosas el sometimiento de la mujer se ha recrudecido.

Existe un gran número de fotografías de los años 80s que muestran que en esos países la sociedad se había occidentalizado y las mujeres se habían liberado de las restricciones religiosas que limitaban su estilo de vida y sus derechos.

Sin embargo, hoy que los fundamentalistas religiosos gobiernan en esos países, se ha recrudecido la represión y la pérdida de libertades, así como el trato igualitario al que tiene derecho la mujer, llegando a prácticas represivas indignantes y violentas.

En contraste, en México, -país occidental desde hace 500 años-, vemos un crecimiento de la violencia contra la mujer, -por una parte-, y por otra, una tendencia creciente por generar conciencia a favor del trato igualitario y brindarle oportunidades laborales, profesionales y espacios en el ámbito político.

Cada vez hay más mujeres ejerciendo cargos de relevancia y liderazgo. Se han generado leyes a favor de los derechos de las mujeres.

Tratando de entender esta incongruencia podríamos considerar lo siguiente: esta nueva cultura igualitaria ha permeado solo en las clases medias urbanas, pues aún vemos que en las comunidades indígenas donde los usos y costumbres siguen guiando los valores de la comunidad, siguen prevaleciendo conductas indignas, como la venta de niñas por parte de sus padres, matrimonios infantiles forzados, la ausencia de derechos que las protejan, aunque las leyes subsisten como un simple referente que se reconoce, pero es ignorado.

Sin embargo, aún en el ámbito urbano y en las clases medias y altas, -donde hay acceso a la educación y la escolaridad-, en la intimidad de la vida de las parejas sigue practicándose el abuso.

Por una parte, se está consciente de que el trato agresivo y violento es socialmente inaceptado, pero al momento de actuar con congruencia, prevalecen los valores inconscientes y entonces se repiten los roles ancestrales de dominación masculina y sumisión femenina. Son los condicionamientos familiares que aún siguen activos en un importante segmento de la sociedad mexicana, transfiriéndose de modo inconsciente de generación en generación.

Incluso, siguen vivos condicionamientos inconscientes fuertemente arraigados que impulsan a las mujeres pertenecientes a estos segmentos sociales a aceptar el rol de sumisión y muchas veces, -cuando las nuevas generaciones intentan exigir sus derechos-, aún estando ya en una relación matrimonial donde ellas sufren violencia, es su misma familia la que las presiona a aceptar ese rol de sumisión bajo el argumento de evitar el rompimiento del vínculo marital.

A su vez, en esos sectores las familias actúan en complicidad protegiendo a los hijos varones aún sabiendo que son agresores.

Los viejos roles aún subsisten en lo más profundo de la sociedad mexicana.

Con toda seguridad el cambio cultural se dará a mediano plazo, con total lentitud. Mientras tanto, miles y miles de mujeres mexicanas seguirán siendo víctimas de la violencia intrafamiliar por una parte, y extrafamiliar también.

A la pregunta de ¿cómo acelerar este cambio de idiosincrasia?… no queda otra respuesta mas que el ámbito jurídico.

Sin embargo, ahí el contexto es muy complicado, pues los mismos roles sociales se repiten, generando impunidad aún existiendo denuncias de las víctimas. La impunidad estimula la violencia y ahí reside el drama.

Es recurrente en el testimonio de las víctimas que denuncian una agresión, el trato indigno que reciben por parte de policías y del personal de los ministerios públicos.

Es precisamente en este ámbito de lo que podríamos considerar “primera respuesta” frente al delito, que las autoridades se esfuerzan por convencer a la víctima de evitar la denuncia.

Hay actitud morbosa e insolente si la denuncia es por agresión sexual.

A final de cuentas, se da el archivamiento de los expedientes, hasta que de forma circunstancial este se convierte en un caso de escándalo mediático, o la agresión sistemática desemboca en un feminicidio que se podría haber evitados si las autoridades hubieran actuado cuando se presentaron las primeras denuncias.

Por todo lo anterior las víctimas descubren que denunciar es una pérdida de tiempo y deciden no volver a denunciar nunca una nueva agresión, ya sea de la misma persona, o de otra.

El bajo índice de denuncias es lo que aprovechan las autoridades de alto rango para vanagloriarse a través de estadísticas de la disminución de delitos, tomándolo como un logro de su estrategia de seguridad.

A esto añadamos la corrupción en ministerios públicos y juzgados, donde por unos cuantos pesos los agresores callejeros o sus familiares pueden obtener el domicilio de la víctima para hostigarla y amenazarla para obligarla a retirar la demanda.

Por tanto, las mismas autoridades son las responsables del incremento de la violencia de género. De esta forma el agresor se estimula ante la impunidad.

El único camino para cortar de raíz la impunidad es legislar para convertir en delito grave que amerite cárcel la actitud negligente u omisa de los funcionarios públicos, ya sean policías o personal de los ministerios públicos que no den curso a una demanda y convertirlos en cómplices cuando el delito de agresión que inicialmente fue denunciado desemboque en un feminicidio.

Incluso a mediano plazo se puede crear un sistema electrónico para presentación de denuncias, de modo que el control de la primera de ellas se almacene en un sistema central que cuide la identidad de la víctima y como siguiente paso pueda canalizar el expediente a la autoridad que por razones geográficas corresponda. De este modo, la vigilancia sobre la autoridad de “primera respuesta”, o de “proximidad”, a través de seguimiento del caso desde un sistema central, obligará al cumplimiento de los protocolos definidos por ley.

Incluso, con un sistema electrónico “amigable”, será posible que la víctima presente su denuncia de forma directa ante el sistema central. Además, de este modo la víctima tendría la opción de presentar quejas ante el sistema central si no recibe la asistencia o el trato justo.

Solo con controles se podrá combatir la impunidad.

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