En la discusión sobre los resultados de la elección del Poder Judicial, hay algunos puntos en los que vale la pena entrar más a fondo. En México difícilmente puede hablarse de que existió una época larga de Estado de Derecho. Fue hasta los años 1995-96, cuando se empezaron a establecer con mayor claridad los contrapesos del Poder Judicial al Poder Ejecutivo o Legislativo.

Antes de ello, en México, aparentemente, en las leyes había salvaguardas para la ciudadanía, pero la realidad es que había un sometimiento completo de los Poderes, tanto el Legislativo como el Judicial, al Poder Ejecutivo. Y por ello se hablaba de la “monarquía sexenal”. Hay una diferencia con la situación actual. Efectivamente, los cambios en las leyes han restablecido ese sometimiento del Poder Judicial a los demás Poderes, que hacen esos cambios legales, más no legítimos. La gran diferencia es que antes, al menos en las leyes, en la Constitución, se mantenían algunos contrapesos. Ahora, la falta de independencia del Poder Judicial, se ha vuelto ley. Antes se violaban las leyes. Hoy en día, no se está violando la ley cuando se somete al Poder Judicial a los dictados del Poder Ejecutivo.

De hecho, quienes han salido perdiendo, somos los ciudadanos sin partido. La gran pregunta ahora es: ¿qué nos toca hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer? Estamos viviendo una época de desesperanza, el sentimiento de que no se pudo parar este golpe, el cual no ocurrió, propiamente, el día de las elecciones. El golpe estaba dado desde antes: desde la construcción del sistema de elección de jueces y el modo como se diseñó la votación, con prisas y sin un cuidado suficiente.

Un ciudadano sin partido no tiene los recursos que pueden tener los partidos políticos, que son considerables y adecuados. Además, esos recursos proceden de los propios impuestos que paga el ciudadano sin partido. De ahí el sentido del desánimo. Hay quienes dicen: “no hay nada que hacer”. Pero esto es importante. No podemos simplemente decir que hay que aguantar. En algún momento me dijo una buena amiga: “solo nos queda irnos a Miami”. Bueno, eso era antes de que llegara el señor Trump. Pero esa es la salida que algunos ciudadanos, con recursos suficientes, están planeando.

Hay cosas que son importantes y que sí se pueden hacer. Lo primero es entender con claridad qué pasó. Por un lado, la 4T y sus aliados están celebrando como un triunfo el logro del 12 % de los votantes registrados. Lo cual es relativamente falso, porque hubo votos en contra de los candidatos que ellos propusieron, ilegalmente, por supuesto, a través de los famosos acordeones. De eso no tenemos una medición correcta. ¿Cuántos son los que verdaderamente ganaron, en proporción de aquellos que se sugirieron en los acordeones? Se dice que el nuevo presidente de la Suprema Corte, ganó con solo un 6 % del electorado.

También es falso lo que han dicho algunos personeros de la oposición, que el 88 % de la población votó en contra del cambio. Eso tampoco es cierto. De ese 88 % no podemos calcular, con precisión, cuantos estuvieron en contra o a favor de la propuesta. O, simplemente, no les importó. Y eso es lo que está pasando con la mayoría. No desean hacer algo por cambiar la situación.

Habría que tomar en cuenta también que hay diferentes tipos de ciudadanos sin partido, que podrían dividirse en dos grandes grupos: los que no tienen partido, porque no creen en los partidos actuales, pero que podrían participar intensamente en partidos nuevos que les dieran garantías que hoy no reciben de la oposición actual. Ese es un tipo de ciudadano que temporalmente es un ciudadano sin partido, pero que está a la búsqueda de algo que le satisfaga. Probablemente, la mayoría de la ciudadanía, no pertenece a ningún partido ni desean pertenecer a alguno. Simplemente, consideran que no es su manera de actuar en política, pero que no quieren quedarse sin participar.

Y por supuesto, siempre habrá ciudadanos sin partido, que ni les importan ni quieren participar de ninguna de las maneras. Simplemente, están muy cómodos con la situación actual y no están convencidos de que les afecte en lo personal. Pensando en aquellos, que no quieren ser miembros de ningún partido y que sí quieren participar de alguna manera, habría algunos puntos que considerar. La gran pregunta es: ¿qué hacer?

Frente a esta situación, que se ha creado y que todavía no conocemos a fondo sus consecuencias, ¿cómo modificarla? Es un juego de largo plazo. No es creíble que, con unos cuantos arreglos rápidos o un cambio de gobierno, cambie radicalmente el concepto de fondo, la idea de tener un verdadero Estado de Derecho. Que, como decía anteriormente, casi nunca hemos tenido, y que tampoco nos ha importado demasiado, porque no le hemos visto los frutos a esa situación.

Habrá que ir creando nuevas condiciones. El primer paso que puede dar el ciudadano común es asociarse, comunicarse para entender: ¿Qué ocurrió? Estudiar para comprender cuál ha sido la situación, desde sus antecedentes y por qué entre los mexicanos el Estado de Derecho nunca ha sido un valor que tenga un alto nivel de importancia. Y qué se podría hacer para convencernos.

Hay que entender a quiénes votaron a favor de un cambio tan radical como el que estamos viviendo. Seguramente, tuvieron alguna idea de qué esto les beneficiaba. Víctimas, posiblemente, de la corrupción, de la impunidad, brutalmente atroz en este país. Es un hecho que no le ven caso a seguir como estábamos. Hay que entender por qué piensan así y qué es lo que están buscando, cuál es el cambio que desean.

Ha habido intentos de mejorar la situación jurídica y uno muy claro fue el intento de cambiar al sistema de juicios orales, que se buscó implantar con gran vigor, pero que, al cambiar el régimen, como tristemente ocurre en nuestro país, cuando entró un nuevo presidente cambiaron las prioridades, cambiaron los criterios y no se siguió con la misma intensidad. Y se tuvo una aplicación parcial que no llegó a los resultados que se deseaban. No se puede decir que haya fracasado el sistema, porque de fondo nunca se implementó, ni siquiera de manera limitada. Pero eso tenía como propósito acelerar los procesos y poder darle a la ciudadanía el resultado de una justicia rápida, expedita y completa.

Por otro lado, una vez entendiendo cuál es la situación y, probablemente, esto requiera estudios parciales por cada tipo de asunto, tendríamos que organizarnos para discutir en amplitud cuál es el objetivo, qué es lo que la mayoría quiere y de qué manera se le puede apoyar para que esto ocurra. Afortunadamente, la tecnología y también las costumbres que se han ido implementando en la ciudadanía, hacen fácil organizar pequeños grupos de discusión con condiciones muy específicas. Grupos que tengan algún interés en particular en esos aspectos jurídicos.

La ventaja es que esto no requiere de grandes inversiones, ni tampoco de liderazgos muy poderosos que, desde el principio, aglutinen a todos los que desean participar. La discusión en grupos pequeños puede ocurrir con más facilidad cuando se trata sobre todo de intereses comunes. Así, por ejemplo, podríamos hablar de grupos que discutieran la parte jurídica de lo familiar, o que hablaran del problema de las desapariciones forzosas, o de los temas económicos e incluso los mercantiles.

Discutir por asuntos y ubicar qué áreas faltan por discutir. Todo lo que se requiere es una coordinación sencilla para poder saber quién está discutiendo sobre qué. Una vez teniendo eso, conviene también, revisar, detallar, confirmar cuáles son las distintas propuestas en el asunto. Empezando, por supuesto, por el principio: ¿por qué no creemos en la justicia y dónde vemos necesidad de un cambio, en el aspecto que estamos tratando en lo particular? Una vez logrado esto, lo que sigue es buscar el modo de comunicarlo. Que es, probablemente, la parte más fácil de hacer, porque todo el mundo está muy preparado para hacer comunicaciones sencillas. Desde unas cuantas frases, una infografía, o un podcast o algo un poco más sofisticado. Lo cual abunda por todos lados y es fácil de hacer.

Pero aquí el concepto es no quedarse con la discusión, sino comunicar. Tratar de centralizar esa comunicación para poder tener idea de qué se está transmitiendo, qué se está desarrollando y poder tener ideas claras. Y luego, posteriormente, vendría el aspecto de influir. Reunir grupos que tengan intereses comunes. Alguna idea de declaración conjunta. Y darlo a conocer a otros ciudadanos sin partido que tengan interés para influir. Para no solo darlo a conocer, sino también exigir propuestas muy concretas. Que es a lo que tendríamos que llegar.

Claramente, no bastaría con esto. Necesitaríamos acciones que el propio caminar nos irá señalando. Por ejemplo, crear observatorios ciudadanos sobre distintos temas, auditorías sociales del funcionamiento de los gobiernos, legislativo en la sombra, y más. Lo que está claro es que no nos podemos quedar como estamos. La desesperanza en este momento es probablemente lo que más les interesa a quienes han ganado. Claramente, hay que tener en cuenta que esto no va a tener resultados rápidos y que no podremos esperar cambios totales del blanco al negro, sino que será una actividad de muy largo plazo.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Cada año, por estas fechas, escribo sobre el Día del Padre. Felicito desde aquí a quienes asumimos ese rol, aún si saber tener vocación, pero con orgullo, con errores, sí, pero también con la firme intención de formar, cuidar, educar y amar. Pero este año no puedo hablar de paternidad sin referirme a un acto que, aunque surgido en el Congreso, tiene ecos profundos en lo que significa ser padre hoy. Porque ser padre no es solo criar hijos, sino también sostener convicciones en medio de una tormenta.

El pasado 5 de junio, en el Congreso de Guanajuato, ocurrió algo más que una votación legislativa: presenciamos un acto de conciencia. La diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista, votó en contra de una propuesta para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Lo hizo sin consignas, sin cálculo electoral. Lo hizo por algo que en política parece cada vez más escaso: principios.

En un entorno saturado de consignas ideológicas, donde disentir se castiga y el silencio se premia, la diputada se atrevió a actuar desde la brújula de su conciencia. Y eso, hoy, es un acto profundamente disruptivo. En su discurso no hubo odio ni imposición, solo una defensa clara y firme de la vida y de la responsabilidad que implica legislar con humanidad.

Ser padre es mucho más que haber procreado. Es enseñar con el ejemplo, aunque incomode. Es dar la cara por los hijos y también por los valores que les heredaremos. Por eso, la paternidad y la política con valores no son esferas separadas: son trincheras comunes. En ellas se pelea por lo más valioso que tenemos como sociedad: la vida, la dignidad y la familia.

La reacción a su voto fue brutal. Quienes la aplaudían ayer, la insultaron sin pudor. La llamaron “traidora”, “retrógrada”, “enemiga de las mujeres”. Pero nada de eso opaca lo que realmente ocurrió: se atrevió a romper el guion. A decir lo que millones piensan pero pocos nos atrevemos a defender públicamente. A ser libre en un ambiente de obediencias programadas.

Es falso que en Guanajuato se persiga a las mujeres por abortar. Las cifras lo desmienten. Lo que estaba en juego no era una corrección jurídica, sino un símbolo ideológico. Se trataba de alinear al estado con una narrativa que pretende que el aborto no solo sea legal, sino deseable, incuestionable, incensurable. Frente a eso, una legisladora dijo no. Y lo dijo con respeto, con argumentos, con coraje.

La política, como la paternidad, exige decisiones que no siempre son populares, pero sí necesarias. Y hoy más que nunca, este país necesita padres firmes y políticos íntegros que se atrevan a nadar contra corriente. Que sepan que formar ciudadanos libres comienza por decir la verdad, aunque duela. Que enseñar a amar la vida comienza por defenderla desde su origen.

Votar con valores no es imponer creencias religiosas, es atreverse a preguntar lo que muchos ya no se atreven a plantear: ¿Quién defiende a los más indefensos? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando normalizamos el silencio ante la eliminación de una vida en desarrollo?

Según datos del INEGI, más del 60% de los mexicanos cree que la vida debe protegerse desde la concepción. Esa mayoría silenciosa, muchas veces despreciada desde los foros de opinión, encontró en el voto de Luz Itzel Mendo una representación auténtica. Ella no votó sola. Votó con y por millones.

Este no es solo un reconocimiento a una diputada osada. Es un llamado a despertar. A dejar de ver la política como un terreno ajeno y sucio, y empezar a ocuparla con voz firme y manos limpias. Es momento de que más padres y madres de familia —sin importar el partido— den un paso al frente. No para gritar, sino para actuar. No para imponer, sino para formar. No para controlar, sino para testimoniar.

Es un claro ejemplo de entender la voz silenciosa ciudadana. No como sucedió en las pasadas elecciones judiciales, donde los opositores llamaron a no votar alegando falta de legalidad, pero ahora impugnan el proceso o los resultados de una elección que se promovió boicotear. La congruencia debe guiar nuestras acciones, hay que saber como y cuando pararse al frente, con legalidad, valentía y conciencia al frente, como la diputada nos lo demostró, que se pueden utilizar los instrumentos jurídicos al alcance para lograrlo, desde la tribuna, como lo hace un país con estado de derecho, que no queremos perder.

La nueva tendencia no es ideológica. Es ética. No sigue partidos, sigue conciencias. No es reaccionaria, es audaz. Y tiene nombre propio: votar con valores.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Al reflexionar sobre la jornada de votaciones por el Poder Judicial, hay dos términos que resaltan: cochinero o abstención. Vale la pena analizarlos a fondo. Efectivamente, se dio una votación menor de la esperada por la 4T, quien se supone que tiene un voto duro de, al menos, el 16 % del electorado, sin contar parientes, amigos o hermanos de los beneficiados por los donativos de Bienestar. Situación que le ha permitido tener mayorías muy amplias y votaciones muy abundantes.

La votación actual no llega ni de lejos a la cantidad de votantes que sufragaron a favor de Claudia Sheinbaum, y esto suponiendo que todos los que votaron forman parte del núcleo duro de la 4T. Lo cual seguramente no es así: una parte menor, votó contra los candidatos de MORENA, pero no hay manera de confirmarlo o de cuantificarlos. Seguramente, hubo muchos que obraron de buena fe, por diferentes razones. Votaron porque creyeron y se convencieron de la argumentación de que ese es el modo de evitar la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial, que es una plaga en nuestro país.

Otros votaron por quedar bien, por cumplir a quienes les están apoyando, y también lo hicieron buscando algún tipo de beneficio. Sería importante tener mayor claridad sobre las razones de aquellos que están votando de buena fe por este tipo de reformas y cuestionarse como ciudadanía, y también como oposición, qué es lo que la población desea del Poder Judicial. También hay curiosidad por saber quién, entre los aliados y las tendencias de la 4T, resultaron ganadores en el reparto de puestos. Y dado que, con gran disciplina, los resultados fueron los que indicaron los “acordeones” de MORENA, ellos nos indicarían cómo es el balance de fuerzas en la 4T.

Por otro lado, hubo quienes dejaron de votar argumentando que: “Esto es un cochinero y yo no me quiero hacer responsable por un bodrio de este estilo”. Lo cual tiene también su lado complicado. Este fue el argumento que se empleó por muchísimos años en la época de los gobiernos emanados de la Revolución. Porque muchos ciudadanos no querían validar el cochinero monumental que duró siete décadas de gobiernos autoritarios, que no permitían actividad política independiente. Y esa era su razón para no votar, en aquellas épocas.

Pero, al mismo tiempo, ese rechazo era un apoyo indirecto al régimen. Porque el disgusto y el enojo, no se canalizaban a través de los medios democráticos, sino a través del chisme, la molestia, o el coraje, pero finalmente no se expresaban en las urnas. Y esto es importante. En la democracia, el enojo, el descontento, no se expresa evitando las votaciones, sino al contrario, haciendo fuerte la democracia, participando para que cada vez sea más tomada en cuenta.

También hay algo ahí, como una especie de orgullo, pensando: “Yo no me rebajo a participar en un cochinero como este.” “Yo soy una persona decente y no voy a participar en este tipo de fraude”. Desgraciadamente, los jueces que actualmente se han elegido para los distintos niveles, le van a deber su voto a la actividad de MORENA, a sus promotores del voto, sus redes, su núcleo duro. No le van a deber los puestos que van a tener, a la ciudadanía, como debería de ser. Y mucho menos a quienes se expresaron a través de la no participación.

Por otro lado, sí se puede señalar que fue escasa la votación, en una proporción del 12 % a un 13 % de votantes, en la primera declaración del Instituto Nacional Electoral, aunque ya para el martes había quienes decían que no habría votado más del 5 % del electorado.

No sabemos lo que está ocurriendo, por cuáles razones se votó. No tuvimos la información necesaria para tomar decisiones realmente sólidas. Hay un desconocimiento general de lo que es la Ley. Y también, en un sentido más amplio, de lo que significa la democracia, y las instituciones que tradicionalmente se dan en los países democráticos. Nos falta el concepto de los balances y contrapesos, que son verdaderamente difíciles de entender para la mayoría de la población. Tenemos también un desconocimiento, inducido por quienes diseñaron esta votación, sobre los candidatos, de manera que hubo poco tiempo, y poca difusión del conocimiento de los que estaban proponiéndose como candidatos. Y se les dejó la tarea al TikTok y otras redes sociales. Que la mayoría de la población no tiene la costumbre de consultar.

Una gran parte de la ciudadanía no tiene el conocimiento como para poder acceder a información específica a través de las redes. Básicamente, tienen un modo muy simplificado de acceder a las mismas. No hablemos de personas como los obreros, los campesinos y sobre todo ciudadanos que residen en las poblaciones pequeñas, donde muchas veces la infraestructura no permite hacer un uso intensivo de estos medios. Se hizo la difusión para una parte del país que sí tiene esos accesos y esos conocimientos. No para todos.

Además, también en un nivel mucho más generalizado, hay un gran desinterés por la política. Se piensa que hablar de política en reuniones sociales es de mal gusto. Porque lo más probable es que ocurran pleitos. Y es cierto. Efectivamente, puede ocurrir, porque al no tener conocimientos suficientes, nuestra única reacción cuando alguien propone ideas diferentes de las nuestras es el enojo y rebatir a través del insulto. Es lo que ha crecido enormemente en los últimos años. No es ese el modo como se puede llegar a ser democrático. Pero no tenemos otro, porque no sabemos cómo defendernos y no entendemos cómo aprovechar, verdaderamente, lo que sabemos.

Nos encontramos, una vez más, con que nuestra ciudadanía está profundamente dividida, con una gran desconfianza los unos a los otros y haciendo muy difícil una colaboración ciudadana. Podría uno pensar que ha sido el propósito maquiavélico de quienes diseñaron el lío en el que estamos ahora, metidos en el cambio del poder judicial. Si el propósito ha sido dividir a los ciudadanos para que no se puedan poner de acuerdo, claramente lo están logrando. Y no hay que permitirlo. Solo unos cuantos ganan con la división de la ciudadanía. La división de quienes no siguieron las indicaciones de MORENA, el encono que se está creando entre los ciudadanos, debe evitarse. Pensando a futuro, tenemos que sanar nuestras diferencias, por el bien de la Patria.

Finalmente, tuvimos que llegar a una decisión: ¿Votamos o no votamos? ¿Aceptamos el cochinero o nos abstenemos? ¿Fuimos indiferentes o teníamos razones para manifestarnos? Detrás de todo eso pudo haber muchas cosas, porque no supimos qué hacer, de lo cual no tenemos toda la culpa. Hubo quien limitó la información y diseñó todo el evento de manera que no pudiéramos fácilmente acceder a la información. O también puede haber sido porque no nos importó.

Pero finalmente, la solución de fondo, es encontrar el modo de salir de este conflicto que nos está dividiendo como Sociedad. Y la solución está en los propios ciudadanos. Una intervención ciudadana decidida, que no confíe en que las soluciones vengan de los políticos, de una clase política que, tal vez, en algunos casos, ya está irremediablemente desprestigiada. Podría ayudar una refundación de los partidos y de los grupos políticos. Pero lo que necesitamos son actividades ciudadanas, que no estén basadas en la clase política y que nos permitan resolver estos problemas de fondo.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

La Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de Sonora escuchó con apertura y atención una propuesta de reforma profunda a la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que presentó el Consejo INCIDE, agrupación desde donde hemos logrado algo escaso en la vida pública: articular técnica, experiencia, conocimiento y compromiso ciudadano en documentos legislativos claro, estructurados y orientados al futuro.

La propuesta se trata de una reforma legal con 29 medidas estructurales que, de tomarse en cuenta, modificarán el paradigma de cómo se planifican, autorizan y supervisan las ciudades y el territorio en Sonora. Va desde lo conceptual hasta lo operativo, desde la ética profesional hasta la digitalización, desde la gestión del agua hasta la vivienda social.

Quienes conocemos los procesos urbanos sabemos que los problemas no aparecen por sorpresa. Son efectos predecibles de decisiones deficientes. Cuando se construye en zonas inundables por ignorancia, indolencia o corrupción, cuando se aprueban fraccionamientos sin agua, cuando no se supervisan las obras o se ignora la opinión de los vecinos, el resultado es conocido: vulnerabilidad, abandono, especulación, fragmentación y desastre.

Por eso la propuesta de INCIDE es relevante. Porque enfrenta los problemas donde realmente se originan: en la norma, en el procedimiento y en la omisión institucional.

Uno de los puntos más sólidos es la prohibición expresa de construir en zonas de alto riesgo, con consecuencias legales para funcionarios y desarrolladores que violen esta disposición. También se exige un dictamen hídrico técnico obligatorio para autorizar cualquier desarrollo urbano. Son condiciones mínimas de responsabilidad pública que hoy, increíblemente, no están garantizadas por la ley.

Propone una homologación estatal del registro de Directores Responsables de Obra (DRO). Esto es clave. Hoy en día, la figura del DRO sigue siendo ambigua y dispersa, sin control técnico ni administrativo real. Se propone crear un padrón estatal obligatorio, con certificaciones actualizadas, controles éticos y sanciones claras.

Creación de un Sistema Digital Estatal de Gestión Urbana, que permita tener en tiempo real información sobre licencias, inspecciones, sanciones y atlas de riesgo. Hoy esa información está dispersa, opaca o simplemente no existe. En el mismo sentido, la propuesta incluye medidas claras para la mejora regulatoria en el ámbito urbano. Se plantea la simplificación de trámites, la creación de ventanillas únicas digitales y la implementación de análisis de impacto regulatorio ex post. Esto permite evaluar la eficacia real de los reglamentos una vez aplicados, para corregir o ajustar según resultados, pasando del diseño de escritorio a una gestión con base en evidencia.

Se propone un cambio en el fondo: revisión quinquenal obligatoria de planes urbanos, mecanismos fiscales para combatir la especulación del suelo, figuras como las Zonas Industriales Estratégicas para el nearshoring, y hasta un nuevo Instituto Estatal de Planeación con autonomía técnica. Todo con un enfoque transversal de resiliencia, justicia territorial y sostenibilidad.

El reconocimiento legal de la participación territorial de las juventudes. Esta medida no solo abre espacio para una nueva generación de urbanistas, también fortalece la legitimidad democrática de las decisiones territoriales. En tiempos donde la desafección política entre jóvenes crece, esta es una puerta para construir ciudadanía desde el territorio.

No se trata de inventar una ciudad utópica. Se trata de evitar seguir reproduciendo los errores del pasado: crecimiento urbano que ignora la escasez de agua, proyectos mal diseñados que acaban abandonados, vialidades sin conectividad, fraccionamientos sin servicios, desarrollos que colapsan con la primera lluvia.

Los legisladores tienen en sus manos una oportunidad que no aparece todos los días: actualizar la ley para anticiparse a los problemas y no simplemente responder a ellos cuando ya es tarde. Esta reforma, si se aprueba, convertirá a Sonora en referente nacional. No por su discurso, sino por su marco jurídico sólido, moderno, preventivo y participativo.

Porque las ciudades no fracasan por mala suerte. Fracasan cuando quienes tienen la responsabilidad de conducirlas no escuchan, no prevén y no legislan.

Y en este punto, es legítimo preguntar: ¿está el Congreso del Estado de Sonora listo para legislar a la altura de los desafíos de su tiempo?

Porque si no lo hace ahora, ¿cuándo?

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx