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Opinión

Política y libertad religiosa, bienvenido el debate

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¿A usted le gustaría que un sacerdote o ministro de culto lo apoye públicamente en su campaña política? Supongamos que sí, pero ¿será delito? ¿o será pecado? ¿Estará terminantemente prohibido o habrá maneras de darle la vuelta a la ley? ¿Qué tanto está dispuesto a arriesgar su carrera política en un tema tan escabroso como éste? ¿O quizá sea usted más partidario del rey Enrique IV quien dijo: “París bien vale una Misa”?

Como herencia de la difícil construcción de la identidad e instituciones nacionales laicistas, México aún tiene leyes que exigen a las asociaciones religiosas y a sus ministros de culto a abstenerse de participar de la vida política de sus comunidades; está estipulado en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público promulgada en 1992 y están confirmadas en las reformas del Estado del 2011 en la que se garantiza la libertad de religión de todos los ciudadanos al tiempo de reforzar que México es un Estado laico. Lo cual parece una buena receta que ha funcionado constructivamente en otros países democráticos modernos.

Sin embargo, es claro que aún falta resolver ciertas ambigüedades e inconsistencias sobre los límites de las asociaciones religiosas y el pleno respeto a las garantías ciudadanas; porque es claro que la aplicación de la ley vigente aún carece de criterios claros y homologados. A veces se señala a un ministro por un delito (por ejemplo, contender por un puesto de elección popular sin guardar los cinco años de veto tras abandonar el ministerio) pero a otros no, a pesar de que hayan realizado la misma acción. Y a veces se vuelven rígidos los criterios legales con ciertas asociaciones religiosas (por ejemplo, participar de actos políticos), pero con otras no. Es decir, el cumplimento de la ley parece estar más sujeto a la arbitrariedad y la casuística que a la razón y el orden.

Uno de estos casos es el que vive ahora el sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, quien este 13 de julio ha sido llamado a declarar ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Se le acusa de participar en presuntos actos proselitistas durante la campaña política de esa entidad el pasado 4 de junio. Sin embargo, al mismo tiempo, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, determinó que dicha instancia se abstendrá de investigar la denuncia que se interpuso contra este ministro de culto cuyo trabajo a favor de la defensa de los derechos humanos de los migrantes es ampliamente reconocido en todo el mundo.

Esta disonancia finalmente ayuda a que se reabra el debate y se retome el diálogo sobre los considerandos legales que deben garantizar las posibilidades y las fronteras de la libertad religiosa al mismo tiempo de mantener los principios de laicidad del Estado. Y eso es positivo porque podría ayudar a reflexionar con madurez -y ya sin los prejuicios heredados del poder hegemónico-, el valor de la coparticipación social del Estado con todas las estructuras intermedias de la sociedad. Incluidas las asociaciones religiosas que hoy suman 8 mil 830 organizaciones en toda la República mexicana donde participan activamente más de 80 mil ministros de culto.

Y es que un modelo moderno de libertad religiosa en el marco un verdadero Estado laico podría ser la verdadera fórmula para evitar que las asociaciones religiosas sean vistas por los partidos políticos o las autoridades del Estado como una fácil clientela política, como un bastión masivo de votos uniformados o un gremio legitimador de su autoridad, sino todo lo contrario: como grandes grupos ciudadanos que, desde la pluralidad, comparten valores y principios religiosos, cuya responsabilidad ética y ciudadana les obliga a participar con independencia y madurez por el bien común, a veces a favor de ciertas propuestas políticas y a veces en contra. Lo que no debe sorprendernos mucho porque así es (o debiera ser) la democracia.

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Análisis y Opinión

Un cierre doloroso pero necesario

Felipe Monroy

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Histórica, dolorosa y sin duda controversial decisión han tomado las autoridades civiles y religiosas para mantener cerrado por cuatro jornadas la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México en el marco de las Fiestas Guadalupanas que año tras año convocan entre 6 y 8 millones de peregrinos hasta los pies de la imagen de la Virgen Morena.

La decisión no ha sido sencilla. Se trata en primer lugar un centro devocional que permanentemente recibe fieles y procesiones que acuden al Tepeyac para pedir, agradecer o sentirse cobijados por el maternal amparo de la Virgen de Guadalupe; es el recinto religioso de mayor afluencia del continente americano y el santuario mariano más visitado de todo el mundo. A lo largo del año, se estima, unos 20 millones de fieles provenientes de todas partes del mundo acuden a La Villa a visitar a la Virgen.

En segundo lugar, es un espacio de convergencia social que reafirma y renueva varias expresiones del profundo sentido cultural mexicano: la solidaridad con el prójimo, la organización local o comunitaria, el tesón, el sacrificio, la compasión y el compromiso con una mejor versión de uno mismo. Entre el 10 y el 13 de diciembre de cada año, miles de personas extienden el mejor de los gestos de hospitalidad para con los millones de peregrinos; y, por su parte, los fieles acuden hasta el Santuario con uno o varios compromisos personales o espirituales que consideran ayudarán a mejorar su vida en su familia o su localidad. Ya sea por obligación moral o por vocación, los voluntarios y los peregrinos son ciudadanos con espíritu renovado que, en su mejor perfil, coadyuvan positivamente a las instituciones fundamentales e intermedias del pueblo mexicano.

Mirar el fenómeno guadalupano exclusivamente bajo perspectivas económicas o demográficas no refleja la verdadera riqueza que existe en esta manifestación popular que no pocas veces ha definido el curso de la historia nacional o de los valores culturales ampliamente aceptados por las familias mexicanas. El fenómeno guadalupano pertenece al pueblo y, como aporta el papa Francisco, ‘pueblo’ no es una categoría lógica o mística, sino una categoría mítica: “La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales”.

La pandemia de COVID-19 ha privado a la sociedad mexicana de esta trascendente experiencia anual y no hay que minimizar los efectos que esto conlleve en los próximos meses. Sin embargo, ha sido un acierto de las autoridades buscar conjurar con esta dolorosa decisión otras verdaderas tragedias familiares que sufrirían ante el ignominioso silencio de quienes, pudiendo hacer algo, prefirieron no adaptarse. Además, aventuro, esta decisión podría ayudar a los fieles guadalupanos a comprender una riqueza de su devoción no advertida y que quizá la costumbre y el folclor disfrazan.

Cierto, hay voces de creyentes más cercanas al fariseísmo, que elogian otras experiencias de fe comunitaria frente al COVID; como la vivida este mes en el patriarcado ortodoxo en los Balcanes donde celebrantes y fieles sin vigilancia de medidas sanitarias participaron el domingo 22 en el funeral del patriarca serbio Irinej (muerto por COVID) quien, a su vez, había celebrado sin cuidados sanitarios al funeral del arzobispo montenegrino Amfilohije Radovic el 1 de noviembre (muerto también por COVID). Afirman que aquellos fieles fueron valientes por no supeditar a Dios ante la pandemia del coronavirus; pero en realidad, aquellos antepusieron la forma al fondo. Y ese es el error en la perspectiva que tienen de su fe y de su experiencia religiosa.

Me explico y concluyo: Se dice que la expresión ‘lengua muerta’ es sumamente precisa porque un idioma muere cuando ya no puede cambiar, cuando sólo se puede ‘aprender’ en el canon gramático, cuando no ‘vive’ ni ‘evoluciona’ en las relaciones ni en las conversaciones, ni en la literatura ni en la cultura de sus hablantes. El fenómeno guadalupano es un lenguaje vivo, que no se limita a los márgenes celebrativos formales, litúrgicos o tradicionales; que ha sobrevivido, madurado y se ha transformado radicalmente a lo largo de la historia. Este tiempo también es una prueba para reencontrar ese sentido, es una prueba para comprobar que más allá de la costumbre, hay un pueblo que vive su devoción abrazando con dolor el presente para sembrar el futuro de aprendizaje.

LEE Caso Cienfuegos: El dilema

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Caso Cienfuegos: El dilema

Felipe Monroy

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Es conocida la anécdota del general villista Pablo Seañez con el periodista norteamericano John Reed mientras iban en un carro para alcanzar al general Urbina allá en 1915. En el automóvil iban el general, un mayor de nombre Vallejo, Reed y una mujer embarazada (la llevaban a la ciudad para ver a un médico); al cruzar un arroyo, el auto se atoró, el general sacó la pistola y sugirió que, para aligerar el sobrecargado vehículo, había que matar al periodista. Vallejo convenció a Seañez de guardar la pistola mientras Reed se bajaba a empujar el carro. El general al final dijo riendo: “Bien, ahora llevamos un caballo más”.

La historia marca varias pautas a considerar: Uno, que las fuerzas militares en ocasiones pueden poner los recursos a su alcance para ayudar al pueblo necesitado (representado en la mujer embarazada). Dos, que ante los problemas, la decisión y la orden son prestas para responder a favor de un ‘bien mayor’, incluso si para ello se debe sacrificar algo o alguien; bien se dice que se rompe la soga por lo más delgado. Y tres, que a pesar de que el forastero o el periodista ponga de su parte la creatividad y el coraje para ayudar a desatorar una marcha detenida por la desavenencia, no será sino un recurso para la satisfacción de los mandos.

Viene todo esto a cuento por el caso del general Salvador Cienfuegos y su peculiar -y fugaz, si lo vemos bien- paso por la justicia norteamericana. La mayoría de los comentaristas de noticias considera que el affaire del general en Estados Unidos es un tema que no se puede minimizar. Desde su aprehensión en Estados Unidos hasta su retorno a México vía un acuerdo bilateral del que se desconocen todos sus matices, el asunto obliga a reflexionar quiénes son los personajes de la historia, cuáles son sus motivaciones y qué se ha sacrificado para intentar desatar ese nudo Gordiano que aún inquieta entre la sociedad.

En resumen, al general Cienfuegos -exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto- lo aprehende la DEA en Los Ángeles el 15 de octubre pasado bajo la acusación de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero; casi un mes más tarde, las autoridades de Estados Unidos entregan a la Fiscalía General de la República los documentos que soportan la investigación contra el general y configuran un acuerdo con el Estado mexicano para la repatriación del militar de 72 años. México tiene enfrente la obligación -legal, moral y hasta diplomática- para realizar todas las diligencias necesarias en el proceso contra Cienfuegos.

Para la Fiscalía no es sino un escollo en el que hay demasiado peso como para continuar avanzando en otros casos de corrupción que también reciben presión especialmente de la ciudadanía. La respuesta: aligerar la carga. Para el general Seañez la respuesta era obvia al aniquilar a una de las partes; el periodista Reed sabe que debe ser él quien apoye antes de que lo hagan ayudar contra su voluntad.

Ningún recurso, en el fondo, es inagotable y la Fiscalía seguro no goza de todos los necesarios para atender los procesos que tanto Presidencia como la ciudadanía le exigen y menos cuando le derivan uno del calibre del Caso Cienfuegos. Alguno de los casos debe poner a enfriar, alguno deberá abandonar en el camino, aniquilarse para salir de escollo en que se encuentra la Cuarta Transformación. ¿Qué casos debería ir soltando? ¿Collado, Serna, Ancira, Calderón, el huachicoleo, Videgaray, Lozoya, Peña, Ayotzinapa, al exsuperdelegado en Chihuahua, al grupo élite de la Marina, a la empresa Iban Wallet?

Para los medios de comunicación, la persecución de ‘los peces gordos’ siempre es un atractivo noticioso, pero tiene sus consecuencias. Las manifestó con claridad meridiana el fiscal de la zona norte en Chihuahua, Jorge Nava a inicios de noviembre: La Fiscalía General de la República no tiene tiempo, ni recursos para investigar ni procurar justicia a los miles de crímenes de índole federal que se cometen todos los días en el territorio mexicano. El resultado: impunidad por encima del 95% en casos donde se requiere la acción de las instancias federales. Eso, sin contar los errores que comienzan a acumularse en la dependencia: La mala integración del caso contra los militares implicados en el Caso Ayotzinapa dan una muestra de ello.

Adivine quién va a bajarse a empujar para salvar el propio pellejo.

LEE Abusos sexuales en la Iglesia, después del Informe McCarrick

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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