¿Por qué el miedo a las decisiones impopulares y dolorosas en la gobernación?   

¿Por simple cobardía, o por ignorancia de lo que es el Estado y cuál su papel en las sociedades democráticas?

¿Acaso la condena a decisiones como aquéllas se debe, esencialmente, al temor a cumplir con la primera obligación del gobernante, hacer respetar la ley por todos, sin distingo alguno?

¿En verdad piensan que el gobernante debe, en aras de mantener una falsa imagen de respetuoso de la ley, permitir que masas amorfas de oportunistas y populistas de nuevo cuño, se pasen la legalidad por el Arco del Triunfo?

¿Acaso debe equipararse, hacer respetar la ley con represión? ¿Y cómo llamaríamos a la violación sistemática de aquélla por parte de grupos que piensan todavía hoy, que los nacionalismos más acedos y reaccionarios, casi feudales, son el futuro cuando, si fuéremos congruentes, deberíamos condenarlos como lo único que son, pesado lastre que nos pretende atar al pasado?

¿A qué vienen los párrafos anteriores? A la avalancha de opiniones de los políticamente correctos, y de quienes ignorantes de todo lo que es y significa la gobernación en las sociedades democráticas, pretenden que un gobierno legítimo, obligado a hacer respetar la ley sin distingo alguno, se convierta en cómplice de la turba violadora sistemática de la ley. 

Los que opinan con una autoridad que sólo da la ignorancia, no únicamente condenan al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sino que los más ingenuos le exigen, desde aquí en México, que renuncie.

Como diría mi amigo Paco Zea: ¡Qué cataplines tan azules!

Si uno siguió con atención el referendo -que el Tribunal Supremo Constitucional Español juzgo ilegal y el gobierno español debía impedir su realización-, y el proceso que desembocó en la violencia de quienes hicieron caso omiso de la ley y de las decisiones de los tribunales, debe hoy entender que el gobierno español no tenía otra salida más que la que vimos: Aplicar la ley y para ello, utilizar los recursos que esa ley le otorga.

Las cosas regresarán en pocos días a su cauce y, quienes pensaron que al frente del gobierno español está alguien que le tiembla la mano para hacer respetar la ley, hoy han entendido -quieren o no-, que se equivocaron completamente.

El oportunismo de unos cuantos, más el populismo de masas de ignorantes y oportunistas, ha demostrado que el pasado no es el mejor de los futuros.

¿Qué harán y dirán unos cuantos vivales que se aprovechan desde hace años, de la ignorancia de los muchos para, con base en la demagogia y la manipulación que seduce a los que ven viable regresar la rueda de la historia, venderles la idea de que el mejor futuro es el pasado?

¿Qué dirán los engañados, que compraron ciegamente el concepto de una independencia imposible de concretar en los tiempos que corren?

¿Qué harán para corregir, los que ahora deben entender que sólo con visión de futuro y la modernidad por objetivo, es posible adecuarse a las nuevas condiciones de España y del mundo?

Bien harían pues, los que aquí babean ante el que les vende de manera burda el antepasado como el mejor de los futuros, verse en el espejo del BREXIT y ahora, en el de los ingenuos y manipulados catalanes.

No hay pues mejor futuro, que el que nos deberemos construir. Los que ven hacia atrás y sueñan con restaurar un pasado que no volverá, se toparán con una cruda y dolorosa realidad la cual, por más que se arrepientan, no dejará de cobrarles un altísimo precio por su tontejada, de creerles a los populistas de nuevo cuño que el pasado es el mejor de los futuros.

Si no me creyeren, vean cómo andan hoy los que en el Reino Unido votaron por el BREXIT, y vean mañana cómo van a andar los catalanes quienes, hoy hicieron caso al canto de las sirenas que, con habilidad y perversidad, entonó un grupúsculo de bribones.

Por último, mucho ayudaría a entender y aceptar, que el buen gobernante es el que se atreve a hacer respetar la ley sin distingo alguno y, si para ello debe utilizar los recursos que la legalidad le entrega, es su obligación primera hacer uso del monopolio legítimo de la violencia.

Eso no es, en modo alguno, represión. Es, simplemente, cumplir con su obligación primaria y fundamental: Hacer valer el Estado de derecho.