Opinión
Regulación para apps de movilidad: ¿conflicto de intereses?
Ciudad de México.— Hace seis semanas, para ser exacto el pasado 16 de octubre, el gobierno de la CDMX publicó un aviso en el que exige a las apps de transporte como Uber, Cabify y Didi una gran cantidad de datos privados sobre cada viaje que ofrecen, bajo el argumento de fortalecer la seguridad en su operación.
Entre los datos que las empresas deben entregar a la Secretaría de Movilidad capitalina, ya sea de manera quincenal o mensual, se encuentra información relacionada con los viajes, tales como números de placa de los vehículos, de las licencias de conducir, coordenadas de localización de los vehículos, ingresos por los viajes, entre muchos otros datos.
Esta regulación, plantea un conflicto de intereses debido a que en ésta se señala que “se busca minimizar externalidades negativas de estos servicios, por lo que se busca promover la sustitución de transporte sustentable”.
Sin embargo, pareciera que el gobierno de la CDMX quiere desincentivar las plataformas mediante el uso de la autoridad gubernamental, ya que la exigencia de datos, que deben ser privados, constituye una política discriminatoria en contra de conductores y usuarios de estos servicios.
¿Sabía usted que Semovi está trabajando en una aplicación desarrollada por el propio gobierno, denominada “Mi Taxi”? ¿Quién puede asegurarnos que los datos no se vayan a utilizar para crear un monopolio alrededor de su propia app? Dicen por ahí “piensa mal y acertarás”, y la verdad suena a mucha casualidad que el Gobierno local haya anunciado el desarrollo de ésta en paralelo al sistema de información que pretenden implementar a partir de los requerimientos de tantos datos privados.
Por otro lado, quien se hará cargo de resguardar la información es la Agencia de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México, institución creada para realizar iniciativas de gobierno abierto, digital, gobernanza tecnológica y análisis y uso estratégico de la información, dirigida por José Merino, quien actualmente tiene una empresa llamada Data Cívica, la cual labora con datos.
Esta compañía, en 2017, descifró los nombres de 31 mil 968 personas desaparecidas a quienes el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), de la Segob, mantenía en el anonimato. ¿Cómo los datos pueden estar seguros en una empresa de análisis que ya demostró tener la capacidad de desanonimizar (hacer cruces de información) una base de datos inmensa con información sobre la identidad de decenas de miles de personas?
Hasta el momento, no se han justificado los motivos por los cuales se requiere tal cantidad de información en el mencionado aviso de las autoridades, por lo que antes de que se continúe pidiendo santo y seña a las plataformas digitales, con el motivo de la seguridad, es necesario justificar para qué se necesita ésta, ya que de caer en las manos equivocadas se podría vulnerar el derecho a la privacidad afectando a miles de personas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
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Felipe Monroy
La otra campaña: una batalla contra el ‘yo’
Existe la confusión generalizada de que una campaña electoral debe centrarse completamente en la persona a elegir. Sin duda, hacer conocer, mostrar y publicitar al personaje político contendiente es una obligación de la comunicación política de campaña: Es necesario dar a conocer la historia de origen de los candidatos, sus perfiles y sus discursos; es trabajo de sus colaboradores hacer que el respetable vincule su voz a su rostro y ambos a una idea, dos, máximo. Pero eso no es lo único.
La estrategia también debe hacer reconocer que ‘todo lo que no soy yo’ es ‘lo otro’, lo opuesto. Las campañas se construyen en discursos que configuran lo propio y lo ajeno, los aliados y los enemigos, los partidarios y los opositores. En el mundo contemporáneo es algo ingenuo acudir a un proceso electoral convencidos de que la nuestra es sólo una opción entre otras participando en un juego justo; en realidad, es importante convencerse y persuadir a todos cuántos se pueda de que ‘todo lo demás’ es un error. Como diría el ilustrador de sátira política, Ramón: “O yo o el caos”.
Es por eso que, naturalmente, las auténticas propuestas de política pública, filosofía política o praxis administrativa quedan seriamente relegadas en una estrategia de campaña electoral. Todos los contendientes pueden coincidir en políticas públicas concretas y hasta compartir principios y valores políticos específicos; todas las opciones electorales además pueden padecer las mismas críticas a sus respectivas gestiones, experiencias o a la falta de ellas. Pero sus campañas se esforzarán en describir que los personajes habitan las antípodas políticas, que el triunfo de uno no sólo es el fracaso del contrincante sino su condena. A eso le llamamos dicotomización del juego político, un fenómeno propio de la polarización política.
Esto ya lo advertía hace 100 años Harold Lasswell: “Cuando contemplamos los signos sobrevivientes de las antiguas batallas –sus inscripciones– puede que no sea posible leerlos”. Es decir, cuando retornamos a las viejas campañas políticas que llevaron al poder a políticos que ya olvidamos (o deseamos olvidar), muchas veces no es sencillo recordar cómo nos vendieron la idea de que dichos personajes eran únicos y eran necesarios. La propaganda dentro de las campañas políticas es tan efímera como sus objetivos; cuando se alcanzan o se pierden, parece ya no haber necesidad de regresar a ellos. Personalmente, me gusta creer que esta regla vive en la excepción de la terquedad que da sentido a los ideales, que permanecen tanto en el triunfo como en la derrota.
Laswell afirma que, los restos en las viejas batallas (escudos, lanzas y otros artefactos rotos) sólo evidencian quién se percibía a sí mismo como mortalmente opuesto a quién. Así de simple: sin ideales, sin historias, sin razonamientos ni valores. Sólo los restos de un conflicto excluyente. Sin embargo, me gusta pensar que la ciudadanía de esta época tiene capacidad de jugar el juego de la propaganda política sin entregar su sangre en batallas cíclicas, simbólicas, abiertas a revisión y a la revancha legítima.
Las estrategias de comunicación política electoral siguen construidas en prácticas dicotómicas y polarizantes, que reducen toda conversación a ‘nosotros’ contra ‘ellos’, edificadas desde la dependencia en las certezas y los prejuicios de ‘observaciones internas’. Pero los ciudadanos no estamos obligados (como sí lo estaban los súbditos en reinos enfrentados) a reducir nuestra acción política a criterios de supervivencia y amenaza, somos capaces de descubrir y asimilar sus particulares sesgos con los que entendemos el mundo y la política, hay posibilidad de evaluar hipótesis sobre narrativas que provengan desde afuera del filtro-burbuja en donde nos sentimos cómodos.
La otra campaña política, la que corresponde a cada ciudadano que honestamente busca despresurizar y despolarizar la conversación social, comienza por aprender a cohabitar pacíficamente con lo irresoluble del entorno y de nosotros mismos. Con lo que permanece: con los ideales aunque no se alcancen, con lo necesario aunque provenga de otro lado; y con lo justo, aunque implique un poco de nuestro sacrificio.
*Director Siete24.mx @monroyfelipe
Columna Invitada
Muerte digna sin dolor
Por Ivette Laviada
Es lastimoso tener que reconocer que vivimos en una sociedad en decadencia y esto se intensifica cuando vemos legisladores más preocupados por el exterminio de la población que por velar por el ejercicio verdadero de los derechos humanos y el goce de los mismos.
Al parecer no les preocupa mucho cómo garantizar la salud de los mexicanos, cómo hacer para que vivan y puedan disfrutar de los privilegios que una vida sana conlleva, entendemos que es caro, pero las cosas que valen la pena cuestan y para ello no tenemos presupuesto suficiente; pero, ¿Qué tal para ayudar a facilitar la muerte de nuestros compatriotas? En Morena, una y otra vez han insistido en tratar de llamar derecho a terminar con la vida inocente del bebé concebido, el aborto es y sigue siendo un delito en el país. Ahora van por la eutanasia, y a las pretensiones de los morenistas se han sumado unos pocos de otros partidos.
La iniciativa de “muerte digna sin dolor” es completamente contraria a los derechos humanos; en México la eutanasia y el suicidio asistido están expresamente prohibidos en el Art. 166 de la Ley General de Salud y en el Art. 312 del Código Penal Federal (CPF).
El disfraz que le quieren poner a la eutanasia activa, considerándola como un acto de piedad a solicitud del enfermo para evitarle sufrimiento ante una enfermedad terminal, tiene muchas aristas que hay que considerar.
No es lo mismo regular la voluntad anticipada, cómo ya se hace en varios estados -Yucatán tiene una de las mejores en este ámbito- en la cual un enfermo terminal puede en el ejercicio de su libertad disponer qué medios, terapias o procedimientos quiere o no recibir durante el proceso de su enfermedad a solicitar que el personal médico o incluso un familiar le procure la muerte para “aligerar su dolor”, ya que como lo establece el CPF comete homicidio quien le procure la muerte a otro.
En esta iniciativa se invoca como máxima el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona, pero sesgan lo que entienden por uno y otra, tratando de justificar que es algo bueno que alguien quiera morir para dejar de sufrir, y no se trata de contravenir la libertad de una persona con derecho a elegir qué quiere para su vida, aquí lo que está en juego es que se requiera de un agente externo con permiso para matar y que esto sea legal.
Invocan también el que otros países considerados avanzados ya cuentan con estas leyes, por cierto tan sólo son 7 en Europa y 1 en América, y para nadie es desconocido el invierno demográfico que vive ese continente, y con estas leyes favorecen su extinción, eso sí, tendrán un ahorro considerable ya que mantener enfermedades catastróficas, terminales, etc. le cuestan mucho al estado.
Favorecer la eutanasia nos haría una sociedad utilitarista, condenan a médicos en hospitales públicos a no ser objetores de conciencia si quieren mantener el empleo, se habla de un pequeño comité para aprobar el ejercicio de la eutanasia para un paciente y para nada del decreto de diciembre de 2011 que obliga a los hospitales a contar con Comités Hospitalarios de Bioética, que prestan un invaluable servicio como instancia de análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto a los dilemas éticos que surgen en la práctiva clínica y la atención médica.
A los legisladores les pedimos que mejor se ocupen en cómo garantizar la salud tan cacareada “como en Dinamarca”, que dicho sea de paso allí la eutanasia no es permitida.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx