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Opinión

Repensar la laicidad y los derechos humanos de ministros de culto en México

Emanuel Mendoza Cancino

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***Estrenan documental sobre crímenes contra ministros de culto “Tragedia y Crisis del Sacerdocio en México” en el Congreso de la Unión y plantean cambios para combatir violencia

La creciente tasa de incidentes violentos y criminales contra ministros de culto en el país hace imperante un debate sobre reformas profundas al régimen de Asociaciones Religiosas vigente y una reflexión sobre el cuidado de los derechos humanos de estos olvidados líderes comunitarios.

Al menos así lo planteó la diputada federal, Graciela Zavaleta, en el marco de la presentación del documental “Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México”, realizado por el Centro Católico Multimedial en el Palacio Legislativo.

El documental, producido por el sacerdote Paulino Omar Sotelo Aguilar, presenta las voces e historias de más de medio centenar de agresiones criminales contra ministros de culto en la última década en el país; y, para la legisladora Zavaleta, es una evidencia de la necesidad de reflexión sobre el cuidado que el Estado provee a los derechos humanos de este colectivo ciudadano.

Un tema muy pocas veces abordado desde la esfera pública nacional debido a lecturas institucionales de laicismo que invisibilizan al colectivo de ministros de culto. Los delitos contra sacerdotes, líderes religiosos y agresiones a templos se han multiplicado exponencialmente (de tres o cuatro casos por sexenio pasamos a más de 25) y, según constata Sotelo Aguilar, la gran mayoría de estos casos quedan en la sombra de la impunidad o peor, en el olvido.

Los realizadores del documental, la legisladora o los representantes de la Iglesia en México no olvidan que el país se encuentra en una descomposición social alarmante que provoca miles de muertes violentas prácticamente en todos los estados y a los sectores vulnerables más diversos; pero destacan que el colectivo de ministros de culto prácticamente ha sido omitido de la procuración de sus derechos humanos.

La legisladora Zavaleta es directa: “[Se trata de] los derechos humanos de un sector social que prácticamente está en las sombras; son pocos los estudios que abonan al conocimiento del estado de vulnerabilidad de este sector social particularmente por el trabajo que desarrollan acompañando comunidades y pueblos cuando la autoridad está ausente y los grupos criminales pretender sustraerse al imperio de la ley que nos hemos dado”.

Para la diputada, los ministros de culto suelen ser “factor de estabilidad en comunidades golpeadas por la violencia” y por ello los atentados contra éstos, desestabilizan la paz: “El homicidio de cualquier ministro de culto toca fatalmente a sus comunidades… no son hechos de efectos aislados, repercuten socialmente”.

La presentación del documental en el palacio legislativo también fue la oportunidad para que, en nombre de la Iglesia católica de México, se hiciera un reconocimiento de que, en la historia de la humanidad, “no siempre fue claro para las diferentes culturas y sociedades que todo miembro de la especie humana es persona y que posee una altísima dignidad, y que ella se desprenden todos los derechos humanos”.

El obispo Alfonso Miranda Guardiola, secretario general del Episcopado Mexicano, admite que la propia Iglesia Católica “ha vivido sus propias conquistas, omisiones y negaciones en referencia a los derechos humanos”; pero que, gracias a muchos testimonios y reflexiones históricas de personajes cristianos, hoy hay un abierto compromiso por la promoción y defensa de los derechos de todas las personas: “Hay un llamado a contribuir con coraje y determinación a respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las personas ‘invisibles’ que viven en los márgenes de la sociedad o son descartados”.

De hecho, en la actualidad operan en el país veinte Centros de Derechos Humanos y más de 2 mil 466 obras sociales patrocinados y operados por la Iglesia católica. Y se planea poner en marcha un plan de Construcción de Paz con el que la Iglesia quiere colaborar al Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno federal, a través de espacios de encuentro para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas, del diálogo con la sociedad civil, del fortalecimiento de centros de derechos humanos, la asistencia a personas vulnerables, la promoción del liderazgo femenino y el fomento al desarrollo integral de las comunidades.

Es un trabajo que ya ha comenzado el arzobispo de Morelia, vicepresidente de la CEM y responsable de coordinar los trabajos desde la Iglesia para la pacificación en México, Carlos Garfias Merlos: “Implementar el Proyecto Integral para la Construcción de Paz es sumarse a los esfuerzos del Plan Nacional presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La realización es a través de tres líneas de acción: Atención y acompañamiento a víctimas de la violencia; capacitación, prevención y dignificación de la persona; y la vinculación interinstitucional para mayor impacto social”.

Pero, todos estos proyectos podrían estar aún más vulnerables si las instituciones civiles no participan bajo principios de laicidad positiva y respeto a los derechos humanos de los propios ministros de culto: “Estaríamos en una situación grave de discriminación teniendo a ciudadanos de segunda”, admite la diputada Zavalata.

“Se trata exclusivamente de la defensa y promoción de los derechos humanos: Hoy los ministros de culto se convierten en blanco de la violencia por ser incómodos estabilizadores de comunidades y procuradores de la paz”, explica la legisladora y urge a revisar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público promulgada en 1992 y desfasada tras las reformas constitucionales del 2011 con la garantía de la libertad de religión y la declaratoria del Estado laico.

De este modo, el documental del Centro Católico Multimedial sobre la violencia contra ministros de culto en México -con la invaluable colaboración de Guillermo Gazanini Espinosa, en la investigación- aporta dos reflexiones necesarias en la inflexión histórica de la Cuarta Transformación de la vida pública del país: una laicidad moderna y positiva que garantice los derechos humanos de un colectivo social cuyo compromiso es contribuir a la pacificación de los pueblos.

“La violencia en México es una batalla enorme y fuerte; pero no es un reto indabatible. Sólo si el enemigo nos encuentra divididos, caeremos uno a uno”, sintetiza el sacerdote Sotelo Aguilar.

Al evento asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación: el director de Asociaciones Religiosas, Héctor Miranda Anzá; el director de Diseño de Construcción de Paz, Fernando Villalovs; y el director de Ministros de Culto, Jorge Basaldúa. Por parte de la Mesa Directiva de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el vicepresidente y arzobispo de Morelia, Carlos Garfias; y el secretario general, obispo Alfonso Miranda.

También estuvieron presentes los representantes estatales de Morelos y Veracruz de las unidades de Asuntos Religiosos: Luis Héctor Herrera y Sergio Ulises Montes, respectivamente.



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Análisis y Opinión

Coaching para mirar feo una pantalla

Felipe Monroy

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Soy pacifista, pero reconozco que disfruto una buena confrontación verbal humana. No por morbo sino porque en cualquier conflicto que busca dominar la razón y el espacio, se comprenden los contextos, los intereses y las habilidades de los interlocutores para utilizar sus argumentos. Sin embargo, la proliferación de videoconferencias y comunicación desde las pantallas parece impedirnos buena parte de esta importantísima práctica social.

Ha sido el caso de la video-comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell con senadores de la República, miembros de la Junta de Coordinación Política, realizada esta semana. Se anticipaba como una gran oportunidad de contrastar y debatir los argumentos que han mantenido en tensión social a gran parte de la población mexicana respecto a la pandemia de coronavirus; pero también, como el espacio natural de la oposición política a promover los perfiles de los liderazgos que cuestionen al régimen en el poder. En todo caso, un encuentro de alto impacto para el interés público.

Quizá parezca curioso que los medios de comunicación se hayan enfocado en apenas diez minutos de entre las cinco horas y media que duró la transmisión de la video-comparecencia del subsecretario, pero es comprensible cuando en casi todo el ejercicio privó la imposibilidad de seguir el diálogo o la construcción de confrontación: el exceso de formalismos y cálculo político aunado a la fría y cómoda distancia de la pantalla impidieron una buena comunicación.

Con honrosas excepciones, los funcionarios públicos no dominan los espacios ni lenguajes tecnológicos y simplemente trasladaron a la pantalla sus secos discursos parlamentarios desde la sala de su casa o de sus oficinas. Incluso los momentos más destacados por la prensa (la intervención de la senadora Reynoso y la respuesta del doctor López-Gatell) sucedieron con tanta distancia anímica y espacial que no ha sido fácil trasladarlo a las narrativas periodísticas.

En concreto, ella le cuestionó sobre si estaba arrepentido por anteponer su función política a su labor profesional y él le respondió que es una lástima que la gente no ponga atención; ella deslizó la idea de que el gobierno ha mentido y él le reviró que hay intereses de agenda política en construir noticias falsas sobre la actuación del gobierno. Esto, dicho así, parece una confrontación interesante; pero en la videoconferencia hay tanta distancia física como temporal y verbal; no hay suficiente intención, no hay manera de sentir los ánimos ni las reacciones de los involucrados en el ejercicio, existe demasiada comodidad en los oponentes. No hay mecanismos de defensa o agresión no verbales que den cauce a las tensiones. Tuvieron que pasar 5 horas de transmisión para que sucediera el quiebre del conflicto, básicamente cerrando los micrófonos de los participantes.

Y es que la comunicación en persona incluye comportamientos, expresiones, contacto visual y el tono de voz; también otro tipo de mensajes más sutiles pero indispensables para nuestra convivencia y supervivencia como la gesticulación, la postura o las dinámicas cinético-espaciales. Aún no hay capacitación para mirar con desprecio a un dispositivo y lograr que el interlocutor se perturbe mientras atiende -o no- su propia pantalla. El pueblo irlandés acuñó la expresión “No hay palabra capaz de tirar dos dientes”. Y es que, para aquellos, la violencia física y la violencia verbal viven en dos esferas absolutamente diferentes; quizá se adelantaban a estas confrontaciones modernas, porque sin los inmensos matices y riquezas de la comunicación no verbal estamos condenados a huir de nuestros problemas, con un clic.

*Director VCNoticias
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

A mí me daría vergüenza

José Luis Arévalo

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Sería para que les diera vergüenza a nuestras autoridades, si es que la conocen, el hecho de que los padres de niños con cáncer se encuentren a las afueras de la Secretaría de Salud Federal en huelga de hambre.

Y digo esto, porque no es posible que haya pasado mes y medio, poco menos del tiempo de la llegada del Coronavirus a nuestro país, y los niños con cáncer no tengan el medicamento que necesitan para continuar con su tratamiento. Pero mire, es probable que sí les da algo de vergüenza ya que ni siquiera los reciben.

Los padres de estos pequeños aseguran que esta vez harán más presión luego de que según comentan, los medicamentos “aparecen como por arte de magia” cada vez que se manifiestan, pero al pasar tres o cuatro días, se vuelve a terminar. Habría que estar en el lugar de estos padres para sentir esta impotencia.

El articulo 24, Fracción 1 de la Convención de los Derechos del Niño de la UNICEF, establece textualmente que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. Y En la Fracción 2 inciso b se establece que hay que “Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”.

En base a lo anterior y viendo la situación de los niños con cáncer, el gobierno mexicano no está cumpliendo con esta Convención, a pesar de que México es uno de los Estados firmantes de la misma.

Ahora bien, si el simple acto de no hacer todo lo posible por brindar esta atención a los niños con cáncer es por demás inadmisible, lo es todavía más si en estos dos meses se olvidaron de ellos debido al Coronavirus; ya que, simple y sencillamente los hospitales no han contado con los medicamentos. Digo esto para evitar que se culpe a los Directores de los nosocomios infantiles que dependen de que se les surtan los medicamentos necesarios para dar la atención. Y a esto súmele el hecho de que los padres no hayan tenido otro remedio más que plantarse a las afueras de la Secretaría de Salud a hacer una huelga de hambre y esperar a que la “apretada agenda” de los titulares de esta dependencia tenga un espacio para recibirlos. El resultado, más de 48 horas en huelga de hambre, dos madres con problemas de presión arterial y la negativa de recibirlos a la hora de escribir estas líneas. Insisto, a mí me daría vergüenza.

Es de entender que la austeridad republicana evite a toda costa el despilfarro en el presupuesto federal, pero hay temas en los que no se puede actuar así. La salud infantil es y deberá ser siempre la prioridad en todo gobierno, como lo es en una familia, y si se trata de investigar si en la compra de estos medicamentos se han cometido actos de corrupción, pues entonces a investigar pero sin dejar de surtir lo necesario y siempre comprar al mejor costo, no al más barato, por aquello del ahorro.

No sé a usted, pero a un servidor le indigna que por encima de la salud de los niños, con cáncer o sin cáncer, estén otras prioridades por parte de los que dicen manejar este país y que si bien es cierto que el Coronavirus ha ocupado la mayor atención en estos días, es impensable que por lo menos no hayan designado a una persona que se ocupe directamente de este problema, que además de llevar muchos meses más sin solución, tiene al filo de la muerte a decenas de niños inocentes.

José Luis Arévalo
Periodista
www.siete24.mx
@jlanoticias
@jarevalo
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