Rumbo a un estado fallido en seguridad

Por Ricardo Homs

Las alertas son continuas. El Estado Mexicano va perdiendo la batalla frente al crimen organizado. Anne Milgram, directora de la DEA, compareció ante el Senado de Estados Unidos y dijo: “Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que está causando”. Criticó a las autoridades mexicanas porque considera que no comparten con las estadounidenses suficiente información sobre el aseguramiento de fentanilo y sus precursores. Además, denunció que el Gobierno de México no desmantela los laboratorios clandestinos de drogas y tampoco extradita a los narcotraficantes.

Hay una gran confusión gubernamental. Pareciera ser que el grave problema de la inseguridad y la delincuencia forzosamente se deriva del comercio ilegal de drogas, cuando hoy la experiencia muestra que, -para México-, son dos graves problemas independientes, que marchan de forma paralela, pero tienen repercusiones diferentes para nuestro país.

La industria de las drogas siempre se orienta hacia el mayor mercado de consumo del mundo, que es el norteamericano, y que además es multinacional.

El juicio a Genaro García Luna nos puso en evidencia la colusión entre autoridades y grandes cárteles, en un negocio donde se mueven fuertes cantidades de dólares que se destinan a comprar la colaboración de funcionarios mexicanos del ámbito de la seguridad y la justicia, quienes venden protección al grupo delincuencial que les ofrezca mayor rentabilidad.

Estos funcionarios mexicanos utilizan el poder de reacción del estado, -y por tanto-, se convierten en el fiel de la balanza. Además, las acciones que estos realizaban en contra de los adversarios del grupo con el que estaban aliados, permitía generar la percepción pública de eficiencia en el combate a la delincuencia y posiblemente, esta se debiese a la participación directa de estos delincuentes tolerados, trabajando en apoyo de las autoridades.

Vemos también que por falta de planeación en el combate al narcotráfico se dio un desgaste que abrió el camino para el surgimiento de nuevos protagonistas delincuenciales.

Sin embargo, en los últimos años hemos visto en nuestro país la transformación de la delincuencia, que se ha vuelto versátil para encontrar nuevos nichos de oportunidad agrediendo y extorsionando a la sociedad civil.

Ante la indiferencia de los tres niveles de gobierno hemos visto crecer en los últimos tiempos este nuevo perfil de microdelincuencia, que extorsiona al ciudadano típico y le arranca su patrimonio. Así vemos como inicia con el cobro del “derecho de piso”.

Este gobierno no ha dimensionado, -que además de ser un grave delito patrimonial en contra del ciudadano-, es un freno al desarrollo de la economía nacional interna, pues impide la inversión en nuevos negocios, así como el crecimiento de los que hoy existen. Pronto esta problemática se reflejará en una disminución de la productividad de nuestro país y en el PIB.

Por ejemplo, vemos que en zonas aguacateras de Michoacán los delincuentes ponen una tasa por “cobro de piso” por cada caja de este producto de exportación, que hoy tiene gran significado en el Super Bowl. El aguacate se convierte en el guacamole, -que junto con los “nachos”-, no pueden faltar mientras se disfruta de un partido de futbol americano. Sin embargo, ante el embate del crimen organizado, hoy tienen el riesgo de sobreprecio, con gran peligro para la competitividad del producto y pérdida de mercado.

La trata de personas, -que es el resultado de la desaparición de mujeres-, es otro negocio de la delincuencia que se ha recrudecido en estos últimos tiempos.

Importante para entender lo que ha sucedido en el país es analizar el contexto. Lo primero que salta a la vista es que, durante esta administración gubernamental, el Estado Mexicano perdió autoridad para combatir la delincuencia. La narrativa oficial respecto al delito se contaminó de ideología, lo cual creó una nueva cultura delincuencial que justifica moralmente el robo, el latrocinio, -e incluso la violencia-, como si fuese reivindicación social en contra de las élites que supuestamente acumulan la riqueza del país. En este ánimo colectivo el resentimiento cobra gran importancia. Sin embargo, -como ironía-, las principales víctimas de la delincuencia organizada hoy son las clases sociales de menores ingresos y gran vulnerabilidad.

Esto a su vez trae peligrosas implicaciones políticas que nos encaminan a la descomposición social que estimula el surgimiento de un perfil delincuencial más violento y sádico. El impacto económico negativo, -derivado de la falta de seguridad y el temor-, no se ha dimensionado correctamente. La extorsión y el cobro de piso están frenando la microeconomía.

La pérdida del control territorial por parte del Estado Mexicano, -en ciertas zonas del país-, es una problemática aún no evaluada, que tiene graves implicaciones en la migración forzada, -y como consecuencia-, en el abandono de las actividades agrícolas por parte de las comunidades desplazadas, lo cual profundizará la falta de rentabilidad del campo mexicano y con ello, “emproblemará” el abastecimiento nacional.

Podemos concluir que el problema de la inseguridad y la delincuencia no es nuevo en nuestro país, pues es un problema heredado desde hace muchos años. Sin embargo, la forma en que hoy se desenvuelve tiene un sello propio, que es la pérdida de autoridad por parte de instituciones antes respetadas, -como las Fuerzas Armadas-, que, aunque ahora son más poderosas en número que antes, hoy son menos eficientes en el combate contra los grupos delincuenciales. Han perdido el respeto por parte de muchos sectores de la población civil, que en varias regiones las expulsa de su territorio para así proteger a grupos delincuenciales, sin que haya consecuencias judiciales.

Ha habido casos vergonzosos, -difundidos por televisión-, en que se les denigra con total impunidad. Aun así, la inacción de los altos mandos estimula la percepción pública de vulnerabilidad de estas otrora poderosas y respetadas instituciones.

Quizá este abandono de las tareas de seguridad en muchas zonas del país, en gran parte se deba a que los gobiernos locales están infiltrados por la delincuencia y por otra parte, los tomadores de decisiones del gobierno federal están focalizando su atención en temas electorales para retener el poder durante los próximos sexenios y así consolidar la Cuarta Transformación.

Por su parte las Fuerzas Armadas están distraídas edificando y administrando aeropuertos, construyendo el Tren Maya, operando puertos marítimos y aduanas, creando aerolíneas y quizá pronto vayan teniendo adjudicaciones de nuevas responsabilidades altamente rentables económicamente, y por ello desestiman las labores de seguridad, que fueron la principal encomienda que recibieron durante el sexenio del presidente Calderón y con ello abandonaron los cuarteles.

Otra de las circunstancias que se pueden atribuir al actual contexto político del país, -durante la gestión de este gobierno-, es la participación de la delincuencia organizada en las elecciones, -lo cual es muy preocupante-, pues nos lleva de forma directa al modelo político que se llama “narco- estado”.

El grave problema es la vulnerabilidad de nuestras instituciones frente a los caprichos de quienes gobiernan y pretenden, -de forma autoritaria-, imponer su voluntad personal.

El único camino que existe para preservar la paz social y evitar que la delincuencia organizada tome control de nuestro país, es que la sociedad civil tome el control y exija a quienes gobiernan que respeten el estado de derecho, -e incluso-, se ejerzan contra estos malos servidores públicos las acciones jurídicas necesarias si no lo hacen.

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