Violencia contra sacerdotes

El asesinato del sacerdote Luis López Villa, de 73 años de edad, párroco de la iglesia del municipio Los Reyes, La Paz, Estado de México, ocurrido el pasado 05 de julio, nos debe concientizar del gran riesgo que hoy viven los sacerdotes católicos en México.  Ya van 18 sacerdotes asesinados durante la actual administración del presidente Peña Nieto, mas dos desaparecidos y 520 extorsiones. Esto nos muestra la gravedad del problema.

Se habla continuamente de los asesinatos en el gremio periodístico, pero poco se menciona lo que está sucediendo a sacerdotes católicos, que también son líderes sociales que a veces incomodan, tanto a autoridades locales, como a los grandes capos de la delincuencia.

En los medios de comunicación hemos dado muy amplia difusión a casos de pederastia que involucran a sacerdotes y esto ha dañado la imagen de esta profesión. Sin embargo, comparado el número de este tipo de acusaciones con la cifra de 17 mil 500 de estos ministros religiosos que hoy trabajan por su comunidad a lo largo del territorio nacional, las acusaciones representan a una minoría, pues son la excepción. La pederastia es reprobable, aunque solo fuese un caso, pero no debe opacar la labor humanitaria  de toda una profesión.

Poco se reconoce la labor social que muchísimos de ellos realizan en municipios peligrosos, donde se convierten en los defensores de la gente vulnerable frente a sus agresores. Así terminan arriesgando su vida.

Este débil reconocimiento se presta a actitudes injustas por parte de la sociedad, como sucedió en 2016 con el caso del sacerdote José Alfredo López Guillén,  cura de Puruándiro, Michoacán, quien primero fue considerado desaparecido y al día siguiente empezó a circular un video que de inmediato lo mostró como pederasta, saliendo de un hotel con un menor, hasta que la madre del adolescente exhibido dio a conocer que se trataba de su hijo, quien era acompañado por su propio padre. Pocos días después apareció muerto el cura y se diagnosticó que fue asesinado el 19 de septiembre, antes de la grabación del video.

Esta confusión se debió a que se acreditó como verdadero algo que ni siquiera se investigó, pues la imagen del video no corresponde a la foto del sacerdote, que las autoridades y la prensa tenían en su poder o debían conseguir. Para las autoridades era más fácil desviar el enojo de los feligreses si se desacreditaba la honorabilidad de la víctima. De este modo bajaría la presión social y mediática.

Así fue que la sociedad, sin verificar la veracidad de la información que circulaba en redes sociales, consideró que debía ser verdad. No se le dio el beneficio de la presunción de inocencia, pues de ser así, no hubiese sido exhibido ni por los medios de comunicación, ni por la ciudadanía en las redes sociales.

Los sacerdotes, además de su labor pastoral para difundir la doctrina católica, por su involucramiento con su comunidad terminan realizando labor social, principalmente a favor de los más desprotegidos, por lo cual debiesen ser reconocidos.

Con la misma entereza que el gremio periodístico reclama seguridad para sus miembros, es la sociedad la que debiese abogar para que los sacerdotes tengan protección en las zonas peligrosas de nuestro país.

¿Usted cómo lo ve?

Ricardo Homs
Twitter @homsricardo