Ciudad de México.— El Pleno del Senado aprobó un dictamen que plantea suprimir el requisito de legalización consular o apostilla de documentos para acreditar la nacionalidad e identidad de mexicanos nacidos en el extranjero o de migrantes en retorno, con el fin de garantizar su derecho a la nacionalidad.

Con las reformas a los artículos 314 y 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuando se trate de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requerirá de la legalización consular o de la apostilla.

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Para ello, se precisa que bastará con presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos, para acreditar su identidad y su nacionalidad mexicana, con el fin de obtener el registro de su nacimiento ante los Registros Civiles del país.

El dictamen, enviado al Ejecutivo Federal, busca facilitar el reconocimiento de la nacionalidad cuando el padre, madre o ambos hayan sido deportados del país en el que se emitió el certificado de nacimiento de sus hijos, o bien que voluntariamente hayan retornado, y que enfrentan una serie de dificultades y obstáculos en la tramitación y costos que conlleva la legalización o apostilla.

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Ciudad de México.— La senadora Adriana Guadalupe Jurado Valadez consideró necesario fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, otorgar mayor presupuesto y contar con personal capacitado con perspectiva de derechos humanos, pues todos los días se registran siete asesinatos y desaparecen 20 menores en México.

En el conversatorio “Sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, avances y desafíos para garantizar su pleno desarrollo”, la senadora del PAN dijo que se debe hablar de los temas que afectan a la niñez, ya que al no conversar sobre estos asuntos jamás cambiará la realidad en el país.

Agregó que todos los partidos políticos e instituciones tienen una gran deuda con todos los niños, sobre todo con los que viven en situación de calle, que están en prisión o que son violentados en sus familias, porque el “Estado mexicano no ha sido capaz de diseñar políticas públicas para acompañar a las familias en lugar de criminalizarlas”.

Mientras, el senador del PAN, Juan Francisco Larios Esparza, dijo que se tienen que buscar herramientas que garanticen los derechos y la protección de los pequeños.

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“A nosotros, como legisladores, nos toca utilizar las herramientas que la sociedad civil desarrolla para poderles dar forma; hay muchos avances en la materia, sin embargo, también hay pendientes, por lo que hay que comprometer a la siguiente Legislatura a que institucionalicen todos estos programas, en beneficio de los menores”.

Por su parte, Sara Oviedo, experta internacional en niñez y adolescencia, consideró que el reto principal es fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque da resultados y los más pequeños requieren de la protección del Estado.

Agregó que, si los infantes no tienen las mejores condiciones, los estados no pueden crecer y desarrollarse, por ello es necesario que los niños tengan un desarrollo integral, pues en la niñez se crean las bases de lo que será el ser humano durante toda su vida.

“Los países que han logrado priorizar el desarrollo integral del niño, realmente pueden soñar con un futuro, pero los que no hemos logrado hacer eso, estamos condenados a seguir viviendo lo que estamos pasando”, expresó.

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Ciudad de México.— La diputada federal Sayonara Vargas Rodríguez presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, que tiene por objetivo duplicar las penas para los agentes del Ministerio Público que entorpezcan las investigaciones delitos para favorecer a los funcionarios públicos designados de cometer de índole sexual.

La legisladora priista expuso que este proyecto de ley pretende que esta conducta no solo sea castigada, sino también vista como aborrecible, por ello, subrayó, el aumento a la sanción que se propone busca enviar un mensaje certero, claro y justo.

Precisó que dichas penas marcadas actualmente en el Código Penal son: prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además de la destitución e inhabilitación de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

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Indicó que partiendo de lo anterior, la modificación al artículo 325 establece que estas penas se duplicarán para los agentes del Ministerio Público que entorpezcan las investigaciones para favorecer a funcionarios públicos designados de cometer delitos de índole sexual.

La legisladora sostuvo que las agresiones sexuales en México son alarmantes por la frecuencia con la que los culpables evaden la justicia. Precisó que según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, sólo el 10 por ciento de los delitos denunciados culminan en una sentencia condenatoria, lo que evidencia la crisis de impunidad en el país.

Puntualizó que además la violencia contra las mujeres registra cifras alarmantes, tan solo a enero de 2024, se han contabilizado 279 homicidios dolosos, mientras que se han reportado 2 mil 313 presuntas víctimas de delitos de violación. Agregó a esta realidad se suma que 400 mujeres han sido identificadas como presuntas víctimas de extorsión, de otra manera de intimidarlas.

Por esta razón, Vargas Rodríguez aseveró este cambio legislativo es esencial no solo para castigar a los culpables, sino también para restaurar la confianza en las instituciones judiciales. Advirtió no enfrentar consecuencias legales severas, abre a estos funcionarios la puerta para seguir en sus cargos con gran poder e influencia, y lo más grave, apuntó, pueden reincidir en su comportamiento delictivo.

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Ciudad de México.— El fin de semana usuarios de redes sociales publicaron fotografías con playeras estampadas con una imagen similar a la ‘santa muerte’ y la frase “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”.

Durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener opinión sobre el controvertido diseño, sin embargo, apeló al derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos.

En ese sentido, López Obrador destacó que el asunto resalta la libertad en general, con énfasis en la libertad religiosa.

“No tengo opinión, soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos, tienen derecho a hacer. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad incluso religiosa, que habla de la muerte, pero es la ‘santa muerte’. No nos metamos en eso, ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México y se llama libertad religiosa y tiene que ver con la libertad en general”.

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El presidente enfatizó la importancia del respeto hacia las diversas creencias religiosas y la no creencia, subrayando los principios del estado laico y la necesidad de convivir en armonía en una sociedad diversa.

Además, señaló que, en el contexto de la temporada electoral, es común que cualquier tema se convierta en objeto de debate y polémica.

“En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe y también somos libres para no tener religión y debemos ser respetuosos de creyentes y no creyentes y eso es el estado laico y libertad religiosa”, puntualizó el mandatario.

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