Ciudad de México.— Esta semana las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el proyecto de decreto para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

En ese sentido, la activista Alejandra Yánez Rubio señaló la importancia de esta discusión, resaltando la necesidad de abordar de manera efectiva el tema de las “terapias de conversión”.

A través de redes sociales, Yánez Rubio dio a conocer que logró establecer contacto con el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a quien proporcionó información detallada respaldada por sólidos argumentos, con el apoyo del director de ConParticipación, Marcial Padilla.

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Coincidentemente, tras recibir y analizar la información, el senador de Morena representante del estado de Chihuahua, Espino de la Peña, adelantó que presentará una reserva en el Pleno para modificar la redacción en la tipificación del delito, argumentando que esta presentaba ambigüedades que podrían llevar a una aplicación injusta de la ley.

“Creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal”, acotó.

A su vez, el también senador de Morena, Reyes Flores Hurtado, de Coahuila, expresó su preocupación por la ambigüedad extrema en la redacción del tipo penal propuesto, advirtiendo sobre posibles implicaciones para la patria potestad de los padres de familia.

Sin embargo, la activista, señaló que las senadoras morenistas Patricia Mercado, Citlalli Hernández y Olga Sánchez Cordero, promotoras de la iniciativa, rechazaron cualquier intento de modificación, proponiendo que la iniciativa se aprobara sin cambios.

En comisiones, la iniciativa de reforma recibió el respaldo de 13 senadores, mientras que 9 de ellos apoyaron la reserva propuesta por el senador Espino. Esto implica que tanto la propuesta original como la reserva serán sometidas a votación en el pleno del Senado.

La activista Alejandra Yánez denunció que la senadora Patricia Mercado amenazó con hacer todo lo necesario para evitar que la reserva fuera votada en pleno, lo que refleja la determinación del grupo promotor de la iniciativa en su afán por mantener la propuesta original.

INICIATIVA

La propuesta establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, indica que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, puntualiza el documento.

Cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

Además, bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere, establece el proyecto de decreto.

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Ciudad de México.— El senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández organizó un ritual en una de las terrazas de la sede de Senado de la República como ofrenda por el “Día de la Tierra”.

En la ceremonia fue sacrificada una gallina; pese a ser advertido que en el reciento legislativo no se pueden realizar ritos que impliquen maltrato a animales, que incluso es un delito, el senador Gómez Hernández respondió que asumía toda la responsabilidad.

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SENADO SE DESLINDA

Ante ello, la Presidencia del Senado de la República se deslindó de los hechos ocurridos en los que se realizó el sacrificio de un ave en el edificio sede.

“Estos hechos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad individual del senador Adolfo Gómez Hernández, quien justificó la acción bajo el amparo de usos y costumbres de un grupo o comunidad indígena de la que manifestó su autoadscripción”, se explicó en un comunicado.

En ese sentido, la presidencia de la Mesa Directiva aclaró que que previamente se le comunicó al senador la negativa expresa de autorizar el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio, conforme a los protocolos de seguridad y protección civil vigentes.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, adelantó que tomarán las medidas disciplinarias pertinentes con el senador morenista Gómez Hernández.

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Ciudad de México.— El Pleno del Senado aprobó un dictamen para modificar la Ley General de Salud, a fin de que las autoridades sanitarias establezcan acciones de difusión, educación y promoción de la donación de leche materna y de los servicios de los Bancos de leche materna entre la población.

La presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez dijo que la lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los niños, ya que contiene anticuerpos que protegen de muchas enfermedades a la infancia.

Por el PAN, la senadora Adriana Guadalupe Jurado Valadez dijo que la lactancia materna es la estrategia más efectiva para prevenir la mortalidad infantil, mejorar la salud en el corto y largo plazo de la población.

Agregó que la práctica de la lactancia materna también se relaciona con ahorros económicos para la familia, ya que evita el gasto en fórmulas, biberones, consultas médicas y medicamentos, pero, desafortunadamente, en México únicamente 3 de cada 10 niños son amamantados, lo que significa que el 70 por ciento no tiene acceso a este derecho.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Rafael Espino de la Peña, explicó que este proyecto propone que las autoridades sanitarias establezcan acciones de difusión, educación y promoción para la donación de la leche materna.

Dijo que esto es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de los recién nacidos, dado que la leche materna es considerada un alimento de vital importancia, que proporciona nutrientes necesarios para un óptimo crecimiento y desarrollo, porque contiene anticuerpos que los ayudan a protegerlos contra infecciones.

Informó que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Perinatología encontró que la leche materna donada puede reducir significativamente la incidencia de infecciones en recién nacidos prematuros, así como mejorar su desarrollo cognitivo y neurosensorial a largo plazo.

De igual forma, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para declarar la primera semana de agosto de cada año como la “Semana Nacional de Lactancia Materna”, con el fin de fomentar la lactancia materna en México y ayudar a que todas las mujeres del país cuenten con la información necesaria y el apoyo del sistema de atención de salud.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, dijo que el objetivo es que esta práctica biológica sea promovida entre las madres, a fin de que no se deje de alimentar del seno materno a sus niñas y niños.

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Ciudad de México.— El Pleno del Senado aprobó un dictamen que plantea suprimir el requisito de legalización consular o apostilla de documentos para acreditar la nacionalidad e identidad de mexicanos nacidos en el extranjero o de migrantes en retorno, con el fin de garantizar su derecho a la nacionalidad.

Con las reformas a los artículos 314 y 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuando se trate de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requerirá de la legalización consular o de la apostilla.

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Para ello, se precisa que bastará con presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos, para acreditar su identidad y su nacionalidad mexicana, con el fin de obtener el registro de su nacimiento ante los Registros Civiles del país.

El dictamen, enviado al Ejecutivo Federal, busca facilitar el reconocimiento de la nacionalidad cuando el padre, madre o ambos hayan sido deportados del país en el que se emitió el certificado de nacimiento de sus hijos, o bien que voluntariamente hayan retornado, y que enfrentan una serie de dificultades y obstáculos en la tramitación y costos que conlleva la legalización o apostilla.

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