Ciudad de México.— La Cámara de Senadores aprobó, en lo general, el proyecto por el que se reforma la Ley de Amparo, para que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales.

En el dictamen avalado, se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.

También se subraya en el documento que el Juicio de Amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.

Y que esta figura tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares señalados en la Ley.

El proyecto acota que no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro.

La propuesta fue avalada con 69 votos a favor, 42 votos en contra y cero abstenciones en lo general.

Adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar la facultad del órgano jurisdiccional de amparo, en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social.

En el dictamen, también se menciona que no existe una justificación en la norma constitucional para que la suspensión, sea provisional o definitiva, deba tener efectos generales.

En ese sentido, se argumenta que estas suspensiones sólo deben abarcar en sus efectos a la parte quejosa, a partir de la cual se hace la valoración y no así a favor de toda la colectividad, pues, en una sociedad con intereses tan diversos, sería complicado asumir que efectivamente una determinación atiende al interés general.

De conformidad con lo dispuesto en el texto constitucional, se agrega, una sentencia que estudia y analiza la constitucionalidad de la Ley o acto impugnado no puede concederse con efectos generales, menos lo podría hacer una suspensión, ya que se entendería que se estaría prejuzgando el fondo del asunto, lo cual atenta contra la naturaleza del juicio de amparo.

“Por tanto, la modulación para el otorgamiento de la suspensión, provisional o definitiva, no puede estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional, cuando en todo acto de autoridad, debe privar el principio de seguridad y certeza jurídica”, subraya el texto.

COMPROMISO

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, afirmó que la aprobación de este producto legislativo refrenda el compromiso de que las leyes reglamentarias estén acorde con la Constitución; “no estamos afectando derechos, ni haciendo una regresión en las garantías”, sostuvo.

DICTADURA DE LA TOGA

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila aseveró que esta reforma busca evitar “el abuso de la dictadura de la toga”, que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos; “los límites que ahora estamos estableciendo en la Ley de Amparo son, precisamente, para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces”, asentó.

ABUSO

El senador del PAN Julen Rementería del Puerto argumentó que la aprobación de esta reforma es “un abuso”, ya que elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir el amparo de la justicia federal, respecto a cualquier acción de la autoridad que los afecte.

QUITA DERECHOS

La senadora de Acción Nacional Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, , denunció que, con esta reforma, Morena busca eliminar el derecho de los ciudadanos a protegerse ante las decisiones de las autoridades; “dejen de quitarle derechos a los mexicanos y permítanles a los ciudadanos de México que puedan defenderse de las autoridades”, demandó.

DESPROTECCIÓN

La senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez dijo que es necesario buscar alternativas que fortalezcan la justicia, porque esta reforma sólo demuestra que los proyectos gubernamentales se encuentran por encima de los derechos humanos, ya que “deja desprotegidos a aquellos más vulnerables, que no pueden defenderse adecuadamente en un juicio de amparo”.

NO DAR MAS PODER

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que con esta reforma se le da cierto margen de discrecionalidad al Ejecutivo, por encima de la protección de los derechos individuales o de los que pueden tener un carácter colectivo. “El amparo está pensado para empoderar a las personas, no para darle más poder al poder”, subrayó.

REGRESIÓN AUTORITARIA

Por el PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria advirtió que esta reforma es “la cereza en el pastel de la regresión autoritaria”, ya que el amparo es una institución para tutelar derechos, por lo que reducir sus efectos es un acto regresivo que limita las garantías; “lo que debe saber la gente es que este es el intento de Plan C por la puerta de atrás”, acotó.

Ciudad de México.— Senadores del Partido Acción Nacional presentarán ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, por las acusaciones de construir una red de extorsión e intimidación contra jueces y magistrados para beneficiar a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa, encabezada por la senadora Kenia López Rabadán, los panistas sostuvieron que Arturo Zaldívar antepuso los intereses del Presidente a los del pueblo de México en busca de impunidad.

“La investigación que está realizando el Consejo de la Judicatura Federal en su contra se debe a una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados”, indicó López Rabadán.

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Acompañada por las senadoras Josefina Vázquez Mota, Alejandra Reynoso Sánchez, Adriana Jurado Valadez, Mayuli Latifa Martínez Simón, Estrella Rojas Loreto y Gina Andrea Cruz Blackledge, así como por el senador Juan Francisco Larios Esparza, López Rabadán afirmó que esta red de extorsión y de intimidación buscaba beneficiar al gobierno de López Obrador.

“El mismo Presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Zaldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables. ‘Él ayudaba’, dijo. Y todos sabemos que, a confesión de parte, relevo de prueba”, subrayó.

El exministro, indicó, renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para “irse de matraquero de la señora Sheinbaum” y abandonó su responsabilidad como juzgador en busca de impunidad.

La legisladora federal explicó que Zaldívar dejó su cargo en noviembre pasado y, de acuerdo con el artículo 114 constitucional, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo.

“Hoy queda claro: o estás de lado de la corrupción, del exministro brabucón, de la ‘corcholata’ que miente y del gobierno que quiere destruir al Poder Judicial. O estás de lado de la justicia, del bien para los mexicanos, de la ministra presidenta valiente y de la candidata de la verdad”, remató.

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Ciudad de México.— En votación económica, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de sus órganos de gobierno para devolver a la Comisión de Seguridad Social el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Al reanudar la sesión decretada en receso, la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, expresó que de conformidad con el acuerdo alcanzado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y para dar certeza jurídica, se ha tomado la decisión de devolver el dictamen a la Comisión de Seguridad Social.

Lo anterior, dijo, a efecto de que sea analizado y posteriormente remitido a la brevedad a este Pleno de la Cámara de Diputados.

DECRETA MESA DIRECTIVA RECESO

Previamente, la diputada presidenta, Marcela Guerra Castillo, decretó un receso de la sesión semipresencial de este miércoles.

Esta Presidencia, dijo, atiende la solicitud vertida por los diferentes grupos parlamentarios, en cuanto a la necesidad de hacer un análisis sobre el dictamen para dar claridad y certeza al mismo.

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En la sesión, diputados y diputadas del PAN y PRD pidieron investigar si el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria fue modificado respecto a lo aprobado por la Comisión de Seguridad Social.

La diputada Marcela Guerra dijo que la Mesa Directiva recibió de la Comisión el dictamen que está publicado en la Gaceta; “sin embargo, bajo su petición y para clarificar, vamos a hacer las gestiones necesarias para hacer el comparativo y llegar a la conclusión necesaria”.

Agregó que “vamos a hacer lo conducente para clarificar en este Pleno y dilucidar cualquier duda que tengan las diputadas y los diputados para dar certeza de lo que hacemos, bajo la solicitud del diputado Elías Lixa y con las consideraciones de la diputada Ivonne Cisneros”.

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) pidió declarar un receso para acordar el procedimiento entre los coordinadores de cada grupo parlamentario. La solicitud fue secundada por diputadas y diputados del PAN, PVEM y PRD.

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Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Rocío Esmeralda Reza Gallegos propuso modificar el artículo 1° de la Constitución Política para señalar que el Estado reconocerá y protegerá el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Desde tribuna, Reza Gallegos, hizo una enérgica defensa del derecho a la vida en México al recordar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vida es fundamental e inherente a todo individuo, sin excepción.

En este contexto, propuso una iniciativa para modificar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de consagrar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Las autoridades, explicó, en el ámbito de sus atribuciones implementarán las acciones y políticas públicas correspondientes para la protección de ese derecho.

En ese sentido, la legisladora panista propuso añadir: “El Estado reconocerá y protegerá el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, implementarán las acciones y políticas públicas correspondientes para la protección de ese derecho”.

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Por ello, debe consolidarse una política pública integral para el acompañamiento de todas la mujeres que así lo requieran de parte del Estado con programas enfocados al cuidado, atención de todas las etapas del estado físico, emocional, garantizando el bienestar de ambos: madre e hijo.

Además, indicó que es decisión de la madre, por los motivos que fueren, recurrir al proceso legal de la adopción que lo haga con todas las garantías correspondientes o bien el apoyo subsidiario del gobierno para incorporarse a un sistema de cuidados integral.

Reza Gallegos subrayó que es momento de dejar la polarización que tanto ha afectado al país, y de esta forma se marcaría un precedente para impulsar una agenda de reconciliación nacional, dando un paso a lo más valioso que poseemos que es la vida.

“El derecho a la vida define quienes somos como sociedad y como valoramos a la humanidad. En Acción Nacional decimos sí a la vida, sí al derecho a la vida de los no nacidos, sí al sistema de cuidados integrales”, finalizó.

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