Existe una relación entre esas zonas y la vulnerabilidad climática; se trata de 480 municipios altamente vulnerables y 880 moderadamente vulnerables, una parte de su población se vería en la necesidad de trasladarse en los próximos 20 o 30 años, estimó.

En este contexto, destacó la ausencia de la figura del migrante ambiental en el orbe, así como mecanismos para su protección, pese a que desde hace tiempo se prevé que el cambio climático llevará al desplazamiento de poblaciones en el orbe.

“No existen mecanismos para reconocer -en términos jurídicos y de política pública, asignando presupuestos reales- que la migración es una forma de adaptación del cambio climático”, destacó la experta en migraciones durante la charla “Cambio climático y migración obligada”, en el marco del Seminario Permanente de Bioética.

Recordó que expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) alertaron que si para el 2030 la temperatura sube más de 2 gados y se mantiene el ritmo actual de contaminación de las aguas, se esperan problemas como la degradación de la tierra, extinción de especies, alza en la temperatura, dificultad de acceso al agua, elevación del nivel del mar y clima extremo (olas de calor).

En 2018, continuó, el Banco Mundial publicó un reporte donde estima que en 2050 se podría registrar hasta 143 millones de personas desplazadas por efectos climáticos en el planeta; en el caso de México la cifra podría ascender a 3.1 millones de personas.

Actualmente, reflexionó la investigadora, existe confusión al revisar las migraciones, pues en la política se suele pensar solo en dos motivos para el desplazamiento: violencia y búsqueda de mejores opciones laborales; sin embargo, también lo hacen porque sus tierras no producen o perdieron sus bienes por huracanes intensos o desastres naturales.

La también coordinadora del Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM puso como ejemplo de estos problemas lo sucedido a finales de 2020 cuando se registraron los huracanes Eta e Iota, en Centroamérica; tres semanas después se llevó a cabo una nueva caravana de migrantes.

La experta en Estudios Humanísticos señaló que en el marco del Derecho Internacional no existe la figura del refugiado ambiental, en tanto que los mecanismos de protección que existen en México no son específicos.

“Si a eso le sumamos que las dos grandes convenciones en las cuales se basa el Derecho Internacional para otorgar protección al migrante son la Convención de Ginebra de 1951 y la Convención de Cartagena de 1984 y no consideran el tema ambiental, hoy en día los migrantes ambientales no pueden recibir o no existen mecanismos para apropiadamente generar entornos de protección internacional”, señaló.

Fernández de la Reguera consideró que parte de las razones por las cuales la figura del refugiado ambiental y la migración no se ha integrado es porque la política prioriza su detención, criminalización y deportación.

Hasta 2016 se reconoció la vinculación entre las cuestiones ambientales y la migración, a partir del marco de adaptación de Cancún, donde se integra el tema de desplazamiento a causa del cambio climático, explicó durante la reunión organizada por el Programa Universitario de Investigación en Salud.

Reconoció que en el caso de nuestro país existe un programa que prioriza a mujeres en poblaciones indígenas, quienes salieron de manera forzada por diferentes causas, entre ellas el tema climático.

“El gran reto que tiene México es que no hay mecanismos realmente para garantizar soluciones duraderas, solo hay soluciones parciales para el reasentamiento. Es un tema complejo para ir entendiendo y darle seguimiento a un fenómeno que, por un lado está a nivel interno del país, y por otro el fenómeno internacional de las migraciones climáticas”, comentó.

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emc