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Sin recursos para legalizar aborto en Quintana Roo: médicos

Tenemos carencia de personal y con eso tendríamos que ocupar todo los recursos y el personal para personas que no están enfermas.

Freya Mendoza

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Quintana Roo.- Representantes de la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Quintana Roo expusieron en el 4to foro sobre los derechos sexuales y reproductivos en el parlamento de ese estado. 

El presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, José Antonio Danel Beltrán, criticó que en la iniciativa de la Diputada Ana Ellamin Pamplona se solicite atender en un máximo de 5 días a la mujer que decida practicarse un aborto. Cuando todos saben que en el sistema de salud pública, pueden demorar hasta 2 semanas las citas, explicó Danel Beltrán.

Proponen modificaciones de ley para atender a personas que no tienen una enfermedad. 

Por otro lado aclaró que en Quintana Roo como en el resto del país, falta personal medico, especialistas, faltan camas, medicamentos, etc. 

Presidente del Colegio Médico de Quintana Roo.

De igual manera rechazó que la propuesta del Diputado Guillen, solicité la obligatoriedad de atender los casos de Interrupción Legal del Embarazo y que se no podrá esperar la denuncia de las pacientes ante el Ministerio Público, como actualmente dice la ley. 

Comentó que la iniciativa en el Congreso expone que en caso de ser menor de 12 años se deberá presentar con su tutor, pero deja en un abismo a las jóvenes entre 13 y 17 años. No hay claridad en la propuesta. 

Tenemos carencia de personal y con esto tenemos que ocupar todo los recursos y el personal para la ILE, cuando no es una enfermedad y no pone en riesgo la vida de la paciente. 

Por otra parte, la directora de los servicios de salud de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Miriam Ortiz Henriquez, ofreció los datos de atención en abortos e Interrupciones Legales del Embarazo.

En 2019 se realizaron 1680 y 892 en 2020 abortos en los Hospitales de la Secretaría de Salud.

De este modo, comentó Ortiz que esos abortos se realizaron en el marco de la Nom 046, que establece atención en casos de violación o las demás condicionantes adscritos a esta Norma.



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Diego Santoy es condenado a 71 años de prisión, tras reiniciar juicio

Emanuel Mendoza Cancino

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Diego Santoy (Especial)
Diego Santoy (Especial)

Nuevo León.- El llamado “Asesino de Cumbres”, Diego Santoy Riveroll recibió 71 años de condena tras reiniciarse el juicio por el asesinato de los niños Peña Coss.

Hace 15 años este caso cimbró México cuando se supo que Diego asesinó a dos hermanitos de 7 y 3 años de edad de su entonces novio Erika Peña Coss.

Tras reabrirse el caso en 2020 para volver a juzgarse con el nuevo sistema penal acusatorio, este 2 de marzo se dictó sentencia definitiva por 71 años de cárcel.

Santoy de 36 años de edad fue hallado culpable del asesinato de los niños, de homicidio calificado en grado de tentativa contra Erika Peña, robo calificado por llevarse el auto de ella y privación ilegal de la libertad y secuestro contra la empleada doméstica Catalina Bautista.

La sentencia consiste en 71 años, siete meses y 27 días de prisión y se le fijó un monto para reparación de daños a los involucrados, que asciende a 337 mil 760 pesos.

Debe reparar el daño de la siguiente forma 217 mil 139 pesos por asesinar a los menores Erick Azur y María Fernanda Ishtar Peña Coss y León.

También se le dictó pagar 23 mil 400 para Teresa Guadalupe Coss y León Navarro, la mamá de los niños; 10 mil 400 pesos a Erika Peña Coss; así como también 23 mil 400 pesos a Catalina Bautista

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Solicitud de desafuero con especulaciones: Cabeza de Vaca

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Solicitud de desafuero con especulaciones: Cabeza de Vaca

Tamaulipas.— La noche del lunes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, sobre la solicitud de declaración de procedencia.

A través de un carta, Cabeza de Vaca descartó que la investigación sea por huachicoleo o narcotráfico, como se ha especulado.

Detalló que las acusaciones en su contra se deben a la operación financiera relacionada con la compra-venta de un departamento; “a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento”.

El mandatario explicó que la imputación de lavado de dinero proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero; mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia.

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Cabeza de Vaca aseguró que esa propiedad había sido previamente reportada tanto en sus declaraciones patrimoniales, como en las de su esposa, a finales de 2019.

Por ello, acusó que en la solicitud presentada por el Ministerio Público existen suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias; “que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración en la Cámara de Diputados”.

Mencionó que la solicitud de desafuero no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relaciona o proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos.

Aseguró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con contrabando de combustible, narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar; como se había especulado.

Cabeza de Vaca externó su disposición a comparecer y aclarar las sospechas en su contra, pero dijo que este derecho se le ha negado.

“Reitero mi disposición a aclarar las sospechas que se han sembrado en mi contra, con propósitos políticos y electorales”, puntualizó.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR, a finales de 2019 se depositaron a una cuenta de Cabeza de Vaca 42 millones de pesos; y luego se dispersaron a cuentas de familiares.

ebv

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