España.- La historia de Susana Domínguez, de 24 años, ha llegado a todos los recovecos de la sociedad y ha expuesto el riesgo de las políticas que facilitan los cambios de sexo.

En una entrevista a El Mundo, la joven denuncia que la sanidad pública erró en su diagnóstico de disforia de género (sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer) y ahora, nueve años después, sufre sus consecuencias.

En 2020, Susana Domínguez, de entonces 21 años, volvió a ver al psicólogo que seis años antes había dado luz verde a su tratamiento de cambio de sexo, y había permitido que más tarde la sanidad pública le extirpara el útero. Ella no era un chico en cuerpo de chica, como le habían dicho cuando sólo tenía 15 años.

Las hormonas y las operaciones habían sido una tremenda equivocación.

Susana había tardado seis años en darse cuenta de que quizás sus problemas mentales, que incluían depresión y trastorno esquizoide, la habían incapacitado para tomar la decisión correcta.

Ahora, la joven denuncia que ninguno de los profesionales tuvo en cuenta los antecedentes en su familia de problemas mentales y otros tipos de problemas. Cree, de hecho, que todo lo ocurrido fueron consecuencia de un trastorno del espectro autista (TEA) y otras afecciones, como la depresión y el trastorno esquizoide que sufría y que no fueron diagnosticados en aquel momento.

Sin pechos, útero ni ovarios.

Lo peor del caso es que se le realizaron operaciones que ahora ya son irreversibles. A los 18 años le practicaron una mastectomía (extirpación de los pechos) y a los 19 una histerectomía (extracción del útero y los ovarios).

A partir de esta última intervención, la joven entró en una depresión que, más tarde, entendió que se correspondía con un arrepentimiento de lo que había ocurrido.

Fue al leer testimonios de otros trans arrepentidos cuando se sintió identificada y se volvió a reconocer como una chica, dejando atrás su definición como varón. Sin embargo, ya era demasiado tarde.

Ahora, Susana se identifica como mujer, tendrá que tomar hormonas femeninas durante el resto de su vida, ya que su cuerpo ya no puede producirlas por su cuenta.

Con el arrepentimiento su madre trata de ayudarla ¿Qué hacemos?

Su hija ya no tiene aparato reproductor, ni femenino ni masculino. Lleva años tomando hormonas masculinas, y ahora deberá tomarlas femeninas para regresar, en la medida de lo posible, a su ser original.

Cuando Susana se arrepintió, la doctora llegó a decirme que la convenciera para que siguiera adelante. Imagino que no querían reconocer que se habían equivocado

Los daños son irreversibles.

Reuniendo todas las fuerzas de que son capaces, después de tres años abrumadas por el error cometido y sin una perspectiva científica de solución, Susana Domínguez y su familia han interpuesto ahora una reclamación contra el Servicio Gallego de Salud. En concreto, denuncian un diagnóstico incorrecto de disforia de género.

Es la primera de este tipo que se presenta en España, es el paso previo a una potencial demanda en los tribunales y se funda en la obligación del Estado, y de sus médicos y facultativos, de proteger la salud de los ciudadanos y no causarles daños innecesarios.

La ley trans gallega.

En Galicia, la ley de no discriminación por sexo no precisa de acompañamiento psicológico durante el proceso de transición, puesto que las personas tienen «plena potestad» para cambiar de sexo. Esto se asemeja a lo que plantea la nueva ley trans a nivel estatal, aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados, en la que no se permite a un profesional de salud mental que trate a una persona que tiene intención de cambiar de sexo.

Ahora, la ley de Irene Montero le facilitará el trámite para volver a su nombre original, ya que en su identificación aún figura como Sebastián. A pesar de querer modificarlo, actualmente le requieren una justificación médica para realizar ese cambio.

Susana se ha convertido ahora en la primera persona en España en denunciar a la sanidad pública, en este caso al Servicio Gallego de Salud, por haber recibido un diagnóstico equivocado de disforia de género y no haber sido acompañada por un psicólogo durante el proceso.

La joven reclama 300.000 euros al sistema público por esta presunta negligencia médica.

ARH